El Sector de Enseñanza de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha criticado hoy que la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria no haya facilitado equipos de protección individual (EPIs) a los trabajadores de los centros educativos de la región con vistas a su reapertura este lunes 11 de mayo, en este caso para la matriculación del próximo curso escolar y otros trámites administrativos (la Consejería recomienda que se haga de forma telemática).

Y el Partido Popular ha registrado en el Parlamento de Cantabria una Proposición no de Ley en la que se insta al Gobierno de Cantabria a solicitar ante el Gobierno de España un protocolo con el que favorecer la reapertura de los centros escolares, para los procesos de admisión y matriculación, así como la posterior vuelta segura a las aulas, para hacer posible la recuperación de la formación presencial en todos los niveles educativos con todas las garantías sanitarias.

UGT ACUSAN A LA CONSEJERÍA DE DESENTENDERSE

El sindicato considera “intolerable” que la Consejería de Educación “se desentienda por completo de su responsabilidad de garantizar la seguridad y protección de los docentes y del personal de administración y servicios y sólo se limite a remitir una instrucción en la que insta a los trabajadores a que se busquen la vida y los adquieran ellos mismos por su cuenta”.

El Sector de Enseñanza de UGT reprocha a Educación que “ni informe ni permita la participación de los representantes legales de los trabajadores en la necesaria prevención de riesgos que se requiere hoy en día” y advierte que estará “muy vigilante” este lunes y con “la firme intención de denunciar a las autoridades laborales y sanitarias la apertura de cualquier centro educativo que no respete las medidas de seguridad adecuadas para sus trabajadores”.

El sindicato agrega, a través de su Sector de Administración Local, que “la reapertura de los centros educativos implica también una coordinación entre distintas administraciones públicas, incluidos los ayuntamientos, a los que pertenece el personal de administración y servicios y el de limpieza de los colegios; que no se ha dado en ningún momento y que no se ha contado con los representantes.

LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN RECHAZAN LA APERTURA «PRECIPITADA»

También rechazan la medida los Delegados de Prevención de los sindicatos STEC, ANPE, TU, CC.OO y UGT, que consideran que «no se dan las condiciones sanitarias e higiénicas» al haberse previsto «insuficientes» medidas, y critican que no se haya centralizado la compra de equipos de protección, derivada a cada centro.

Acusan a la Consejería de «rigidez» e «intransigencia» mostrada en el órgano de prevención laboral, y advierten de que no respaldan esos planes, por lo que «ella será la responsable de las consecuencias» mientras ellos denunciarán lo que corresponda.

También muestran su «más profunda preocupación» por la apertura del 25 de mayo: «la presencia de miles de alumnos, docentes y personal laboral en colegios e institutos, en las actuales circunstancias, podría tener, a cambio de ninguna ventaja académica, consecuencias devastadoras para la salud de la sociedad en general y para la comunidad educativa de Cantabria en particular».

EL PP PIDE PROTOCOLOS ESPECÍFICOS

Álvaro Aguirre (PP)

Por su parte, el PP pide un plan para la apertura de los centros educativos tras el cierre a causa de la alerta sanitaria derivada del virus Covid-19, que a su juicio debe contemplar en detalle medidas como el suministro adecuado de equipos de protección individual, así como la realización de pruebas diagnósticas, para alumnos, profesores y personal de administración y servicio; la fijación de aforos máximos en función del tamaño de las aulas o el establecimiento de distancias mínimas entre los alumnos.

El portavoz de Educación del PP en el Parlamento de Cantabria, Álvaro Aguirre, ha tildado de “inaceptable” que el departamento que dirige la regionalista Marina Lombó descargue en las direcciones de los centros de Cantabria la responsabilidad de adquirir todos los medios de protección y ordenar la vuelta a la actividad presencial. “Se trata, en definitiva, de volcar de forma inexplicable en los equipos directivos toda competencia en la prevención de los contagios”, ha dicho.

“El Gobierno de Cantabria es quien debe facilitar todos los equipos de protección individual y la información necesaria para su correcta utilización, así como establecer unos criterios comunes para la movilidad de los trabajadores y el uso de espacios, a fin de que la vuelta a la actividad presencial se realice con todas las garantías sanitarias y de seguridad”, ha señalado el diputado.

Por su parte, la diputada del PP en el Congreso y vicepresidenta de la Comisión de Educación, Elena Castillo, ha subrayado la importancia de que desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, en coordinación con las comunidades autónomas, se tome la iniciativa a la hora de dictar instrucciones “de forma clara.