La plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes reclama una reforma fiscal del sistema eléctrico que siga el modelo vigente en Portugal, es decir, con tasas variables del IVA, de entre el 4 % y el 21 %, en función del consumo y la capacidad adquisitiva, que han sido aceptadas por la Comisión Europea.

Según explican, en 2019 Portugal redujo el IVA de los costes fijos de la factura del 23 % al 6 %, para los hogares con una potencia contratada hasta 3,45 Kw, que afectan a la mayoría de unidades familiares.

La medida permite crear incentivos ambientalmente responsables y socialmente justos, porque permite que las unidades familiares con menos ingresos controlen más sus consumos de electricidad.

Este colectivo ha protagonizado este martes dos concentraciones (una por la mañana y otra por la tarde) frente a la sede de Repsol (donde antes estaba la de Viesgo, en el Paseo Pereda), denunciando los altos precios de la electricidad.

Tal y como han recordado, el pasado 8 de enero de 2021, el precio de la electricidad marcó un precio medio de casi 95 €/MWh, el mayor desde 2002, y el precio máximo alcanzó los 114 €/MWh, el más alto desde 2010 cuando se llegó a 145 €/MWh.

Y explican que se trata de un problema persistente, en especial en los meses más fríos, además de ser un asunto complejo del que se han abierto varias investigaciones, sin éxito, y en el que confluyen varios factores, desde los problemas con el mercado de gas y Argelia, cuyo gas es la fuente principal de los ciclos combinados.

Pero también otros elementos, como que la gran hidroeléctrica y los ciclos combinados siguen “en manos de las grandes eléctricas”, que las utilizan “en función de sus intereses, que se ha puesto una vez más en evidencia que no son los generales.”

Asimismo, aclaran que el funcionamiento del mercado mayorista de electricidad “poco o nada tiene que ver con cualquier otro mercado”, dado que su configuración “refleja desde hace más de dos décadas el extraordinario poder que ejercen las empresas eléctricas dominantes”.

Como señalaba Jorge Fabra (ex presidente de Red Eléctrica de España), durante estas semanas los precios de la luz se han incrementado en algunos momentos hasta un 100%, mientras que los costes de generación de esa energía apenas se lo hacían en un 4%, lo que “demuestra la incapacidad del mercado eléctrico ibérico para trasladar correctamente –tanto en momentos puntuales, como de forma estructural– los costes reales de la generación de energía”

Se trata de “un enorme problema económico y social, que viene de lejos y tiene su explicación fundamentalmente por la regulación establecida en 1997 por el gobierno de Aznar”, con las subastas ‘marginalistas’ del mercado mayorista, que “han establecido un sistema subordinado a los intereses de un poderoso oligopolio empresarial, que genera notables disfuncionalidades en nuestra economía y hace que el precio de la electricidad para las familias españolas sea el 5º más caro de la UE”

Este sistema eléctrico, advierten, lastra la capacidad de consumo de muchos hogares y contribuye a un alto nivel de pobreza energética (6,8 M de personas sufren en España temperaturas inadecuadas en la vivienda en invierno y en verano o no pueden o se retrasan en el pago del recibo).

Además, en otra esfera de actividad, los elevados precios de la electricidad conllevan problemas de competitividad para numerosas empresas, por los sobrecostes que se ven obligadas a asumir.

Aunque se han dado algunos pasos para abaratar la factura de la luz en términos del fuerte impulso a las energías renovables y la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que permitirá que parte de los costes fijos asociados al régimen retributivo de las renovables dejen de formar parte del recibo de la luz y pasen al conjunto del sistema energético, Cantabria por lo Público incide en que “hacen falta medidas más audaces para abaratar realmente los costes del suministro eléctrico y evitar episodios como los recientes”.

Entre esas medidas, mencionan la revisión de los pagos por capacidad, la modificación de la factura eléctrica con el objetivo de reducir los costes fijos que se representan en el término de potencia o el desarrollo de una “auténtica estrategia de transición justa paralela al ambicioso despliegue de energías renovables”

La lucha contra la pobreza energética precisará asimismo de un nuevo bono social «multicombustible», no solo incluya la electricidad sino también el gas canalizado y el GLP (butano y propano), asumido por todas las comercializadoras (no solo las de referencia vinculadas al oligopolio) y cuyo fin sea permitir que cualquier familia pueda realizar un consumo mínimo vital de energía, añaden.

LA ENERGÍA RENOVABLE: DERECHO SOCIAL

Por otra parte, Verdes Equo Cantabria organizaba este martes un Webinar sobre la energía, especialmente la renovable, como un derecho social de la ciudadanía y un servicio público básico cuyo suministro se debe garantizar.

Un asunto abordado de la mano de Ana Etchenique, de la CECU (Confederación de Consumidores y Usuarios), Rosa Fraga de la PX1NME (Plataforma por un Nuevo Modelo Energético), Aurora Blanco de Ecooo y Gabriel Moreno de la cooperativa cántabra Solabria, que reivindican que «otro modelo energético no sólo es posible y real sino que además es más ético, democrático, ecológico, económico y respetuoso con las personas y con nuestro planeta Tierra».