Desinformación es dar información manipulada o insuficiente de forma intencionada al servicio de ciertos fines. Últimamente estamos asistiendo a auténticas campañas de desinformación. Veamos dos ejemplos que considero muy significativos de manipulación informativa cuya finalidad es crear una opinión favorable al apoyo a determinadas decisiones políticas que afectan a dos derechos fundamentales como son la vivienda y las pensiones.

En los últimos años en la sociedad española han surgido algunos movimientos sociales que, al margen de partidos políticos y sindicatos, han puesto de manifiesto situaciones de injusticia social y han conseguido poner en la agenda política problemas a los que las instituciones no estaban poniendo soluciones. Dos de estos movimientos son el movimiento antidesahucios y el movimiento de defensa del sistema público de pensiones.

El movimiento stop desahucios ha conseguido no solo parar desahucios que dejaban a familias en situaciones dramáticas, sino que ha conseguido cambiar algunas normas que eran escandalosamente abusivas en los préstamos hipotecarios y promover cambios legales que hagan efectivo un derecho fundamental como es el de la vivienda para toda la ciudadanía.
El movimiento de pensionistas surgió por oposición a las últimas reformas de las pensiones de 2011 y 2013 que se orientaron a reducir gastos retrasando la edad de jubilación y reduciendo las pensiones mediante la ampliación de los años de cotización y su no revalorización respecto al IPC. La movilización de millones de pensionistas consiguió retrasar algunas de las medidas y que las pensiones se revalorizaran respecto al IPC, incrementando más las más bajas.

Estos movimientos sociales se organizaron para defenderse de las medidas de austeridad promovidas por los gobiernos tras la crisis del 2008. Ahora, que estamos viviendo una nueva crisis económica motivada por la pandemia del coronavirus, estamos asistiendo a un bombardeo, en los medios de comunicación, de informaciones manipuladas que intentan crear un clima de opinión favorable a nuevas medidas restrictivas de estos derechos fundamentales, porque, no olvidemos que, el derecho a una vivienda y a una pensión digna, son derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

En el tema de los desahucios, están apareciendo informaciones sobre ocupaciones de viviendas de gente que está de vacaciones y a los ocupas no se les puede echar porque las nuevas normas dificultan su expulsión o la retrasan hasta conseguir una sentencia judicial. Hay hasta un anuncio en radio y televisión en el que una familia se decide a contratar los servicios de una empresa de seguridad, no solo para evitar los robos, sino para evitar que la ocupen. Parece que ahora debemos estar confinados en casa, no por el coronavirus, sino para evitar que nos ocupen la casa. Es absolutamente falso, como han puesto de manifiesto prestigiosos juristas, que si alguien entra en tu vivienda habitual, incluso en la secundaria, necesites un largo proceso judicial para poder echarlos. Sería un delito de allanamiento de morada y, por tanto, la actuación policial y el desalojo es inmediato.

Se trata de sembrar temor ante el movimiento ocupa y crear una opinión favorable a un cambio legislativo que facilite los desahucios, medida que solo beneficia a las entidades bancarias y fondos buitre, que son las propietarias de la inmensa mayoría de las viviendas ocupadas. No se ocupan las viviendas particulares de la gente, se ocupan las viviendas vacías que son propiedad de los bancos por impagos de hipotecas. No es más que desinformación con una finalidad muy clara.

Respecto al tema de las pensiones, estos últimos días se están publicando informaciones que intentan convencernos de que el sistema público de pensiones es insostenible. El argumento es muy simple: cada vez hay más pensionistas y durante más tiempo porque encima cada vez vivimos más, mientras que, al disminuir la población activa, habrá menos trabajadores y por tanto menos cotizantes con lo que no habrá dinero para pagar las pensiones.

Este argumento demográfico es una verdad a medias, es decir, se presenta algo creíble y se toma eso como buena razón para creer que el resto de la argumentación es verdadera. Aunque hoy haya más población anciana con respecto a la población activa que antes, para las cotizaciones debemos tener en cuenta la población ocupada y en España con casi cuatro millones de parados no parece que el problema sea de falta de mano de obra sino más bien de falta de empleo y de tipo de empleo (economía sumergida, precariedad, …).

Además, hay una variable que no tienen en cuenta y es el aumento de la productividad debida a la tecnificación y automatización que hace que hoy un trabajador produzca mucho más que antes. Como demuestran Miren Etxezarreta y José Iglesias en su libro “El cuento de las pensiones” “Es verdad que el número de trabajadores puede disminuir, pero la producción, el PIB, aumenta. Desde 2015 en España el PIB ha aumentado entre un 2 y un 3% al año … Hay menos trabajadores, todavía muchos parados, pero más riqueza” y se preguntan: “¿adónde va a parar esta riqueza?”

Estos días, sesudos economistas intentan demostrar que los pensionistas recibimos más de lo que aportamos con nuestras cotizaciones. Olvidan, mejor dicho, ocultan, que el sistema público de pensiones en España es un sistema de reparto, es decir, que las pensiones actuales se pagan con las cotizaciones de los trabajadores actuales, como las cotizaciones de los pensionistas de hoy sirvieron para pagar las pensiones en el pasado. Es un sistema intergeneracional, solidario, no es un sistema de capitalización o acumulativo en que el trabajador cotiza a una entidad bancaria y una vez jubilado recibe lo que ha acumulado. Así funcionan los sistemas privados.

Por otra parte, ¿por qué las pensiones tienen que ser financiadas solo por los trabajadores?, ¿por qué no se financian como el resto de los gastos colectivos, como la sanidad, la educación, el ejército, las carreteras o la casa real? Si las pensiones son un derecho, deberían financiarse por toda la sociedad, como el resto de los gastos sociales, por los presupuestos generales del Estado. ¿Se imaginan que la educación tuviese que ser sufragada solo por aquellas familias que tengan hijos en edad escolar o que la sanidad pública se financiara con las cotizaciones de los enfermos? No he oído decir a nadie que el sistema sanitario, la educación pública o el ejército son insostenibles, a pesar de que todos ellos son deficitarios.

Que no nos engañen, los estudios que aparecen estos días sobre las pensiones de Centros de Estudios Económicos, del Banco de España, … camuflan como estudios técnicos o profesionales lo que son visiones ideológicas, posiciones políticas que defienden los intereses de una minoría. Lo cierto es que las pensiones públicas en España suponen más de 140.000 millones de euros anuales, un negocio muy apetecido por los grandes entes financieros ya que constituyen depósitos de dinero a largo plazo pues no se rescatan hasta la jubilación. De aquí el interés por impulsar los sistemas privados de pensiones que quieren imponer desde la UE. ¿Alguien puede explicar por qué los sistemas privados de pensiones son rentables y, en cambio, el sistema público de pensiones es insostenible?

La salida de la actual crisis puede ser una oportunidad para conseguir una sociedad más justa y equitativa. Los ejemplos anteriores de desinformación pretenden justificar una serie de medidas de política económica neoliberal cuyo resultado hemos sufrido en la anterior crisis: debilitamiento de los servicios públicos, privatizaciones de servicios esenciales, precarización en el empleo, aumento de la pobreza, mayores diferencias entre ricos y pobres, … Aprendamos de los errores, fortalezcamos los servicios públicos y ampliemos los derechos fundamentales a toda la ciudadanía.