El PP y David González rechazan eximir del pago de la OLA a las empleadas de dependencia
El Partido Popular de Santander ha usado la mayoría que obtiene con el concejal tránsfuga de Ciudadanos, David González, para oponerse a la petición de las trabajadoras de la dependencia de ser eximidas del pago de la OLA en la ciudad.
Esta propuesta de las Delegadas Independientes del Comité de Empresa de la UTE SAD Cantabria ha sido presentada por la totalidad de la oposición del Ayuntamiento de Santander en el pleno de este jueves pero ha caído por 14 votos frente a 13.
Trabajadoras de la dependencia en el pleno de Santander junto a toda la oposición que ha apoyado su reclamación. FOTO: PSOE Santander.
Las trabajadoras reclamaban la importancia de esta excepcionalidad teniendo en cuenta el carácter esencial de su actividad, además de sus condiciones económicas.
En una entrevista en EL FARADIO DE LA MAÑANA (Arco FM – 103.2) Rosa María Martínez, presidenta del Comité de Empresa UTE SAD-Cantabria, ha recordado que se trata de un trabajo muy precario, mayoritariamente femenino, y que cuenta con sueldos de 400 y 500 euros la jornada parcial y 900 máximo la jornada completa.
“Trabajando de lunes a domingo se hace inviable hacer frente al coste de kilómetro, de multas, sanciones y el mantenimiento del coche. Solo nos abonan 0,19 céntimos el km entre servicios”, denuncia Martínez, que resalta que en el convenio no se abordan los gastos que genera el aparcar en el casco urbano.
“SOLO NOS ABONAN 0,19 CÉNTIMOS POR KM ENTRE SERVICIOS”
Sobre los diferentes problemas que afrontan con sus obligaciones, hay que recordar que el sector de la Ayuda a Domicilio representa a una de las más relevantes prestaciones del Sistema de Servicios Sociales, cuyo objetivo principal es prestar colaboración doméstica, social, psicológica y rehabilitadora en personas o familias que se hallan en situación de especial necesidad.
“De 08.00h. a 11.00h. de la mañana tenemos a grandes dependientes de los que van al centro de día”, cuenta Martínez sobre su día a día. Ellas se encargan de los aseos, acompañamientos, tareas domésticas e, incluso, de acompañamientos a los centros de día o, al menos, al transporte que los lleva allí. “Luego ya nos ocupamos de tareas domésticas o acompañamientos a médicos de los de grado 1 o 2 que aún tienen alguna independencia”.
Sin embargo, el hecho de que cada dos horas haya que renovar el pago y mover el coche de zona les dificulta mucho. “Si te toca en misma zona con dos servicios de una hora y cuarto cada uno, tienes que cambiar el aparcamiento y llegas tarde al servicio o te enfrentas a problemas de multas, sanciones, o nos retiran el coche el coche”.
Por ese motivo solicitaban esta exención que, en Santander, habría beneficiados a 90 trabajadoras.
“Si el convenio que se firmó en septiembre hubiera incluido una mejora de los desplazamientos quizá tendríamos la posibilidad afrontar el gasto de los aparcamientos en el casco urbano”, considera la presidenta del Comité de Empresa de un oficio cuyo sueldo en los últimos dos años apenas han incrementado un 0,16% en 2017 y un 1,1% en 2018, razón por la que han protestado en multitud de ocasiones ante el Gobierno de Cantabria.
EL EQUIPO DE GOBIERNO CREE QUE, CON ESTO, SE TRATA DE ‘CARGAR’ A “LOS PRESUPUESTOS TODOS LOS SANTANDERINOS” EL TRANSPORTE DE LAS TRABAJADORAS
Las trabajadoras acudieron primero a la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual, que no las recibió como sí lo hizo la Concejala de Familia, Servicios Sociales, María Tejerina que les trasladó que “no lo consideraba viable”.
“Creo que Gema puede ser comprometida con las mujeres y esperemos que lo haya recapacitado y que nos lo aprueben y nos eximan del pago”, confiaba Rosa María a primera hora de esta mañana.
Sin embargo, no ha habido cambio de criterio del equipo de Gobierno a la propuesta de Izquierda Unida, a la que se han adherido PSOE, PRC, Tatiana Yáñez, Antonio Mantecón y Cora Vielva.
El equipo de Gobierno ha acusado a la oposición de defender que “con cargo a los presupuestos de todos los santanderinos, se pague el transporte de las trabajadoras de ayuda a domicilio dependientes del Gobierno de Cantabria” porque “no quiere pagarlo”.
