Desde el pasado 4 de junio se pueden volver a producir lanzamientos, como pudimos contar en el caso de la familia de Lidia, una mujer en paro con dos hijos menores que fue desahuciada de su domicilio de la calle José María de Cossío de Santander. La PAH se ha unido a otras organizaciones en defensa del derecho a la vivienda para pedirle al Gobierno central un Real Decreto-Ley que ampare a las familias que no cuentan con una alternativa habitacional.

Ante la reactivación de los desahucios pre-COVID-19, las medidas aún insuficientes del Gobierno post-COVID-19 y la cronificada falta de vivienda social en España, las organizaciones del ‘Plan de Choque Social’ pretenden que haya una moratoria de los desahucios que afecten a todos los hogares vulnerables, homologando la protección de todas las situaciones de vulnerabilidad, con independencia del momento y de las causas que las hayan provocado.

También solicitan que ese decreto establezca la utilización como Parque Público Temporal de Vivienda de todas las viviendas desocupadas propiedad de la SAREB y Bankia, señalando su utilización para alquiler asequible y para vivienda social. Y como tercera propuesta, piden revalorizar el IPREM en cuantía proporcional a las subidas del salario mínimo.

Ante la magnitud de la crisis, creen que estas medidas deben garantizarse al menos hasta 2022, sin óbice de establecer posibles compensaciones a pequeños propietarios. Además, antes del fin de la moratoria de desahucios debe aprobarse la ley estatal de Vivienda que tanto bloqueó el PP, y a la que Pedro Sánchez se comprometió antes de autonombrarse «Gobierno progresista», recuerdan.

Desde la PAH señalan que el Ejecutivo central sólo ha cubierto una parte de los desahucios de alquiler: aquellos donde el inquilino “acredite encontrarse en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión de la COVID-19, que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional”, suspendiendo su desahucio hasta máximo el 1 de octubre de este año.

Esto les parece insuficiente, porque deja fuera a personas cuya vulnerabilidad es anterior a la pandemia, porque por ejemplo sufrieran un ERE antes del estado de alarma. Un hogar vulnerable que cobre una renta o pensión mínima no habrá dejado de percibirla a causa de la COVID-19, pero sigue imposibilitándole encontrar una vivienda de mercado, estiman y, por tanto, se podría producir un desahucio sin alternativa.

Además, incluyen en su comunicado que hay unos requisitos que por su redactado dejan fuera a quienes viven de alquiler en una habitación o quienes compartiendo piso el afectado por el ERTE no es titular del contrato, y otras circunstancias como personas en precario. Un texto que, afirman, no ha sido enmendado pese a las enmiendas facilitadas por la propia PAH hace meses para mejorarlo y que nadie se quede atrás.

En cuanto a los desahucios por hipoteca, reconocen que sí se prorrogó la moratoria anterior del Partido Popular incrementando el tope de ingresos para acogerse, pero por ejemplo siguen quedándose fuera hogares sin hijos, pues sólo recoge los casos de vulnerabilidad más grave. Esto significa que podrían verse desahuciadas personas incluso perteneciendo a un grupo de riesgo ante la COVID-19.

Y también lamentan que ante todos estos desahucios el único parche de la Administración están siendo unos días en albergues para personas sin hogar que ni están adaptados para familias con niños ni son un hogar estable y seguro en estos momentos de rebrote vírico.