Cáritas de Santander denuncia el «peligroso efecto» que está teniendo la crisis social derivada de la pandemia del Covid-19 en la educación de los niños y adolescentes en situación de exclusión social en Cantabria.

Según relatan, el cierre de los colegios el día 16 de marzo ha obligado a los menores a continuar su formación desde el hogar, pero «el limitado acceso a herramientas digitales para contactar con sus profesores y un contexto doméstico delicado -en el que las familias no siempre poseen el tiempo o la capacidad de ayudarles que desearían- lleva a estos menores a ver seriamente amenazado su derecho básico a la educación».

Para tratar de frenar el aumento de la brecha educativa, Cáritas Diocesana de Santander está reforzando de manera individualizada su labor con las familias a las que acompaña a través del programa de Infancia y Adolescencia.

Este programa atiende habitualmente a los menores en sus centros Anjana Infancia y Trastolillo, donde trabajan en la prevención desde el apoyo escolar y actividades de ocio y tiempo libre, y en el proyecto Medidas Judiciales en Medio Abierto, en el que se ejecutan medidas que el juzgado de menores único de Santander impone a menores y jóvenes por algún delito.

“La brecha digital, y la desigualdad de oportunidades educativas que esto representa, es una evidencia que afecta a más del 90% de los niños y niñas que acompañamos en los dos centros infantojuveniles”, dice Carlos Fernández-San Julián, coordinador de Acompañamiento Especializado de Cáritas Diocesana de Santander.

Según explica, estas carencias varían desde no disponer de un Smartphone, PC o portátil adecuados, a no tener conexión wifi en casa. “Consideramos que el acceso a Internet debería ser un derecho básico que hay que garantizar, como se garantiza los suministros energéticos con diferentes bonos sociales”.

Gracias a las aportaciones económicas que la financian, Cáritas de Santander ha podido proveer de terminales tecnológicas a algunos de los menores más necesitados, pero, alertan, «no es suficiente».

Los trabajadores que dan apoyo a los jóvenes en riesgo de exclusión social han tenido que desarrollar su creatividad en estos meses para encontrar soluciones adaptadas al déficit de medios. Así, se han puesto a su disposición por vía telefónica, de mensajería instantánea o correo electrónico para servir como apoyo escolar. Igualmente, han establecido videollamadas cada dos días para mantener contacto con los de mayor edad y recordarles la necesidad de mantener unas rutinas saludables.

Desde el inicio del confinamiento, la organización ha ayudado a los chicos en tareas elementales como la planificación de un horario en el que se respeten unas pautas adecuadas de sueño, dieta equilibrada, ejercicio e higiene personal.

Cuidados que, señalan, «pueden darse por sentados», pero que «es fácil desatender en el contexto de estrés emocional en el que vive una familia que puede acabar de perder su fuente de ingresos y se enfrenta a la precariedad de las necesidades básicas».

En esta línea, el apoyo de Cáritas no solo se destina al menor, sino a su entorno completo. Los programas de infancia y adolescencia son, precisamente, las puertas por donde la asociación suele tener acceso a las familias más vulnerables.

A nivel nacional, son 25.644 los núcleos familiares que Cáritas acompaña al año a través de sus programas  específicos de Infancia, Juventud y Familia. Decenas de miles de menores cuyo futuro se ve gravemente condicionado por la precariedad económica de los progenitores, y, ahora, la incapacidad de acceso tecnológico.

Y recuerdan que está comprobado que la transmisión de las situaciones de vulnerabilidad y exclusión disminuye en la medida en la que aumenta el nivel educativo de los padres y madres. De ahí la grave preocupación que supone que la brecha educativa que ya vivían antes de la crisis del coronavirus estos niños, niñas y adolescentes se esté agudizando en las circunstancias de aislamiento y la suspensión de las actividades docentes.