Cantabria recibirá medio millón de euros por comprometerse a acoger 10 MENAs
El Gobierno de España oficializaba el viernes el reparto de fondos a las comunidades autónomas que acojan MENAs, es decir, menores extranjeros no acompañados, niños y adolescentes que han llegado a nuestro país sin familia o cuyas familias han fallecido en el viaje o estando aquí, y que se vienen acogiendo en casas o pisos.
Samuel no es su nombre real (era menor de edad). Su caso ha puesto en el debate la atención a los menores extranjeros no acompañados || Foto: Guillem Ruisánchez
En total, se destinaron a las comunidades 40 millones de euros por un total de 4.835 menores. La cifra más alta, 25,5 millones de euros, le ha correspondido a Andalucía.
En el caso de Cantabria, la comunidad autónoma recibirá 534.448 euros, en reconocimiento al incremento en 58 de los MENAs que tiene, y con el compromiso de acoger a 10.
Esa cifra de 85 ha estado en constante evolución en los últimos meses: después de que el Ejecutivo incluso asegurase que no tenía capacidad para detallar esos datos, pasó a ofrecer datos cambiantes, algunos en cuestión de semanas: 47 en julio, 72 en agosto, 85 hace semanas.
El contexto de esos nuevos datos, facilitados por el propio Gobierno en nota de prensa, era una nueva reunión entre Estado y autonomías, tras el cambio de Ejecutivo central propiciado por la moción de censura y el anuncio de planes para la protección de la infancia. En ella se hablaba abiertamente de esta cifra de reparto de dinero a cambio de la acogida en función del incremento que se detectara.
El Gobierno no sólo pasó de no dar los datos a ofrecer subidas frecuentes, también ha cambiado respecto a su criterio de intentar sacar a esos menores del sistema de acogida de Cantabria.
Es lo que sucedió con el caso Samuel, un joven camerunés al que el Ejecutivo (a través de los servicios sociales, adscritos a la consejería de la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos) estuvo a punto de abocar a la expulsión al cuestionar que realmente fuera menor de edad.
Esto fue así porque encargó una prueba de edad que las organizaciones sociales critican por su imprecisión y en una decisión que tomó pese a que el menor tenía un pasaporte de su país, documento que según normas y derecho nacional internacional prima sobre cualquier otro aspecto.
Finalmente, los tribunales dieron la razón a Samuel frente al Gobierno, cuya actitud forzó una revisión de los protocolos que se siguen en Cantabria.
La última memoria anual de la Fiscalía Superior de Cantabria exponía que la atención a los MENAs debe empezar a considerarse como un asunto estructural y no coyuntural para las comunidades autónomas.
EL CONSEJO DE MINISTROS
En concreto, el Consejo de Ministros, celebrado la semana pasada en Sevilla, ha aprobado un Real Decreto para financiar con 40 millones de euros a las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla por el incremento del número de menores extranjeros no acompañados acogidos en el año 2018.
Consejo de Ministros del pasado viernes, en Sevilla
Es la primera vez que el Ministerio con competencias sobre la infancia concede una subvención para la atención a los menores extranjeros no acompañados.
Esta ayuda se dirige a sufragar la atención y acogida de los menores, así como, en su caso, el traslado de menores en situación de desamparo entre Comunidades Autónomas.
De forma paralela, el Gobierno trabaja en distintas iniciativas con las CCAA, Fiscalía y ONG para mejorar el protocolo y el modelo de atención de los menores.
Por otro, aquellas Comunidades Autónomas que acojan a menores de otras autonomías, recibirán un incremento del 25% de la ayuda por cada uno de ellos, en reconocimiento a la solidaridad mostrada.
De esta forma, para ser beneficiarias de las ayudas, las CC AA deben haber reflejado un aumento de menores en el registro oficial del Ministerio del Interior en el período contemplado o haber acogido menores de otras autonomías.
Además, se reservan dos millones de euros para cubrir los gastos derivados de la atención a los menores en las Comunidades que puedan sufrir un incremento estacional a partir de septiembre.
Y se ha constituido un grupo de trabajo sobre menores migrantes en el que, además del Gobierno, Fiscalía y CC AA están presentes ONG, y que tiene por objeto el análisis y propuestas relacionadas con el modelo específico de atención a los menores extranjeros no acompañados, dado el distinto perfil de necesidades que presentan respecto al resto de menores que se encuentran en los centros de atención.