Documentos del expediente, en una denuncia pública de las irregularidades que hizo Podemos en 2017

El Tribunal Supremo ha paralizado el expediente de concentración parcelaria de Casar de Periedo, que se tendrá que revisar en el alto tribunal, tras la localización de un documento “inédito y oculto” del Gobierno de Cantabria, que se había omitido en el expediente administrativo del procedimiento contencioso.

Así lo han difundido en nota de prensa los afectados, que manifiestan sufrir una “situación insostenible”, que se había  agravado por la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que desestimaba las demandas  interpuestas contra la concentración parcelaria de Casar de Periedo. Una resolución que ahora paraliza el Supremo, para su revisión.

Candelas Fernández Fernández,  su marido José Ignacio González Martínez, y su hijo Alfonso González Fernandez, ganaderos de Casar de Periedo, denuncian la “persecución” de la que están siendo objeto desde que pusieron de manifiesto la “ilegalidad” del citado proceso de concentración parcelaria de Casar de Periedo.

Según relatan, en febrero de este año, recibieron una carta que incluía la estimación de impacto medioambiental de la red de caminos de concentración parcelaria de Casar de Periedo, de la Consejería de Ganadería Agricultura y pesca del Gobierno de Cantabria, de 26 de enero de 2007, que fue  iniciado el 17 de mayo de 2006.

En su opinión, es un hecho de “extrema gravedad”,  porque pone de manifiesto la “falsedad” de los certificados incluidos en el expediente administrativo de la concentración parcelaria, así como el fraude procesal, ya que,  “no solo no es cierto que los caminos y la concentración no tuvieran que ser sometidos a evaluación medioambiental, sino que se ha ocultado y falseado el dato de que efectivamente lo fueron, puesto que se ha recuperado el expediente de estimación medioambiental del propio Gobierno de Cantabria”.

El conocimiento de este expediente medioambiental, que no estaba en el expediente administrativo, les ha llevado a plantear la revisión de Sentencia del TSJC  ante el Tribunal supremo,  que hace unos días lo ha admitido a trámite mediante diligencia de ordenación de la sala 3ª de lo contencioso administrativo del  Tribunal de supremo de 30 de abril de 2019, lo que paraliza el proceso de  la concentración.

CONSDIERAN «GRAVÍSIMO» UN EXPEDIENTE «ALTERADO» PARA ELUDIR LA LEY MEDIOAMBIENTAL

Los ganaderos calificaron el contenido del documento de “gravísimo”, pues pone de manifiesto lo que ya indicaron en sus recursos, que “la concentración parcelaria fue aprobada por el Gobierno de Cantabria en colaboración con la autoridad local, sin los informes medioambientales preceptivos, y  que no fue sometida a evaluación de impacto medioambiental, como era obligación legal”, además de haberse “alterado y ocultado documentalmente  más del 70% de la superficie de la concentración”.

Todo apunta, aseguran,  a un acuerdo entre autoridades locales de la concentración de Casar de Periedo  y  la consejería  de Ganadería del Gobierno de Cantabria, para “saltarse la ley medioambiental y no someterse a las exigencias legales previas de estimación”.

Según indican, el TSJC de Cantabria fue “inducido a error”, ya que en el expediente administrativo del Gobierno constan dos certificados  y un informe  pericial de técnicos del servicio de estructuras agrarias  de la Consejería de Ganadería que “falsean la realidad”, ya que dichos informes certificaron que no era preceptivo someter a evaluación de impacto medioambiental, ni los caminos de la concentración, ni la propia concentración.

Asimismo,  alteran  la superficie real de la concentración,  indicando los informes que era inferior a 100 hectáreas, cuando la superficie real es de 350 hectáreas, la que consta en el expediente medioambiental recuperado.

De esta manera, con  menos de 100 hectáreas y de acuerdo con la ley vigente de 2006,  las concentraciones no tienen que ser sometidas a estimación de impacto medioambiental. Por lo tanto, “es evidente que se ha evitado la aplicación de la ley alterando superficies”.

DENUNCIAN PRESIONES Y PERSECUCIÓN ADMINISTRATIVA

Los ganaderos indican que desde que recurrieron  ven “con extrañeza” como “en pocos meses” su explotación ganadera ha sufrido un “elevado y anormal  número de  inspecciones de organismos e instituciones públicas”.

Así, relatan inspecciones de la policía municipal, de la empresa pública MARE, del Seprona, de la inspección de trabajo, de la Guardia Civil, de Tráfico, de Carreteras y de la consejería de Medio Ambiente.

Igualmente, aseguran que están siendo objeto de amenazas, multas y coacciones, que “como suele pasar con los comportamientos de este tipo, solo pueden denunciar públicamente pero son difíciles de probar puesto que son verbales”.

“Estamos indefensos, sólo pretendemos que no nos arrebaten de forma ilícita nuestras tierras. Todo el procedimiento de concentración de Casar de Periedo ha sido muy irregular y claramente caciquil”, denuncian en el comunicado.

Además añaden sus sospechas de que todos estos comportamientos se deben a “haber luchado en los juzgados por la legalidad” y todo apunta, a su juicio, a que “pudiera existir un clarísimo delito medioambiental y una falsedad documental”.

En este sentido, solicitan amparo y protección pública a los políticos y autoridades “para que de verdad protejan a los ganaderos”, así como el cese de  la “persecución administrativa”, que está llegando incluso a recibir “inspecciones con amenazas de que se les va a impedir la actividad ganadera”, y que también consisten en las “sucesivas multas que están recibiendo desde que iniciaron los recursos”.

Todas las actuaciones, remarcan, consisten en una “perturbación constante” de su actividad ganadera diaria para “amedrentarles”.

Muy afectados, los ganaderos de la zona indican que “sus sospechas” se dirigen  también hacia el Alcalde pedáneo y principal impulsor de la concentración, José Luis Conchas.