Cantabria recibirá 22.141.310 euros de los 2.000 millones que el Ministerio de Hacienda repartirá entre las Comunidades Autónomas correspondiente al tramo educativo del Fondo COVID, cuyo importe total asciende a 16.000 millones.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la orden ministerial de Hacienda que establece este reparto en base al Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento.

Estos 2.000 millones del tramo educativo se repartirán en el mes de septiembre y el Gobierno de España trabaja para que las comunidades reciban estos recursos a inicios de la próxima semana.

La delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, ha destacado que el Fondo COVID “refleja el compromiso del Gobierno con el estado autonómico y garantiza que las regiones cuentan con los recursos suficientes para ofrecer servicios públicos esenciales a los ciudadanos durante la pandemia”.

En este punto, Quiñones ha ensalzado el esfuerzo que, junto con el Gobierno de España, están realizando las Comunidades Autónomas para garantizar un regreso seguro a las aulas y ha indicado que, con estos nuevos fondos, podrán afrontar gastos extraordinarios como la contratación de más personal o la implementación de nuevas medidas de prevención y de higiene en los centros educativos.

Los 2.000 millones aprobados hoy se suman a los 6.000 millones ya abonados en julio del primer tramo asociado al coste sanitario de la COVID-19, y de los que Cantabria recibió 64,7 millones de euros.

Esto supone que ya se han puesto a disposición de los territorios la mitad de los recursos de este fondo extraordinario que, ha recordado Quiñones, “supone la mayor transferencia del Estado a las comunidades al margen del sistema de financiación autonómica”.

En concreto, este fondo no reembolsable está dotado con un total de 16.000 millones de euros para financiar el impacto de la pandemia y compensar la reducción de los ingresos autonómicos por la menor actividad económica.

La orden publicada hoy en el BOE explica la distribución de los 2.000 millones del tramo asociado a educación. Esta cantidad se reparte conforme a dos variables como son la población de 0 a 16 años (80%) y a la población de 17 a 24 años (20%), según las cifras del padrón.

EL FONDO COVID

El Fondo COVID-19 aprobado por el Gobierno de España busca dotar de liquidez a las comunidades para afrontar los efectos de la pandemia. Así, el fondo tiene un carácter no reembolsable -las comunidades no tienen que devolverlo- y no genera más deuda ni intereses a las regiones, ya que el coste lo asume el Estado.

Este fondo está formado por cuatro tramos que tienen en cuenta las necesidades de financiación de las CCAA en materia de sanidad, educación y de merma de ingresos.

A finales del mes de julio se realizó la transferencia de 6.000 millones del primero de los dos tramos asociados al coste sanitario, que entre ambos suman 9.000 millones, más de la mitad del fondo.

De hecho, el segundo tramo sanitario del fondo alcanzará los 3.000 millones y se abonará en noviembre. Los criterios de reparto se basarán en los ingresos UCI (25%); los pacientes hospitalizados (20%); las pruebas PCR totales realizadas (10%); y en la población protegida equivalente (45%). Las variables sanitarias serán las notificadas a 31 de octubre, lo que permitirá evaluar el impacto de la pandemia en los próximos meses para hacer el reparto en función de su impacto.

Por último, el cuarto tramo del fondo está dotado con 5.000 millones de euros y se repartirá en diciembre a las CCAA de régimen común para compensar los menores ingresos por la reducción de la actividad económica. De este tramo se reservan 800 millones que se distribuirán de acuerdo a criterios asociados al impacto presupuestario en el ámbito del transporte público.

Asimismo, el Fondo COVID-19 se suma a otros recursos ya aprobados por el Ejecutivo para financiar a las administraciones autonómicas. En concreto, las comunidades recibirán este año del sistema de financiación la cifra récord de 115.887 millones, un 7,3% más que en 2019, lo que supone 7.907 millones más. De hecho, el pasado mes de julio ya recibieron el pago principal de la liquidación del sistema de financiación de 2018, en concreto 7.073 millones de euros de un total de 10.730 millones de euros.

STEC EXIGE CONTRATAR MÁS PROFESORADO

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria (STEC), ha  querido mostrar su opinión tras conocer la noticia del reparto del tramo educativo del Fondo COVID. Inicialmente en el STEC se había calculado que este fondo le supondría a Cantabria alrededor de 22 millones de euros. Esta cantidad se cuestionó por parte de la Consejería de Educación rebajándola sucesivamente hasta situarla finalmente en 18 millones de euros.

