Los colectivos le toman la delantera a las instituciones en las políticas sociales

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La Ley de la PAH (la Plataforma de Afectados por la Hipoteca) llega este martes al Congreso de los Diputados para comenzar el proceso que pueda desembocar en su aprobación, comenzando primero con el trámite de la toma en consideración.

El texto recoge medidas para paliar la emergencia habitacional a la que se enfrentan las víctimas de la crisis cuando tienen problemas con su vivienda, en propiedad o alquiler, en línea con el que se quiere llevar al Parlamento de Cantabria a través de una iniciativa legislativa popular mediante una recogida de firmas.

El de la PAH es tal vez el caso más relevante de un problema social abanderado por un colectivo que consigue llevarlo a las instituciones: a raíz de las sucesivas noticias sobre desahucios, se arbitraron medidas como, desde esta legislatura, una Oficina de Emergencia Habitacional dependiente del Gobierno de Cantabria para intermediar y asesorar en casos de desahucio.

Protesta por la gestión de los servicios sociales en Santander

En política social sucede similar: el Gobierno de Cantabria anunciaba este lunes que el Ejecutivo ya está tramitando el anteproyecto de ley de Medidas para la inclusión social y la cobertura de las necesidades sociales básicas, que incluye la regulación de prestaciones económicas como la Renta Social Básica, la Renta de Apoyo a la Emancipación y la Prestación de Emergencia Social.

La Renta Básica, sobre todo los problemas en su tramitación, era algo sobre lo que venía llamando la atención desde hace años Andarivel.

Esta nueva ley tiene con medidas en materia de pobreza infantil, trabajadores pobres o feminización de la pobreza, junto a la Renta Social Básica, esta ley regula la Prestación de Emergencia Social de carácter no periódico y una prestación económica específica para los jóvenes que han recibido protección del Sistema de Protección a la Infancia y la Adolescencia del Ejecutivo cántabro.

EL GOBIERNO EDITA UNA GUÍA…

Y depende de la consejería a cuyo frente está la vicepresidenta y exlíder socialista Eva Díaz Tezanos, departamento que este fin de semana anunciaba la elaboración de una guía con todos los servicios sociales que se prestan desde el Gobierno, a través del ICASS (el Instituto Cántabro de Servicios Sociales). Se repartirán 10.000 ejemplares en hospitales, centros de salud y servicios sociales.

Junto a la guía en formato papel, el ICASS pondrá el catálogo a disposición de usuarios y profesionales en su página web (www.serviciossocialescantabria.org) en formato PDF con el fin de unificar y mejorar la información que este soporte ofrecía hasta el momento.

…CUANDO ANDARIVEL REDACTÓ UNA HACE MESES

Paradójicamente, una guía similar ya fue elaborada el pasado mes de febrero precisamente por Andarivel, que decidió recopilar por sí misma el catálogo de ayudas ante la “mala información” que se encontraban ellos y los usuarios cuando acudían a la Administración a preguntar. La petición de que las ayudas dejaran de vincularse al paro para atender a las personas que están en situación de pobreza por tener empleos precarios y otras necesidades ya la habían realizado expertos en el ramo en el pasado.

SANTANDER AVANZA UN PLAN CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL…

Eso en Cantabria, el Ayuntamiento de Santander, por su parte, presentaban recientemente un estudio sobre la situación de exclusión social en la ciudad, que serviría de base a la redacción de un futuro plan de inclusión social que el equipo de Gobierno del PP espera tener listo en primavera.

De ese estudio sólo reseñaron públicamente datos como que en el año 2017, sus servicios sociales han atendido a cerca de 15.000 personas, con más de 30.000 intervenciones relacionadas. De ellas el 45´52% lo hicieron por encontrarse en situación de riesgo.

… SIN TENER DATOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD

No obstante, se admitía carecer de datos generales sobre la exclusión social en Santander, y se han extrapolado los de Cantabria. es decir, su radiografía de la exclusión en Santander se centra en las personas atendidas pero desconoce a cuántas personas debe dirigirse .

Y mientras en el plano político Izquierda Unida recordaba en nota de prensa como PP y el tránsfuga de Ciudadanos que les sostiene ha rechazado medidas que habían propuesto al respecto, el colectivo Manifestaos por los Servicios Sociales lamentaba la “falta de seriedad” en este tema, tras recordar que han pasado casi tres años desde que se creara la comisión para valorar la situación de la exclusión en la ciudad.

“Tras este período, la única acción ejecutada ha sido adjudicar a una empresa privada la redacción de un estudio previo por el que se han pagado 10.919 euros” en lugar de contar con los profesionales de las unidades de trabajo social –una de las condiciones del pliego era acabar el estudio lo antes posible–, lamentaban desde este colectivo formado por trabajadores públicos de servicios sociales en Cantabria.

Precisamente inciden en que el estudio concluye que “no es fácil hacer un perfil específico de la exclusión en la ciudad, y por tanto no lo hace”, y en que se hace “sin datos numéricos, demográficos ni espaciales”, además de no recoger descripción de perfiles vulnerables o áreas de la ciudad con especial riesgo, ni de ningún otro tipo factor como el ámbito social, familiar…., de modo que concluyen, viendo las fechas de las que habla el Ayuntamiento (primavera) que será una «legislatura perdida» para las políticas sociales en la capital.

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