Desgraciadamente a la crisis sanitaria le seguirá una crisis económica que solo acaba de comenzar, y que desembocará con toda seguridad en un aumento de la litigiosidad especialmente en la jurisdicción social, mercantil y civil. Ante este escenario, la pregunta que se plantea es ¿está dotada nuestra Justicia de los medios suficientes para afrontar esta situación?.

A pesar de tratarse de un servicio esencial, la Justicia lleva demasiado tiempo, quizás porque no ofrece votos, siendo la gran olvidada. El colapso que sufre la justicia no viene originado por el Covid19, ni mucho menos, antes de esta pandemia, en algunos Juzgados ya se estaban señalando vistas para el año 2023, por no hablar de los Juzgados especiales de cláusulas abusivas, en los que el colapso intencionado de los mismos dio lugar a que se bautizasen como “juzgados trampa” o “juzgados pozo”, y que solo han servido para disuadir y alejar al ciudadano de la justicia, beneficiando a los bancos.

Todos los operadores jurídicos que intervienen en la Justicia, entre ellos la abogacía, lleva años denunciando esta situación, demandando una mayor inversión en medios técnicos, materiales y humanos que hagan posible prestar un servicio de calidad, cercano, eficaz y ágil en beneficio de los ciudadanos.

Sin duda, esta pandemia ha puesto sobre la mesa lo que para muchos era una realidad, ya que mientras las actividades que fueron declaradas esenciales con el decreto del estado de alarma se adaptaron en cuestión de días, y establecieron las medidas de protección oportunas para poder seguir prestando el servicio, la Justicia se paralizó por completo, y salvo lo declarado urgente, dos meses después continúa así, siendo la única Administración que ha sido incapaz de llevar a cabo el teletrabajo.

Hay miles de ciudadanos que continúan esperando a que sus conflictos sean resueltos, sus derechos se vean reconocidos o se condene a los bancos a pagar los que se les debe, sin contar la avalancha de demandas que se generarán en los próximos meses, sin embargo el Ministerio de Justicia pretende que solamente con medidas organizativas, procesales y concursales todo se solucione, sin dotación presupuestaria y sin planes de refuerzo.

En estos momentos no se puede olvidar que España tiene doce jueces por cada 100 mil habitantes, cuando lo recomendable son veintiuno. Sin embargo, el aumento en el número de jueces para acercarnos a la media europea no es una medida a adoptar por el Ministerio de Justicia, ni reforzar las plantillas para sacar adelante un mayor número de asuntos, decantándose por otras más vistosas y en absoluto efectivas, como habilitar 14 días en agosto, perjudicando únicamente a abogados y procuradores que obligatoriamente tenemos que renunciar a nuestros únicos días de desconexión y conciliación, y en los que con toda seguridad no se adelantará nada por coincidir con los periodos de vacaciones de jueces, fiscales y funcionarios.

Y ante esta situación, el Consejo General del Poder Judicial presenta un “Plan de Choque” con el objetivo de paliar los efectos ocasionados por la crisis sanitaria, pero que en realidad busca, en río revuelto, poner en marcha reformas legislativas de calado que viene persiguiendo durante los últimos años, y que de ponerse en marcha supondrá una merma en los derechos de los ciudadanos, limitando el derecho a la tutela judicial efectiva y conculcando su derecho de defensa.

Por eso cuando oigan “nadie quedará atrás en esta crisis” piensen que mientras no se dote de medios a este servicio esencial, la Justicia continuará abandonada y con ella los derechos de todos los ciudadanos que tendrán que esperar años para obtener una respuesta.

El papel lo soporta todo, las necesidades de la gente no.