Brigadas Internacionales dePaz (PBI, miembro de la Coordinadora Cántabra de ONGDs), trae este martes a Cantabria experiencias de defensores delos derechos humanos en América Latina.

En concreto, junto con la Cátedra Jean Monnet de Derecho de la Unión Europea y el Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cantabria, organizan el seminario Virtual «Defender la vida. Experiencias de defensa de los derechos a la tierra, el territorio y el medio ambiente en América Latina».

En él, contarán con la presencia de Juan Carlos Flores. Abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua – Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT), México; y Julia Figueroa. Abogada y Directora de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCALCP), Colombia.

Será este martes 23 de 15 a 17 horas; (será de 9:00 a 11:00 horas en hora de Colombia: y de 8:00 a 10:00 en hora de la Ciudad de México.

El acto contará con la presentación de Ángel Pelayo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria; y Rubén Mantecón Agudo, de Brigadas Internacionales de Paz – PBI Estado español.

Además de los activistas, intervendrá Juan Hernández Zubizarreta, profesor del Departamento de Derecho de la Empresa en la Universidad del País Vasco e Investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).

EL CASO DE MÉXICO

El contexto de México pasa por la recuperación post-covid, basada allí en grandes inversiones de los que se advierte que muchas veces están más ligados a intereses de empresas extranjeras, y se documentan casos de violencia en zonas de implantación de grandes proyectos internacionales, con impacto a población indígena local.

En línea con esta lucha, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua – Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT) es una organización de comunidades de los tres Estados en resistencia, desde 2011, al Proyecto Integral Morelos (PIM).

El PIM representa una afectación a pueblos indígenas nahuas ya que incluye a dos termoeléctricas de ciclo combinado y gran capacidad en Huexca, un gasoducto cruzando los estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala, una línea de torres de alta tensión y un acueducto desde Cuautla – con participación de las empresas españolas Abengoa, Elecnor y Enagás, y la italiana Bonatti.

Además, el PIM contempla la industrialización de los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos con la instalación de grandes parques industriales, como la de Ciudad Textil en Puebla. Se estima que este gasoducto afecta a 29 municipios incluyendo 108 ejidos y con una zona de influencia de aproximadamente 800.000 personas afectadas.

La lucha del FPDTA ha resultado en la criminalización de personas defensoras de derechos humanos, amenazas y ataques, y en 2019, el asesinato –aún impune– del conocido defensor de derechos humanos Samir Flores. Esta situación de inseguridad ha persistido e incluso se ha deteriorado tras múltiples señalamientos por parte de autoridades federales.

En el proyecto PIM participan empresas españolas como Abengoa, Elecnor y Enagas, estas dos últimas recibieron financiación pública a través del Fondo de Internacionalización de la Empresa (FIEM) gestionado por la Secretaría de Estado de Comercio, en concreto un crédito por valor de 39,7 millones de euros en 2012, comprometiendo de esta forma no solo a las empresas, sino también al Estado español en las graves vulneraciones de derechos humanos.

Hacer efectiva esta responsabilidad demanda la puesta en marcha de las medidas necesarias para frenar y revertir el proyecto, así como para evitar otros casos similares por parte de compañías españolas que tengan algún apoyo del Estado español.

Uno de los intervinientes en este evento es Juan Carlos Flores Solís es abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua- Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT).

Es miembro fundador del FPDTA-MPT y desde el año 2008 ha participado en la defensa de los bienes naturales y territorios de diversas comunidades en la zona centro del Estado de Puebla, apoyando desde el 2012 la lucha también contra el PIM en Morelos y Tlaxcala a través de proporcionar información a las comunidades sobre las consecuencias del proyecto y buscar la unión de pueblos y comités afectados por el megaproyecto.

En el año de 2014 fue encarcelado por su labor de defensa contra la imposición del Gasoducto Morelos, estando preso durante 10 meses en el Cereso de Cholula, Puebla y perseguido judicialmente prácticamente desde que salió hasta mediados de 2018. Juan Carlos fue acusado en 3 procesos penales diferentes por los delitos de: ataque a infraestructura hidráulica, despojo, extorsión, motín, robo agravado de dos celulares, obstrucción de obra pública, privación ilegal de la libertad contra funcionario público y pandillerismo.

En el año de 2014 fue reconocido con la Medalla Nacional de Derechos Humanos Emilio Krieger y en
2015 fue finalista del Premio Internacional de Derechos Humanos Front Line Defenders (FLD), siendo el orador inicial del encuentro internacional de defensores de derechos humanos FLD.

Durante su estancia en la cárcel pudo culminar sus estudios de Licenciatura en Derecho y a su salida comenzó a generar y fortalecer la defensa jurídica del FPDTA-MPT logrando la suspensión de toda actividad contaminante de la termoeléctrica sobre el Río Cuautla, la suspensión del gasoducto y mantener las suspensiones del acueducto obtenidas previamente por ejidos de Ayala, Morelos.

Llevando los casos de alrededor de 14 amparos contra el Proyecto Integral Morelos y otros megaproyectos en Jalisco contra la termoeléctrica La Charrería, logrando la suspensión de la misma, otros casos en Puebla y Yucatán contra un parque fotovoltaico.

Juan Carlos es delegado del Congreso Nacional Indígena y forma parte de su equipo de abogados.
Recientemente volvió a recibir amenazas de detención y cuando asesinaron a Samir Flores tuvo que salir de su domicilio por las amenazas de muerte en su contra y contra otros 5 compañeros del FPDTA-MPT principalmente de Amilcingo.