El Partido Popular ha propuesto al Gobierno, a través de una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados, que permita la reapertura de los gimnasios con un protocolo sanitario específico.

La diputada por Cantabria del PP, Elena Castillo, ha sido la encargada de elaborar la iniciativa por medio de la que plantea al Ejecutivo “diseñar un protocolo sanitario especial de reapertura de instalaciones deportivas privadas (gimnasios privados), concretando los recursos necesarios de protección personal ante los posibles contagios por COVID-19, tanto materiales como personales”, y facilitar la reapertura de dichas instalaciones “adaptando a sus singulares circunstancias la normativa laboral y fiscal vigente”.

Según ha señalado Castillo, con esta iniciativa, se insta además al Gobierno a “diseñar y poner en marcha una campaña de información institucional en la que se promuevan los hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte, dirigida a la sociedad en general y, en especial, a la población infantil, población con enfermedades crónicas o afectados por el sedentarismo”.

A este respecto, la diputada cántabra del PP ha añadido que “la campaña ensalzará la importancia de hacer ejercicio físico y deporte dirigido por licenciados y graduados en Educación Física que desarrollan su profesión por cuenta propia o en las instalaciones deportivas privadas de España (gimnasios privados)”.

Por su parte Diego Movellán ha recordado que, antes de producirse su cierre temporal con motivo del estado de alarma, nuestro país contaba con más de 4.000 instalaciones deportivas privadas, con 5,5 millones de usuarios y una facturación anual de 2.000 millones, además de la cantidad de miles de puestos de trabajo de los 214.000 empleos vinculados al deporte en nuestro país, todo ello sumado a las 34.529 empresas que tenían el deporte como actividad principal.

CIUDADANOS PIDE UN SEGUIMIENTO EN CENTROS ESCOLARES

Por su parte, el grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) Cantabria ha solicitado al Gobierno regional que realice un seguimiento de alumnos y trabajadores de los centros educativos de la comunidad autónoma que puedan estar en riesgo en relación con el virus covid-19, de manera que «se priorice, en su caso, el modelo telemático».

Diego Marañón

Una opción «factible», en palabras del diputado Diego Marañón, para quien es «imprescindible» que las consejerías de Educación y Sanidad «trabajen de forma coordinada» para determinar un «censo realista» de estudiantes, docentes y personal de los colegios «de cara a tomar decisiones rápidas que permitan salvar vidas en caso de que sea necesario».

Ésta es una de las propuestas de resolución presentadas por la formación naranja para su debate en la comisión no permanente de seguimiento de la crisis del covid-19, en la que además ha solicitado que se garantice el acceso de todo el alumnado y el profesorado de Cantabria a conexión a internet, así como a medios telemáticos «antes del comienzo del próximo curso académico». Siguiendo la misma línea, y con el objetivo de «adelantarnos a situaciones como la vivida en los últimos meses»,

Marañón también ha apostado por elaborar un «censo detallado» de aquellos alumnos que precisen de conexión a internet o dispositivo electrónico, «segmentando por curso y centro educativo».

Por último, el diputado de Cs ha señalado que desde el grupo parlamentario se ha solicitado que se amplíen las sedes previstas para la realización de la EBAU. «El objetivo que perseguimos desde Cs con esta propuesta es que las pruebas se lleven a cabo con las máximas garantías de seguridad tanto para los alumnos como para los profesores», ha indicado Diego Marañón.

USO PIDE MÁS CLARIDAD EN LA APERTURA DE GUARDERÍAS Y LUDOTECAS

Finalmente, el sindicato USO ha exigido al Gobierno regional clarificar las pautas para la apertura de guarderías, ludotecas y otros centros de ocio por la necesidad de conciliación ante la “desescalada” y la ambigüedad de su normativa.

Según explican, existen centros autorizados por Educación, como el caso de las guarderías/ludotecas de algunos municipios, cuya apertura está regulada, articulándose con precisión de septiembre a junio lo que ha permitido su reapertura a día de hoy.

Por el contrario, existen centros y guarderías cuya gestión es privada que, albergando el mismo tipo de alumnado dentro del mismo rango de edad, desconocen las pautas precisas dentro del marco legislativo y organizativo en período que se fija como vacacional y por tanto están condenados mantener el cierre con una afectación de 1.500 alumnos.

Por tanto, USO exige una normativa y protocolo más detallado y preciso para adecuar los centros, tanto a nivel higiénico-sanitario como organizativamente, con las familias que demandan información acerca del número de alumnos que podrán asistir o si se autorizará a dichos centros a su próxima apertura.

Actualmente son muy numerosas las familias que, por necesidades de conciliación, están esperando contestación por parte de la administración y normativa municipal, recuerdan.