PSOE y Unidas por Santander (UxS) han registrado la solicitud de comparecencia del gerente de la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander (SVS), José Antonio Gómez Izaguirre, por la sentencia judicial que aflora cláusulas abusivas en alquileres públicos municipales.

Así lo han formalizado este viernes, en un escrito firmado por los portavoces de las formaciones, Daniel Fernández (PSOE) y Miguel Saro (UxS), para que se convoque una Comisión Extraordinaria y Urgente de Desarrollo Sostenible, que piden que sea grabada, al amparo de la Ley, para que el fichero se incorpore al acta de la sesión.

En la comparecencia de Gómez Izaguirre, PSOE y UxS pedirán explicaciones sobre los contratos de alquiler social suscritos por la SVS, y en concreto sobre aspectos de la sentencia judicial destacados en la información publicada por la Cadena SER, como la exigencia al inquilino de abonar el importe del IBI o los gastos de la comunidad de propietarios. “Lo nunca visto en arrendamientos entre privados está pasando en la empresa pública de vivienda. Y a un precio que es de todo menos social”, ha denunciado Fernández (PSOE).

También llaman la atención sobre la garantía de los electrodomésticos, que se limita a seis meses, además del propio importe mensual del alquiler, por encima de los 500 euros o el tipo de IVA aplicable. “Ponemos bastante en duda ese interés social en materia de vivienda municipal, como ya hemos dicho muchas veces”, ha cuestionado Saro (UxS).

Las dos formaciones recalcan que la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander, S.A., es “un medio propio” del Ayuntamiento de Santander, por lo que consideran que el ámbito para la información, el debate y la discusión es la Comisión de Pleno solicitada.

“UN ASUNTO GRAVE CUANDO UN JUEZ VE CLÁUSULAS ABUSIVAS Y CONTRARIAS A LA LEY”

El portavoz del PSOE ha enfatizado que “cuando un juez aprecia cláusulas que no sólo son claramente abusivas sino además contrarias a la Ley en contratos de alquiler públicos que deberían ser sociales, estamos hablando de un asunto muy grave”.

Por este motivo, Fernández ha solicitado explicaciones sobre “esta sentencia que hoy es noticia y que es una vergüenza en términos de políticas públicas de vivienda”. “Queremos saber cuántos casos como este hay en Santander y si este es el modelo de alquiler público del PP, porque puede haber cientos de santanderinos afectados”, ha advertido.

“Necesitamos saber cuántos santanderinos están afectados y exigiremos al PP que corrija estas prácticas abusivas, injustas y antisociales”, ha remachado.

UXS CUESTIONA EL INTERÉS SOCIAL EN MATERIA DE VIVIENDA MUNICIPAL

El portavoz de Unidas por Santander, Miguel Saro, quiere conocer cómo se gestiona el patrimonio del Ayuntamiento con criterios de interés social. ”Se predica que hay una red de viviendas de alquiler social pero las cláusulas que se imponen son nulas por ser abusivas y contrarias a la ley propia ley de Arrendamientos Urbanos”, ha recordado, por lo que pone “bastante en duda ese interés social” en materia de vivienda municipal.

En este sentido, Saro ha señalado que ha pedido “aclaraciones sobre cuestiones como si el Ayuntamiento paga religiosamente los gastos de comunidad y el IBI de los inmuebles que pone en arrendamiento, al margen de que lo hagan o no lo propietarios”, porque “de no hacerlo provocaría un gran quebranto al conjunto de las comunidades, que no sólo son propiedad municipal”.

“También queremos saber si han predispuesto este tipo de cláusulas abusivas a todos los contratos, por lo que la nulidad podría extenderse el resto de contratos de alquiler social”, ha subrayado finalmente.

AL GERENTE DE LA SVS LE PARECE «INCONCEBIBLE» QUE SE CUESTIONE UNA SENTENCIA JUDICIAL

La justicia ha avalado las cláusulas de los contratos de las viviendas de alquiler con opción a compra promovidas por la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS), en la sentencia de una demanda por impago a una inquilina que fue interpuesta por dicha Sociedad en diciembre de 2018.

Así lo ha asegurado el gerente de la SVS, José Antonio Gómez, quien ha explicado que el fallo judicial acredita que se incluya en el contrato el requerimiento del pago de una garantía adicional de dos mensualidades y también del IBI y los gastos de comunidad.

Por ello, ha calificado de «extremadamente grave» que el portavoz socialista y de UxS «tengan la osadía de cuestionar una sentencia judicial» cuando el juez deja claro que, según el régimen legal actual «la repercusión al arrendatario de tales gastos y tributos es conforme a la Ley».