La Consejería de Educación no contó toda la verdad, según STEC, con este tema o estaba muy mal informada, a lo que últimamente «nos tienen acostumbrados tanto ella como el presidente de Cantabria que dice que la ratio de las aulas es de 15 alumnos por aula», afirman.

Desde el STEC han querido denunciar que la Consejería de Educación nunca ha querido hablar claro con este asunto, cuestionando primero la existencia de este fondo, negando después que se fuese a transferir a comienzo de curso y rebajando sensiblemente, por último, la cuantía correspondiente a nuestra Comunidad Autónoma.

Ahora este sindicato cree que se demuestra que las contrataciones de profesorado para hacer frente a la COVID-19 que ha efectuado la Consejería (poco más de 200) y que supondrán un desembolso de unos 9 millones de euros resultan ridículas comparadas con las que podía haber realizado si hubiese empleado todo el Fondo en ello. Razonan que cuando se dijo que dicho fondo iba a ser sólo de 18 millones de euros, ya se podían haber contratado algo más de 400 docentes, así que ahora que se conoce que a van a ser 22,1 millones de euros se puede elevar esa cifra hasta cerca de los 500 docentes.

Desde el STEC exigen que este recurso económico de naturaleza no reembolsable se emplee íntegramente en la enseñanza pública, contratando a todo el personal necesario para reducir las ratios en todos los niveles y etapas del sistema educativo. Además de la evidente mejora de la calidad del sistema educativo, sostienen que ésta es la principal medida de prevención de la pandemia, convirtiendo las aulas en un entorno mucho más seguro. Por último, piden transparencia para conocer cómo y cuándo se va a gastar este fondo.

En todo caso, desde el STEC manifestan una preocupación más general relativa a la financiación de los servicios públicos y de la educación en particular.  Consideran que hacer un reparto en función sólo de criterios poblacionales es perjudicial para territorios como Cantabria con población envejecida y con una clara dispersión geográfica, por ejemplo. Los 22,1 millones les parecen insuficientes si defendemos un reparto más justo de este tipo de fondos estatales.

LOMBÓ DESTACA EL ESFUERZO DE LOS CENTROS PARA ADECUARSE A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

La consejera de Educación, Formación Profesional y Turismo, Marina Lombó, ha destacado hoy el esfuerzo que están desarrollando los equipos directivos y el personal docente y no docente de los centros educativos cántabros para adecuarlos a las medidas de prevención.

Así lo ha manifestado tras visitar hoy los centros de Educación Especial Parayas y el CEIP José Arce Bodega, coincidiendo con la jornada en la que llega a los más de trescientos centros educativos de Cantabria el grueso del material de prevención adquirido mediante compra generalizada por parte de la Consejería.

Lombó ha reconocido que todos «han realizado y están realizando» un trabajo excelente para trasladar las medidas contempladas en el protocolo de la vuelta a las aulas a la «realidad» de sus centros.

Con todo, ha reconocido, se detectarán positivos en las aulas, porque los centros son un ámbito que «reflejará» la situación epidémica del conjunto de la sociedad. Por ello, lo importante será conseguir una respuesta ágil y adecuada, que evite la transmisión en el entorno escolar y minimice el cierre de unas aulas.

Para Lombó, y siempre que las autoridades sanitarias no indiquen otra cosa, la presencialidad será un «objetivo», porque los niños y adolescentes «necesitan volver a las aulas». Una necesidad, ha proseguido, que es «más evidente aún» en el colectivo de alumnos más vulnerables.

Así, tras comprobar la «excelente» adecuación tanto de espacios como de organización realizado en el Centro de Parayas, ha subrayado que la presencialidad es «especialmente importante» entre el alumnado con necesidades especiales, que necesitan, más que ningún otro, volver «a sus rutinas».

En relación al material, Lombó ha subrayado que, desde las primeras orientaciones publicadas en junio, los centros han ido adquiriendo su propio material de prevención, que se suma a la compra que, de forma centralizada, ha efectuado la Consejería por un importe superior a los 870.000 euros. En concreto, ya han recibido batas impermeables y las 210.000 mascarillas reutilizables, y entre hoy y mañana recibirán el resto de material: mascarillas (higiénicas, FFP2 y con ventana), gafas, guantes, pantallas faciales y termómetros.