También han defendido que “las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de Santander perciben gastos de transporte por parte de la empresa porque el Ayuntamiento ha hecho los deberes y lo incluyó en el pliego de condiciones de este contrato”. Y ha criticado que las condiciones precarias de estas trabajadoras dependientes del Gobierno son culpa del Ejecutivo, al que ha pedido que «deje de tirar balones fuera».
Finalmente, obviando que la petición era una exención del pago del aparcamiento y no del transporte, han acusado al PSOE y al PRC de decir “una cosa en la oposición y hacen otra en el Gobierno”. y han instado a que “si quieren defender los derechos de estas trabajadoras, lo deben hacer ante sus compañeros del Gobierno y reclamar que sus retribuciones sean justas y perciban gastos de transporte”.
LAS TRABAJADORAS LO LLEVARÁN ANTE EL PARLAMENTO
Asimismo, las trabajadoras han llevado al Gobierno de Cantabria sus reivindicaciones, con varias protestas frente al ICASS en los últimos meses y se han reunido con partidos representados en el Parlamento.
A pesar de que el equipo del PP en Santander no ve “viable” cambiar la ordenanza, sus representantes en el Parlamento, la presidenta del partido en Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la diputada Isabel Urrutia sí les parecía que fuera posible.
Su objetivo es acabar con la obligación de este pago en los cuatro Ayuntamientos en los que existe en Cantabria: Santander, Castro Urdiales, Santillana del Mar y Noja.
AQUALIA Y URBANISMO
Este superávit se debe al nuevo sistema tarifario aplicado desde 2012, que el equipo de Gobierno ha vuelto a defender alegando que el 69% de los usuarios domésticos de Santander pagan menos en su factura del agua con la estructura tarifaria actual
Sin embargo, desde la oposición se ha denunciado que todo deriva de la privatización del servicio y la posterior subida de tasas, mientras que la alcaldesa ha asegurado que, tras la puesta en marcha de un expediente administrativo, si hay que reclamar algo, el equipo de Gobierno será el primero en hacerlo.
También se ha aprobado el convenio urbanístico que supondrá la compensación por 2,2 millones de euros más los intereses a la inmobiliaria Fuentellata S.L., como consecuencia de la anulación del Plan General.
Se trata de un acuerdo aprobado en Pleno en diciembre de 2010, por el que el Ayuntamiento incorporaba 21.000 metros cuadrados de espacios públicos que la empresa cedió en el área de Mataleñas y el entorno del Faro de Cabo Mayor, a cambio de aprovechamientos urbanísticos en otro área específica incluida en el PGOU de 2012.
El presupuesto de 2019, como publicó EL FARADIO, contempla como tercera partida más importante del capítulo de inversiones (1,8 millones de euros) las compensaciones (deuda) por convenios urbanísticos frustrados por la anulación del Plan General.
La oposición ha criticado que, en 2001, el equipo de Gobierno debería haber culminado la expropiación de los terrenos propiedad de FuenteLlata S.L., tal y como estaba contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997. Sin embargo, han lamentado que el Ayuntamiento “nunca se pronunció sobre la expropiación solicitada en mayo de 2003 por los propietarios ni pagó un solo euro». Por esa razón, a partir de enero de 2004, comenzaron a computar los intereses de demora.
El portavoz del PRC en Santander, José María Fuentes Pila, ha asegurado que todo es dejadez de funciones por parte del equipo de Gobierno
Además, el equipo del PP, junto a David González, han aprobado una moción para instar al Ministerio de Medio Ambiente a que vuelva a la construcción de los espigones de la Magdalena porque, insisten, los motivos para paralizarlos han sido solamente políticos.
MODIFICADO EL PGOU PARA ALBERGAR EL MUPAC
La mayoría del pleno ha aprobado la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para la creación del MUPAC, con el fin de adaptarlo a la nueva construcción.
Según esta modificación que el Gobierno autonómico ha pedido al Ayuntamiento, el futuro Museo de Prehistoria no superará en altura al edificio del vitalicio y podría albergar espacios museísticos en el primer sótano.
En el equipo de Gobierno han trasladado una “inquietud” por la decisión de implantar en esta parcela la Consejería de Cultura.
“Es una decisión que toma el Gobierno pero lo que pensamos es que el MUPAC, como museo, hay que intentar que no se distorsione esa identidad”, ha reclamado el concejal de Urbanismo, César Díaz. Por ello, solicita que se respete el “contenido” y el “continente”. “El hecho de que pueda existir un solo edificio que albergue a museo y Consejería para nuestro punto de vista no es positivo” porque evita que “el museo tenga una identidad propia”.
