La actividad de los juzgados y tribunales de Cantabria se vio afectada durante 2020 por la pandemia que a mediados de marzo del pasado año paralizó todos los ámbitos de la vida social y económica del país.

La suspensión de plazos y términos judiciales acordada con la declaración de estado de alarma el 13 de marzo y que se extendió durante doce semanas supuso la ralentización de la actividad judicial no esencial.

Pasadas esas semanas, al permitirse la reanudación de la actividad, la menor disponibilidad de espacios por la necesidad de respetar aforos, los tiempos de espera adicionales entre actuaciones para asegurar la higiene y ventilación de los locales, y el mayor número de ausencias justificadas del personal, dificultaron la labor ordinaria de los órganos judiciales.

Todos estos factores derivados de la pandemia tuvieron como consecuencia al cierre del ejercicio de 2020 un descenso de los procedimientos incoados en los órganos judiciales de Cantabria del 18,2 por ciento, al pasar de 96.289 en 2019 a 78.797 en el año que acaba de terminar.

Del mismo modo, las resoluciones finales dictadas también fueron menos: un 19,5 por ciento. Mientras que en 2019 se pusieron 37.839, en 2020 éstas fueron 30.459.

Los documentos firmados durante el pasado año ascendieron a 154.027, un 16,1 por ciento menos que en 2019; y las notificaciones telemáticas, 41.937, un 8,6 por ciento menos.

A la hora de analizar estos datos, hay que tener en cuenta que durante el periodo en que estuvo vigente la suspensión de plazos y términos –entre el 13 de marzo y el 4 de junio- los órganos judiciales de la región no dejaron de funcionar, ya que atendieron las actuaciones consideradas urgentes y, en la medida de lo posible, avanzaron en los asuntos que se encontraban en trámite.

Tanto los miembros de la carrera judicial como los letrados y letradas de la administración de justicia pudieron teletrabajar, y los funcionarios atendieron con servicios mínimos las oficinas judiciales.

Por otro lado, en cuanto a las comunicaciones recibidas en los órganos judiciales, durante el pasado año se registraron 4.302 escritos de ejecución –un 18,8 por ciento menos-, y 146.315 de trámite –un 2,7 por ciento menos.

Sin embargo, el resto de escritos se incrementaron un 20, 8 por ciento -64.616 respecto a 53.496 en 2019- lo que se explica por el mayor uso que se da a la tramitación electrónica y también por la reiteración de escritos que se pudo producir como consecuencia de la ralentización que sufrió la tramitación de los procedimientos.