La comisión ‘Medicamentos a un precio justo’, de la que forma parte medicusmundi, entidad que es miembro de la Coordinadora Cántabra de ONGDs, ha puesto de manifiesto la necesidad de un sistema nacional de salud consolidado y el acceso justo a los medicamentos y otros productos sanitarios, en una carta abierta al Gobierno de Pedro Sánchez.

La pandemia causada por el virus ha propiciado una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes, además de haber demostrado que sólo mediante un Sistema Nacional de Salud (SNS) con recursos se puede hacer frente a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

Por todo ello, la iniciativa legislativa popular (ILP) de ‘Medicamentos a un precio justo’ que han promovido se vuelve “más necesaria que nunca”. Esta ILP busca cambiar el sistema actual de fijación de precios de medicamentos, pasando de precios basados en el valor, a precios basados en los costes de investigación y fabricación.

Todo ello mediante procesos transparentes, permitiendo a la ciudadanía conocer los precios a los que se adquieren los medicamentos. Además, busca fomentar la investigación pública sin fines comerciales, para así innovar en base a las necesidades de la sociedad. Su implementación supondría conseguir “mayor capacidad para el desarrollo de medicamentos y vacunas para la COVID-19 desde laboratorios públicos y, muy especialmente, facilitaría su adquisición sin precios especulativos” como afirma la iniciativa.

Consideran que “necesitamos que los medicamentos y otros productos sanitarios, como mascarillas, guantes, resto de material de los Equipos de Protección Individual o ventiladores, entre otros ejemplos, se adquieran en base a costes de fabricación y no de valor, disminuyendo la especulación actual en torno los mismos”.

Una de las UCI del Hospital de Valdecilla (Foto: José Ramón González Soutullo)

De esta forma, el SNS preservará fondos económicos y a la larga podrá contar con más recursos. Además, ninguna persona vería comprometida su salud por “intereses económicos”.

Por otro lado, sostienen que es preciso que las administraciones públicas “tengan mayor capacidad para discutir precios en las negociaciones con la industria, al igual que es importante que la ciudadanía tenga conocimiento de la información sobre los participantes en esas reuniones, la fecha, lugar de celebración, el tema y los principales puntos tratados, acta y minutas, documentos compartidos y acuerdos alcanzados, reforzando así la transparencia”.

Por último, “nuestro país requiere urgentemente que se potencie la investigación y el desarrollo, con estudios independientes de la industria y que no respondan a motivaciones económicas, sino del conjunto de la sociedad” remarcan.

Por ello, apuestan por la formación de un fondo público de investigación para el desarrollo de medicamentos, vacunas y otros procedimientos y materiales relacionados con la COVID-19 como con el resto de enfermedades, “para no tener que depender de la producción extranjera, como está ocurriendo a lo largo de esta crisis”.

RESPUESTAS PRESENTES Y FUTURAS

Tal y como queda recogido en el Artículo 43 de la Constitución Española, es trabajo de los poderes públicos asegurar el derecho de protección de la salud de la ciudadanía.

Además, la Organización Mundial de la Salud considera que el acceso equitativo a los medicamentos, de forma segura y asequible, es de importancia vital para que cada persona goce del máximo grado de salud posible.

Es por esto que, además de las medidas que proponen, instan al Gobierno a que haga uso de la figura de “licencia obligatoria” existente en el derecho internacional y en la legislación española. Dicha medida permite la producción, uso, venta e importación de un producto por un tercero, pagando al titular los derechos de su uso.

Así mismo, explican que “es importante que saquemos enseñanzas de las debilidades que ha puesto de manifiesto la actual situación de emergencia y planteemos respuestas para el presente y el futuro.

Una crisis que ha agravado el problema de la escasez de medicamentos y productos sanitarios, en este caso, necesarios para la contención y tratamiento de la COVID19.

“Este problema no es nuevo. La mayor demanda mundial, la concentración de la producción en unas pocas empresas o los cambios en los criterios reglamentarios están entre las causas que, en cierta medida, el Gobierno podría remediar” lamentan desde la iniciativa.

Así, destacan que “el Gobierno tiene el deber no sólo de asegurar la calidad de los medicamentos y el acceso a los mismos, sino también de crear las condiciones necesarias para el desarrollo de una industria farmacéutica pública, local, sostenible, productiva y responsable que produzca y comercialice medicamentos a precios justos”

“Sigamos trabajando en pro de la ciudadanía, de la salud, de la disminución de las desigualdades y de potenciar un Sistema Nacional de Salud universal y de calidad. Una calidad que debe ir dirigida tanto para el servicio que presta para la ciudadanía y pacientes como para sus trabajadores y trabajadoras” concluye la comisión promotora de la iniciativa legislativa popular ‘Medicamentos a un precio justo’.