La adjudicataria de las basuras de Santander incumplió el contrato desde el inicio, pero el control se interrumpió
Cuida Santander, el nuevo nombre de la empresa concesionaria de las basuras en la capital (en realidad una unión de empresas entre dos sociedades del grupo SADISA, entre ellas la constructora ASCAN) no hizo mucho honor a su nombre, a tenor de lo que constatan distintos informes municipales a los que ha tenido acceso EL FARADIO en los que se reflejan los incumplimientos que han llevado a iniciar este lunes la resolución del contrato.
Desde la falta de inversión en maquinaria hasta los gastos no consumados en campañas de sensibilización, pasando por una política de personal que no compensaba las reducciones en la plantilla o, en la ciudad Smart, su no conexión al sistema de datos general de la ciudad.
El resultado, 7 millones de euros y un “quebranto” al interés general de los santanderinos que afectó a un servicio “esencial”, la limpieza de la ciudad.
Pero no toda la responsabilidad se puede achacar únicamente a la empresa: la documentación municipal constata que al principio del contrato sí que se produjeron acciones de control y sanciones, que no se retomarían hasta cinco años después, o como al no buscarse una revisión de precios, el Consistorio renunció a un ahorro de alrededor de 600.000 euros.
LOS INCUMPLIMIENTOS SE PRODUJERON DESDE EL INICIO, PERO LUEGO EL CONTROL SE INTERRUMPIÓ
Los incumplimientos se produjeron desde el inicio de la prestación, y se “dispararon” a partir de 2018, con un aumento “acusado” de las reclamaciones.
En este sentido, la alcaldesa ha incidido en que en la plataforma ‘El pulso de la ciudad’, de 2014 a 2019 han aumentado las quejas en un 81%; mientras que en el registro municipal el incremento ha sido de 250% y en llamadas del 234%.
Ya al inicio de la ejecución del servicio se impusieron a la empresa tres penalizaciones, por los retrasos en el déficit de inversión de maquinaria –y que fueron confirmados por la justicia–, por importes que sumaban 427.910, 23 euros.
Sin embargo, el control del servicio que se tradujo en esas tres penalizaciones “no ha tenido continuidad” hasta 2018, y los expedientes que derivaron en las penalizaciones no comenzaron hasta 2019.
En total, se han producido 24 expedientes. En lo que va de año, la empresa ha acumulado ocho faltas graves y una leve.
UN SERVICIO POCO SMART: NO SE CONECTÓ AL SISTEMA GENERAL DE DATOS DE LA CIUDAD
La plataforma de gestión no cumple con los requisitos previstos: de hecho, se explica que Y esa plataforma se consideraba una herramienta “fundamental” para el control, lo que hizo “muy complicado” el control de las prestaciones contratadas. En total, la concesionaria del servicio de basuras de Santander incumplió el contrato en conceptos valorados en 7 millones de euros, tal y como ha comprobado el servicio de Intervención en un informe de control financiero. De ellos, la mayor parte, 1,5 millones, lo fueron en medios técnicos, pero también se constata un déficit de personal cifrado en casi tres millones de euros. Asimismo, se detallan gastos en la utilización de la plataforma por valor de 828.240 euros, y gastos de publicidad por importe de 688.832,20 euros. La recogida del cartón en comercios se cuantifica en 163.687 euros, las dotaciones en playas a 222.877 y la ampliación del parque de papeleras, en 65.438 euros. En cuanto al gasto en publicidad, esto es, a campañas de sensibilización, sólo se acreditó la inversión de 530.879 euros, pero quedaría otra parte, 688.823 (el importe se calcula en base a un porcentaje sobre el total del contrato), por lo que la empresa deberá devolver ese dinero. Además, no se produjo una revisión de precios desde el inicio del contrato, lo que hubiera supuesto un ahorro “considerable” para el Ayuntamiento, calculado en 624.132 euros. También se habla de irregularidades en los medios personales y técnicos. En cuanto a los medios humanos, no destinó al servicio el número de trabajadores a que estaba obligado por el pliego, además de no contar con el permiso del Ayuntamiento para las decisiones en materia de trabajadores (un permiso que era “preceptivo” y tampoco se compensó con medios técnicos el descenso de personal, como planteó la empresa en su propia oferta. Por ejemplo: si tenían una baja de más de 7 días, no la sustituían. En un informe por finalizar se aprecian ya discrepancias entre el número de trabajadores que tenían que subrogarse y los que en realidad fueron subrogrados. En este punto, se refieren a los retrasos en los pagos de las nóminas a los trabajadores, que, remarcan, suponen un incumplimiento más de sus obligaciones (que establecían que la empresa debería cumplir con el convenio colectivo). Y advierte de que con nuevos retrasos, las movilizaciones del personal para que se cumplieran los pagos responsabilidad de la empresa “pondrían en peligro la estabilidad y continuidad de este servicio esencial”. En cuanto a los medios técnicos, no ha acreditado la inversión en maquinaria que se comprometió a realizar, y se perciben discrepancias entre lo que ofreció por su parte y la realidad. Son incumplimientos que afectan de manera sustancial al servicio, que se consideran “esenciales”, es decir, que impiden “alcanzar el objetivo del contrato”, que no es otro que “mantener unos altos estándares de limpieza en la ciudad”. Esto se tradujo en una “defectuosa” prestación de los servicios, con la consecuencia de un “incorrecto” funcionamiento del servicio que tuvo “consecuencias muy negativas” para los santanderinos, al tratarse de un servicio público “esencial por su incidencia en la vida de los ciudadanos”. Se genera, por tanto, un “quebranto grave del interés general”. Así, se enumeran incumplimientos como el deficiente mantenimiento, limpieza y vaciado del parque de papeleras, o una “muy deficiente” limpieza y mantenimiento de los contenedores. El informe repasa las reiteradas advertencias de los servicios técnicos, así como los expedientes de penalización y las comunicaciones, pese a los cuales se seguían produciendo incumplimientos “graves” de las condiciones del pliego, y se constata la “ineficacia” de acciones previas como los expedientes previos o los requerimientos de todo tipo. Ante el incumplimiento “sistemático” y “reiterativo” se hizo “necesario” aplicar medidas “más contundentes”. La apertura del expediente achaca toda la responsabilidad de los incumplimientos a la empresa, citando los artículos del pliego que incumple. La empresa podrá ser oída, y otra de las medidas del Ayuntamiento es la resolución del contrato de control del servicio.INCUMPLIMIENTOS POR VALOR DE 7 MILLONES
EL AYUNTAMIENTO PERDIÓ 642.132 EUROS POR NO REVISAR LOS PRECIOS Y ABONÓ POR CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD QUE NO SE HICIERON
SIN RENOVACION DE MEDIOS HUMANOS NI INVERSIONES TÉCNICAS
UNOS INCUMPLIMIENTOS QUE GENERARON UN “QUEBRANTO GRAVE DEL INTERÉS GENERAL”