El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido este jueves un dictamen (no una sentencia) en el que considera que la doctrina que tiene el Tribunal Supremo español sobre los desahucios no garantiza la suficiente protección a los usuarios.

Ocupación de una oficina bancaria por parte de activistas antidesahucios

El dictamen va en la misma línea que se viene pronunciando esta instancia judicial que ve incompatibilidades entre la la legislación hipotecaria española y las normas europeas de protección al consumidor (el comprador de una vivienda no deja de ser el consumidor de un bien en situación de desventaja respecto al banco).

En concreto, el dictamen se centra en las cláusulas de vencimiento anticipado, las que establecen que en caso del impago de una cuota hay que devolver el total de la deuda pendiente. Y considera que estas cláusulas deben anularse por completo, lo que implica suspender el desahucio, que viene paralelo al impago de la deuda que se les reclama de golpe en cuanto tienen un impago.

Lo que estaba haciendo el Tribunal Supremo era modificar el contenido de las cláusulas, para subsanarlo en ese punto, de forma que en lugar de una cuota eran tres (en base a la Ley de Enjuiciamiento Civil) y poder seguir adelante con el desahucio. En la práctica, se daba margen a la víctima de desahucio, que se enfrentaba a ello con el impago de tres cuotas, pero se les seguía reclamando una cantidad de la que carecían, mayor a la de las cuotas dejadas de pagar.

EL SUPREMO DEFIENDE A LA BANCA

Activistas antidesahucios en un desahucio en Santander (noviembre 2015)

La justicia europea ya ha puesto sobre el foco en varias ocasiones la legislación hipotecaria y financiera española, obligando a cambios en la ley que han sido igualmente anulados, y considerando abusivas numerosas cláusulas bancarias, como es el caso de la cláusula suelo.

En este caso, para el abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), esta práctica del Supremo supone una modificación de una cláusula bancaria, y además no contribuye a disuadir a los bancos de imponer cláusulas abusivas en las hipotecas, que no pueden aplicarse contra los consumidores según el criterio del TJUE.

El Supremo español consideraba que un desahucio era mejor para los intereses de los usuarios que resolver la hipoteca por no poder cumplir con los pagos.

La sentencia final sobre este procedimiento se dictara en los próximos meses, y el Tribunal Supremo ya ha advertido de las “perturbaciones” que podría sufrir el sistema financiero español si no puede ordenar desahucios.

Miles de desahucios en toda España estaban en suspenso pendientes de este fallo, que podrían quedar ahora totalmente anulados.

OLEADA DE DESAHUCIOS EN SEPTIEMBRE

Acción antidesahucios

Los colectivos que luchan contra los desahucios, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Santander, advertían recientemente de que en otoño habrá una oleada de desahucios que ligan a la finalización de los alquileres sociales por parte de entidades financieras. Ya en la recta final del curso se produjeron varios casos de desahucios.

En el plano legislativo, el Congreso de los Diputados iniciará la tramitación de una ley de vivienda presentada por la PAH, mientras en Cantabria se recogen firmas para una iniciativa legislativa popular que recoja situaciones como los desahucios o la pobreza energética.

Mientras, el Gobierno de Cantabria, que cuenta con una Oficina de Emergencia Habitacional dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para funciones de asesoría e intermediación ante problemas con las hipotecas, está realizando una ronda de contactos con colectivos o entidades que puedan paliar el problema, desde el Colegio de Abogados hasta los propios bancos, con los que se está reuniendo con el fin de intentar aumentar el parque de viviendas para situaciones de emergencia.