Cuando el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, registró el proyecto de ley de Presupuestos Generales de Cantabria para 2019 ya tenía el informe definitivo de Intervención en el ICAD. FOTO: Raúl Lucio.

El consejero de Economía, Juan José Sota, ha atendido a los medios de comunicación en los pasillos del Parlamento después de defender el presupuesto en su primera intervención en el Pleno que ha aprobado este jueves el documento económico con el apoyo de PRC, PSOE y Ciudadanos.

Sin juzgar su intención, en sus declaraciones a la prensa para dar explicaciones sobre los sobresueldos que ha detectado la Intervención en el Instituto Cántabro de Finanzas ICAF, del que es presidente Sota, el consejero no ha dicho la verdad, ha sido inexacto o ha mentido en al menos estas siete cuestiones. Estas son todas las mentiras e inexactitudes:

1.- «La iniciativa de la auditoría es del Gobierno»

Falso. La auditoría en el ICAF forma parte del Plan anual de Control Financiero y lo aprueba la Intervención General de la Comunidad Autónoma, que es autónomo del Gobierno de Cantabria. En ningún caso la iniciativa de hacer los informes a las empresas públicas es del Ejecutivo.

El informe de Intervención en el ICAF estaba en el Plan Anual de Control Financiero aprobado el 23 de enero de 2017, ni siquiera en el último plan, que es del 26 de diciembre de 2017. Es decir, acumulaba cierto retraso. Es la última auditoría que quedaba por conocerse.

“Este Gobierno quiere transparencia y actuar de la mejor manera posible”, ha enarbolado Sota. Vamos a verlo:

2.- “Se envió – el informe- hace un mes y pico al Parlamento”

Falso. Lo que el ICAF envió hace casi un mes (el 22 de noviembre) al Parlamento de Cantabria fue el Informe Anual de las Cuentas y el Informe de Gestión correspondientes al año 2017, de conformidad con el artículo 20.2 del Reglamento Orgánico del ICAF.

El Informe de Intervención tiene registro de entrada en el Parlamento el día 10 de diciembre, a petición del diputado del Grupo Mixto del Parlamento, Juan Ramón Carrancio, que desde su nuevo partido Ola Cantabria se ha querellado por el caso Sogiese, en el que está imputado Sota por los sobresueldos en esa otra empresa pública.

La documentación no sale de la Consejería de Economía hasta el 4 de diciembre y llega al Parlamento el 10 de diciembre. Es decir, está en el Parlamento desde hace 10 días y no desde hace “un mes y pico”.

3.- Los grupos parlamentarios han tenido acceso al informe

Falso también. Aunque los grupos parlamentarios están representados en el Consejo de Supervisión del ICAF, en la reunión del 27 de septiembre no se había cerrado el informe definitivo de Intervención (del 11 de octubre). Y en la reunión de este miércoles, en la víspera del Pleno de Presupuestos, no estaba en el orden del día y sólo se trató en ruegos y preguntas, porque pidió explicaciones el representante del PSOE, Pepe Guerrero.

De no haber sido así, ni hubiera aparecido en el acta. Hay vocales del Consejo de Supervisión que no han tenido acceso al documento definitivo de la Intervención y se han enterado por la noticia de El Faradio.

4.- “Se les ha proporcionado en el momento en que tuvimos conocimiento”

“No es una novedad ni ninguna ocultación que hoy se extrañen de que este informe exista, porque este informe se les ha proporcionado en el momento en que tuvimos conocimiento”, ha dicho el consejero de Economía. Y es falso también.

El informe definitivo de la Intervención, que mantiene la ilegalidad de los sobresueldos tras las alegaciones del ICAF, es del 11 de octubre. Desde entonces, Sota sabe que es definitivo. Es más, las discrepancias que ha elevado el ICAF a la Intervención se elaboraron y aprobaron en los Consejos Ejecutivos de los días 26 de octubre y 14 de noviembre.

Es evidente que es novedoso – el revuelo que se ha montado es concluyente- porque no había trascendido.

Pero es que además, antes del informe definitivo había un informe provisional que dio lugar a alegaciones que presentó el ICAF ya en el mes de mayo. Es decir, el ICAF y el consejero Sota tenían conocimiento hace muchos meses de las irregularidades detectadas respecto a los salarios por encima de la ley de tres empleados con responsabilidades en la empresa pública.

Algunos vocales del Consejo de Supervisión estaban a la espera del informe definitivo porque habían accedido, previa petición en el ICAF, a la primera fase de la auditoría de la Intervención.

5.- “El Consejo de Supervisión lo tiene en su poder desde el 19 de noviembre”

Salvo que se refiera a la documentación que entró en el Parlamento el día 22 y que nada tiene que ver con la auditoría de la Intervención, el consejero también miente cuando hace esta afirmación.

6.- “Todas aquellas auditorías o controles que se hayan elaborado se envían al Parlamento”

Falso también. La Intervención del Gobierno de Cantabria no tiene obligación de enviar los controles financieros de las empresas públicas al Parlamento. La gran mayoría de las auditorías definitivas del Plan Anual de Control Financiero de la Intervención han llegado al Parlamento a petición de los grupos políticos de la oposición.

SODERCAN, Fundación Comillas, MARE (en este caso el Gobierno difundió los resultados provisionales)… todas llegaron porque lo pidieron los grupos políticos del Parlamento.

Hay una excepción reciente, que es la del Servicio Cántabro de Salud, que sí que la envió el Gobierno, por el escándalo político y mediático que rodeaba a las irregularidades en la contratación.

7.- “No ha habido ninguna ocultación en ningún caso”.

En una reacción que es ya típica de políticos cazados, el consejero ha cargado contra la información publicada. “Algunas elucubraciones que hay por ahí de que lo hemos tenido oculto mientras se tramitaba el presupuesto no tienen ningún sentido que se hagan esas afirmaciones. Hay personas que tienen muchas películas en la cabeza y que lo hacen algunas veces intencionadamente y otras por desconocimiento”.

Tras El Faradio, han informado sobre el informe medios como El Diario Montañés, la Agencia EFE o la Cadena SER.

Es verdad, pero aporta poco a la historia, cuando Sota afirma que “es una realidad que no se había hecho ningún control financiero a la Sociedad en relación al personal”. Cierto es que la única auditoría previa fue de los años 2010-2012. Y que no se realizó ninguna en la etapa del PP (2011-2015). Pero la Intervención es autónoma y decide su calendario de controles a las empresas públicas.

Según el consejero hay un informe del Tribunal de Cuentas del año 2014 que apuntaba que había 42 empleados de empresas públicas cobrando por encima del límite legal.

También es cierto, pero está tan juzgado por la opinión pública como el Caso Racing o GFB antes de las elecciones de 2011, y por lo tanto es más una pataleta, que ninguna auditoría había detectado –hasta esta- los 18 millones a Ecomasa o el millón de euros largo para ‘Cuervos’, una película que no se llegó a estrenar.

De hecho, la propia auditoría que es noticia estos días contiene algún detalle sobre estos proyectos. Continuará…