Este lunes, a las 12.00 horas, se producirá una concentración contra la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, más conocida como nueva Ley del Suelo, actualmente en tramitación.

Un texto contra el que se han pronunciado asociaciones como ARCA –promotora de las denuncias que llevaron a las sentencias de derribo en la costa–, Ecologistas en Acción, y partidos como Izquierda Unida, Cantabristas –que la ha bautizado como la Ley del Cemento–, Equo o Podemos.

En concreto, la concentración será a las doce frente a la sede del Gobierno de Cantabria, en Peña Herbosa.

Los críticos del texto temen que reproduzca en el interior de la comunidad la dinámica de construcción que ya se produjo en el litoral.

ARCA ya ha advertido de que considera la nueva ley como «la mayor regresión territorial, ambiental y económica de la historia de Cantabria», reproduciendo en el interior el “desorden urbanístico” que dio lugar a los cientos de sentencias de derriba en la costa.

Critican el modelo que aumenta la construcción de viviendas unifamiliares, incrementando en consecuencia el consumo, gasto energético y de infraestructuras, atentando contra el modelo tradicional en Cantabria para apostar por el del turismo.

Así, desde Cantabristas critican la desregulación y la liberación del suelo, además del recurso a la figura del PSIR para agilizar trámites, sin referencias a la conservación de la arquitectura tradicional, pronosticando que abre la puerta a la especulación y a un modelo de turismo masivo e insostenible.

Desde Izquierda Unida temen que la ley abra la puerta a la pérdida de identidad en el medio rural, al apostar por la construcción en suelo rural o fértil en detrimento del sector primario, además de advertir que entra en contradicción con la Ley del Cambio Climático que se tramita en el Congreso, que trata precisamente de reducir la vulnerabilidad al cambio climático de los suelos agrícolas.

Equo, de su lado, lamenta que el texto se aleje de la tendencia iniciada con el Plan de Ordenación del Litoral, y recuerdan que primero debía aprobarse el PROT, el Plan Regional de Ordenación del Territorio.

Podemos, por su parte, insta al PSOE a distanciarse de sus socios regionalistas en esta materia.

REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS

Entre esas novedades, según destaca el Gobierno, el anteproyecto de ley reduce o elimina las cargas administrativas, acorta la tramitación urbanística, aunque sin renunciar a la protección de todos aquellos valores que sean merecedores de serlo.

Se lleva a cabo una nueva regulación del suelo urbano: desaparece la distinción entre suelo urbano consolidado y suelo urbano no consolidado y se reduce a una única categoría de suelo urbano, en la que se clasificarán aquellos terrenos que reúnan los requisitos requeridos para ello.

Esta regulación respeta la legislación estatal básica y la establecida por los tribunales, mantiene el criterio de consolidación del 50 por ciento y cobra relevancia el informe de técnico competente sobre la capacidad de las infraestructuras a la hora de aprobar los nuevos planes generales de ordenación urbana (PGOU).

El Gobierno de Cantabria también agilizará la aprobación de los planes urbanísticos mediante la reducción de los trámites y plazos burocráticos, y se incorpora la última regulación aprobada por unanimidad en el Parlamento regional sobre Medidas Urgentes para el Desarrollo Urbanístico de Cantabria, de cara a agilizar la aprobación y la adaptación de los planes generales al Plan de Ordenación del Litoral (POL).

Así, se establece una nueva regulación en la tramitación de los PGOU y como principal novedad, el Gobierno propone eliminar la necesidad de someter de nuevo a exposición pública el PGOU antes de su aprobación provisional.

En cuanto al régimen de las licencias y autorizaciones, se regula la posibilidad de que los ayuntamientos, mediante sus respectivas ordenanzas, autoricen las licencias de obra de pequeña entidad, que no supongan, por ejemplo, incrementos de volumen o que no requieran de proyectos técnicos en suelos urbanos.

Mediante una declaración responsable, también podrán autorizar la primera ocupación de viviendas, si bien, la misma deberá ir acompañada del certificado fin de obra del técnico director de las mismas, además de otro de un organismo de control autorizado.

Para aligerar el régimen de las autorizaciones previas para construir en suelo no urbanizable, cuando la competencia sea de la CROTU, se tramitarán directamente ante este órgano, frente al sistema actual que requiere de su tramitación previa ante el ayuntamiento para que este lo remita, a su vez, a la Comisión regional.

Respecto a la construcción de viviendas no vinculadas en suelo no urbanizable, el Gobierno autonómico, establece un régimen transitorio que permitirá la construcción en suelo no urbanizable de protección ordinaria en las corolas del suelo urbano, siempre que el PGOU no disponga el crecimiento del núcleo mediante suelo urbanizable o cuente con menos de 250 viviendas.

En el caso de los municipios en riesgo de despoblamiento no se establece limitación de duración de este régimen transitorio y tampoco se establece un tamaño mínimo de parcela para la vivienda, con el fin de propiciar el asentamiento de la población y contribuir al desarrollo social de las zonas rurales de Cantabria.