El Ayuntamiento de Santander, a través de la Sociedad Vivienda y Suelo (SVS), tendrá que revisar los contratos de alquiler con opción a compra de al menos 199 viviendas públicas (VPO), tras la sentencia, desvelada por la Cadena Ser, que ha anulado cláusulas que imponen al inquilino el cobro del IBI y los gastos de comunidad, por abusivas y contrarias a la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Así lo ha informado el PSOE tras la sesión urgente y extraordinaria de la Comisión de Desarrollo Sostenible en la que ha comparecido el gerente de SVS, José Antonio Gómez Izaguirre, a petición del Grupo Socialista y Unidas por Santander, y en la que el gerente ha confirmado que la sentencia que anula cláusulas abusivas llevará a revisar el resto de contratos, al menos en los 199 de alquiler con opción a compra.

Aspecto este del que no ha informado el equipo de Gobierno al dar cuenta de la comisión en su nota de prensa, en la que la referencia a la SVS se ciñe a este párrafo literal:

“Por otro lado, en la Comisión de Desarrollo Sostenible se ha vuelto a dar cuenta de las características de los contratos de alquiler con opción a compra de la Sociedad de Vivienda y Suelo, que ya se explicaron ayer en el Consejo de la sociedad y que han sido avaladas por una sentencia judicial”.

En realidad, la sentencia judicial no versaba sobre los contratos de alquiler, sino sobre un caso de desahucio de una inquilina, y en el texto de la sentencia se mencionaba expresamente que las cláusulas eran abusivas.

En este sentido, el portavoz del PSOE ha afeado al PP haber “ocultado” a “la oposición, la opinión pública y todos los vecinos de Santander” la sentencia que anula las cláusulas abusivas. “Y siguen mintiendo públicamente”, ha denunciado, mientras “en privado ya admiten que tienen que revisar los contratos por las cláusulas abusivas”.

Según el PSOE, el concejal de Vivienda y presidente de SVS, César Díaz (PP), y el gerente de la empresa pública de Vivienda, Gómez Izaguirre, han tenido que reconocer en Comisión la existencia de esas cláusulas abusivas y contrarias a la Ley, por lo que “se ha cobrado durante años el IBI y los gastos de comunidad a los inquilinos de forma indebida”.

“Tendrán que revisar esos casi 200 contratos para adaptarlos a la legalidad”, ha subrayado Fernández, que advierte de que el PSOE estudia ya medidas para que “el Ayuntamiento repare a los santanderinos por los abusos de la empresa municipal de vivienda”.

Por último, el portavoz socialista ha insistido en que este asunto es “muy grave”, y ha considerado que es “una vergüenza en términos de políticas públicas de vivienda que la empresa municipal impulse seis demandas de desahucio”, todo ello sin informar al Consejo de Administración de SVS, por lo que pedirá que se depuren responsabilidades por esta actuación “injusta, abusiva y antisocial”.

Otro “burdo intento” del PP de iniciar una comisión a puerta cerrada y ultrasecreta

Por otra parte, el portavoz socialista ha denunciado que el PP ha vuelto hoy a intentar, como hiciera el pasado 23 de noviembre, introducir en la Comisión de Desarrollo Sostenible su planteamiento de análisis del contrato a puerta cerrada y ultra secreto, que ya obtuvo el rechazo del Pleno en el mes de octubre.

Un “burdo intento”, ha afeado Fernández, porque “todos los demás partidos nos mantenemos firmes en que la investigación tiene que ser reglada”, a través de una modificación rápida del Reglamento que dé cabida a las comisiones de investigación, grabadas y retransmitidas “para público conocimiento de los vecinos, que pagan impuestos y tienen derecho a conocer sobre asuntos públicos como son los servicios públicos”.

Otro aspecto que no ha mencionado el PP en su nota, en la que se limita a informar de que ha facilitado documentación a la oposición. “Seguimos trabajando en el análisis del contrato con la máxima transparencia y diligencia, para que todos los grupos políticos puedan revisar rigurosamente los aspectos que forman parte del servicio”, ha explicado César Díaz.

Desde el PSOE, Daniel Fernández ha subrayado que el Grupo Socialista analizará la documentación que ha entregado el PP en la Comisión de Desarrollo Sostenible, de cara a la celebración antes de la primavera de esa comisión de investigación pública de la trama de las basuras.

Al respecto, recalca que alguno de los documentos facilitados – no todos- responden a solicitudes que hizo el PSOE en el mes de septiembre, por lo que se han dilatado más de tres meses en su entrega por las “maniobras dilatorias” y la “opacidad” del equipo de Gobierno, tal y como ha denunciado reiteradamente el principal partido de la oposición.

“Hoy se demuestra que el PP mentía cuando decía que nos habían facilitado toda la información. Y todavía queda documentación por entregar”, ha advertido el portavoz del PSOE.

En otro orden, y tras la Comisión de Desarrollo Sostenible, el Grupo Socialista ha solicitado por registro dos sentencias que estiman parcialmente recursos interpuestos por la concesionaria del servicio de recogida de basuras (Ascan-Geaser) contra las penalizaciones impuestas por el Ayuntamiento en el mes de junio en relación a los incumplimientos del contrato de limpieza viaria y otros servicios.

El portavoz socialista, Daniel Fernández, ha denunciado la opacidad del equipo de Gobierno PP-Ciudadanos, que no ha informado de estas sentencias de las que se dieron cuenta en la Junta de Gobierno Local del 9 de diciembre y que pueden ser importantes en la disputa jurídica entre Ayuntamiento y Ascan-Geaser por el inicio de la resolución del contrato que se dirige también a los tribunales.

“Es preocupante que, al tiempo que el PP anuncia avances en el procedimiento de resolución del contrato, la concesionaria gane al Ayuntamiento en los tribunales. Por eso PP y Ciudadanos nos ocultan estas sentencias. Y por eso pedimos esa información, porque en está en juego el interés municipal y mucho dinero público”, ha explicado Fernández.

El portavoz del PSOE subraya que las sentencias son firmes y, por lo tanto, deberían haberse publicado en la web municipal – que no se actualiza desde el mes de febrero-.