Para el gerente de la SVS es «inconcebible» la postura del PSOE y UxS ante un fallo judicial contundente, que no deja lugar a dudas sobre la legalidad de las cláusulas de los contratos, y más, teniendo en cuenta de que los precios por metro cuadrado de los alquileres con opción a compra de esta promoción fueron aprobadas en Consejo de Administración de la Sociedad el 1 de octubre de 2014 por unanimidad, es decir, incluidos los representantes de los grupos de la oposición.

Además, el magistrado quita la razón a la inquilina, que en su defensa tachó las cláusulas de abusivas, afirmando que la fianza «no puede considerarse desproporcionada, ya que garantiza el pago en caso de incumplimiento, que a la vista está que ya se ha producido».

De esta forma, lo único que reprocha el juez a la SVS es que no se detallaran en el contrato las cantidades que se tenían que abonar como IBI y gastos de comunidad, «porque en el momento de formalizarse dicho contrato de alquiler con opción a compra la comunidad aun no estaba constituida y por tanto dichas cantidades se desconocían», ha explicado Gómez.

Esta demanda fue promovida por SVS contra una inquilina en diciembre de 2018 por impago, donde se la reclamaban las deudas hasta esa fecha. En octubre de 2017 ya hubo otra demanda de SVS hacia la misma inquilina por la que fue condenada al pago de las deudas, que ascendían a 3.222 €.

Posteriormente, en enero de 2018, se firmó con ella un acuerdo para facilitar el pago e ir poniéndose al día de la deuda, pero la cantidad impagada siguió aumentando a lo largo de 2018, por lo que en diciembre de 2018 se le reclamó nuevamente, lo que derivó que en marzo de 2019 esta sentencia le condenase al pago de 4.168,51 € que eran las rentas acumuladas desde diciembre de 2018.

La sentencia da la razón a la SVS y condena a la inquilina a pagar el alquiler adeudado y también las costas judiciales, si bien le eximen del IBI y los gastos de comunidad al no haber quedado fijadas las cantidades en el contrato «puesto que cuando se firmó no se había constituido aún la Comunidad de Propietarios ni el Ayuntamiento había publicado los precios del impuesto –que se actualizan cada año-«, ha remachado Gómez.

El gerente de la SVS ha recalcado también que, cuando una persona accede a un contrato de este tipo, el precio no incluye únicamente la vivienda, sino también el garaje y el trastero. En este caso en concreto el coste de alquiler de la vivienda con opción a compra, de 111 metros cuadrados construidos, además del garaje y el trastero, es de 427,97€ al mes, «lo que representa 3,8 euros por m2 al mes, que es menos de la mitad del alquiler medio en Santander», ha matizado.

Asimismo, Gómez ha precisado que este tipo de viviendas con opción a compra «no son de alquiler social». Como es sabido, el Ayuntamiento dispone de viviendas de alquiler social en otros inmuebles donde se calcula la renta en función de los ingresos con un mínimo de 100 euros al mes y un precio medio de 180 euros por mensualidad.

Pero es que, además, ha incidido en que «la SVS ha sido sensible al estado de vulnerabilidad social de la inquilina permitiendo que siga disfrutando de esa vivienda de tres dormitorios, garaje y trastero a pesar de que no ha cumplido con la sentencia y no ha abonado desde entonces las cantidades pendientes por el alquiler».

En este sentido, ha expresado su desconcierto porque «ni el PSOE ni UxS hayan hecho alusión alguna a la situación de la persona demandada, que también ha sido atendida por los Servicios Sociales del Ayuntamiento». «Parece que al portavoz socialista y de UxS solo les interesa criticar, mentir y manipular, resultándoles indiferente la situación de la ciudadana que ha perdido la demanda, a la que no aluden en ningún momento en sus declaraciones», ha apostillado José Antonio Gómez.

La promoción de viviendas construidas por la Sociedad en las que reside la persona demandada cuenta con una rebaja de 10% por debajo del valor que dicta la calificación de VPO del Gobierno de Cantabria, con lo cual la vivienda, con garaje y trastero tiene un futuro precio de 128.391,73 € más IVA, tal y como consta en su contrato.

Sobre ese precio se aprobó aplicar un descuento para los alquileres de un 20% sobre el que establece la Ley de VPO, -es decir, que se aplica un porcentaje del 4% anual en lugar del 5% posible-, lo que finalmente da como pago resultante los 427,97 € mensuales.

Y de esta cantidad, el 80%, es decir 342,38 €, también se le restarán del precio de esa vivienda a los inquilinos si finalmente optan a la compra, por lo que el coste neto de alquiler para los futuros compradores en estas viviendas sería de tan solo 86 euros al mes, dado que el resto es deducible a la adquisición.

Por último, cabe recordar que el precio de renta medio de las 229 VPO en alquiler que actualmente gestiona SVS tienen un precio de 366 € más IVA, teniendo en cuenta que la totalidad de ese impuesto se descontará en el momento de comprar la vivienda a los 10 años.