Cantabria firmará un convenio con el Estado para crear un registro único de personas con ludopatías
El Gobierno de Cantabria y el Ministerio de Consumo establecerán un convenio de colaboración para crear un registro único de interdicciones de acceso al juego, una base de datos común e interconectada que mejorará el control de aquellas personas con ludopatías que solicitan tener prohibido el acceso a locales de juego.
La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, lo ha anunciado tras participar en el pleno del Consejo de Políticas del Juego, en el que están representadas las autonomías y el Ministerio de Consumo, y el que se ha acordado avanzar en la normativa y en el modelo técnico necesario para la conexión entre todos los registros existentes en el país.
Fernández Viaña ha apuntado que Cantabria “sigue dando los pasos necesarios para que el juego sea una práctica responsable y se proteja a los colectivos considerados de riesgo”, como las personas con ludopatías y los menores.
En relación al convenio con el Estado, ha señalado que su departamento tiene “muy avanzada” la aplicación informática que se conectará con el registro estatal y que está vinculada a su vez al proyecto normativo del servicio de admisión que se encuentra en tramitación. El objetivo del nuevo decreto de Cantabria es que el registro de interdicciones, que opera ahora solo para casinos y bingos, se aplique a todos los establecimientos de juego.
Ambas herramientas facilitarán a los operadores la ejecución del servicio de admisiones y un mejor control de los accesos tanto de menores como de personas con ludopatías. Así, saltará un aviso en el caso de las personas que se hayan inscrito en el registro de interdicciones para que no entren en ningún establecimiento de juego de Cantabria.
De cualquier forma, ha apuntado que el Gobierno cántabro ha optado desde hace más de un año por derivar las inscripciones del registro de interdicciones autonómico al estatal y mejorar la protección de aquellos ciudadanos que se quieren autoprohibir, al incluir tanto el juego on-line como el presencial.
Por eso, ha valorado la importancia de que las comunidades y el Estado hayan acordado hoy impulsar un modelo técnico y una normativa compartida sobre los registros de prohibidos e interconectar los existentes en todas las autonomías.
“Conseguiremos un sistema de protección óptimo y que la existencia de varios registros sobre la materia no perjudique a la ciudadanía”, ha subrayado Fernández Viaña, que ha recordado en su intervención en el Consejo las medidas restrictivas para limitar el crecimiento del sector del juego emprendidas desde 2018 dentro del programa de juego responsable, como es el caso de las distancias entre locales de juego o, más recientemente, dentro de sus competencias de control, con la puesta en marcha de un plan de inspección extraordinario para controlar la entrada de menores a salones de juego y casas de apuestas.
Actualmente, la comunidad autónoma, a través de un grupo de trabajo impulsado desde el Gobierno de Cantabria, trabaja en la redacción de una nueva ley del juego autonómica encaminada a dar respuesta a los cambios a raíz de las nuevas tecnologías y combatir de forma global los efectos nocivos sobre la salud.
También ha establecido una nueva normativa sobre la caducidad de los estudios de viabilidad necesarios para la concesión de las posteriores licencias de apertura, que ha posibilitado que hayan decaído en el último tiempo más de 14 nuevas licencias de salas de juego en Cantabria. Por último, en esta materia, ha prorrogado la suspensión de concesión de autorizaciones de explotación de máquinas tragaperras.
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