El anuncio lo hacía la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tras la última reunión del Consejo de Ministros que ha aprobado la declaración de emergencia climática.

El compromiso del Gobierno central es llevar a las Cortes en sus primeros 100 días la Ley de Cambio Climático, con la que pretende detener la emisión de gases de efecto invernadero, causantes del calentamiento global.

Según El Confidencial, una de las grandes novedades que incorporará el texto legal será la obligación de crear zonas de bajas emisiones en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, que son 145 en España, que reúnen al 52% de la población total del país.

En Cantabria, la medida será de obligada implantación en Santander (172.044 habitantes, en el puesto 38 de las ciudades por población) y Torrelavega (con 51.687, en el puesto 140).

De esta manera, tendrán que planificar su ‘Madrid Central’, la almendra interior de la capital de España donde el anterior equipo de Gobierno liderado por Manuela Carmena implantó restricciones al tráfico rodado para reducir las emisiones de gases contaminantes.

Según informa este medio, el plazo que tendrán estos ayuntamientos para poner las medidas en marcha será hasta 2023.

Aunque las fechas todavía están pendientes de revisión, tendrán que empezar a diseñar sus medidas de movilidad que incluyan la limitación a la circulación de vehículos privados en algunas zonas de la ciudad.

La ciudad de menor tamaño afectada es Vila-real, que apenas supera por 577 habitantes el umbral fijado por el ministerio (según los datos del padrón a 1 de enero de 2018, los últimos oficiales).

También hay dos capitales de provincia que no estarán afectadas, Soria y Teruel, ya que no alcanzan los 50.000 habitantes.

En total, aunque solo estarán afectados el 1,8% de los municipios de España, estos concentran a más de la mitad de la población: el 52,6% de todos los ciudadanos residentes en España.