Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red criminal dedicada, presuntamente, al favorecimiento de la inmigración irregular y falsedad documental.

La operación denominada “Cayón” se inició a raíz de una comunicación de la Policía Local de Santa María de Cayón el pasado 17 de febrero del 2020, en la que informaba del incremento inusual de solicitudes de empadronamiento en los pueblos cántabros de Santa María de Cayón, Castañeda y Penagos. En estos empadronamientos figuraban en todos ellos contratos de arrendamientos, que eran tramitados por una ciudadana española que regentaba una inmobiliaria.

A raíz de esta información se da comienzo a las gestiones por parte de los investigadores, revelando la existencia de una inmobiliaria que se estaba dedicando al alquiler de pisos en las zonas descritas anteriormente. Con posterioridad, una vez obtenidos de los ayuntamientos respectivos, los certificados de empadronamiento y de convivencia, solicitaban en la oficina de Extranjeros de Santander, solicitudes de reagrupación familiar.

La dirección de la trama la llevaba en todo momento la propietaria de la agencia inmobiliaria asentada en Santa María de Cayón, Cantabria, quien no solo se dedicaba al alquiler de los pisos, sino que intermediaba en las gestiones que se debían de realizar en los ayuntamientos y en alguna ocasión presentó documentación en la Oficina de Extranjeros, bajo la excusa de que los solicitantes de las reagrupaciones no hablaban español. Debido a que los extranjeros que alquilaban los pisos, no residían en los mismos, la gestora de la inmobiliaria coordinaba el pago de los suministros, entre los propietarios y los arrendatarios.

El sistema utilizado consistía en la oferta de los pisos que la agencia inmobiliaria controlaba, a ciudadanos extranjeros que residían y trabajaban en el País Vasco. Una vez contactaban con la agencia, se desplazaban a los pisos para la firma de los contratos de alquiler, dándose la circunstancia que los contratos se firmaban dos veces y en lugares diferentes, no llegando nunca a coincidir los propietarios y los inquilinos. Una vez obtenidos los documentos que precisaban (certificados de empadronamiento y convivencia), regresaban al País Vasco, no llegando a residir nunca en los domicilios que arrendaban.

Se da la circunstancia que alguno de los pisos que se ofertaban fue alquilado en tres ocasiones en el periodo de un año.

En las declaraciones que se practicaron a los propietarios, estos manifestaron que no llegaron a conocer personalmente a sus inquilinos, que recibían mensualmente la renta en sus cuentas y que los recibos de suministros los enviaban directamente a la agencia inmobiliaria, quien se encargaba de gestionar el cobro de los mismos.

DIEZ DETENIDOS

Se han detenido en Bilbao a un total de ocho personas, por delitos de falsedad documental. Un detenido en Irún también por falsedad documental y en Santander, se detuvo a la principal investigada por delitos de favorecimiento de la inmigración irregular y falsedad documental.

Con la investigación se ha evitado la concesión de 36 autorizaciones de residencia por reagrupación familiar y se ha evitado el “efecto llamada”, que la actividad estaba generando en el Valle de Cayón y por extensión en las solicitudes de reagrupación familiar.