Pasaje Seguro se reunirá este lunes con la delegada de Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, para trasladarle su malestar por el operativo policial que se produjo esta semana en Santander contra jóvenes migrantes que permanecen en un inmueble en Nueva Montaña antes de ir a Reino Unido desde el Puerto, que han tachado de “desproporcionada”.

Desde este colectivo ya han advertido en varias ocasiones sobre la estigmatización de estos jóvenes, como la que hizo la Autoridad Portuaria al señalarles como polizones y responsabilizarles de los malos resultados económicos o la pérdida de rutas (finalmente, antes de la pandemia los resultados del Puerto fueron positivos, y se han ido anunciando nuevas rutas).

Desde Pasaje Seguro han llamado la atención sobre el operativo, recordando que la falta de papeles es una situación administrativa y no un delito, además de cuestionar que se hubieran producido problemas de inseguridad que hubieran justificado la acción.

“El sector progresista de nuestra sociedad civil entiende muy mal o no entiende en absoluto, que un gobierno progresista actúe, en determinadas ocasiones, con formas excesivamente parecidas a las que podrían ser el eje de actuación de cualquier gobierno de cualquier otro signo político. Pensamos que esas actuaciones, amplificadas en sectores determinantes de los medios de comunicación, afortunadamente no en todos, dan alas a los grupos de ultraderecha que siembran el odio y que tienen en los sectores más desfavorecidos de la inmigración, el objetivo más fácil para practicar su nauseabunda demagogia”, apuntan desde Pasaje Seguro.

Un aspecto en el que ponen el énfasis es que el edificio de la zona de Nueva Montaña al que hace alusión la nota de la Policía Nacional es domicilio fijo de diversas personas, lo que implicaría la consideración de morada, sujeto a derechos y con intervención judicial necesario, mientras que el cuerpo se refirió al inmueble como un punto “de reunión” y no de estancia, como vienen constatando desde hace tiempo las personas que les ayudan.

Además, recuerdan que “desde hace más de un año, y con ocasión de la declaración del estado de alarma de marzo del año pasado, y durante varias semanas, este grupo de trabajo y diversas instancias del Gobierno Regional estuvieron tratando de dar alojamiento más digno y seguro a esos ciudadanos extranjeros, lográndolo finalmente”

También lamentan que el tratamiento hacia esos ciudadanos es el de presuntos delincuentes. “Nos costó en su día, y conseguimos, que la Autoridad Portuaria no denominara polizones a ciudadanos que todavía no habían embarcado, ni siquiera franqueado los límites del puerto. Es simplemente un contrasentido gramatical. Pero puede ser mucho más”, aclaran.

Finalmente, añaden que respetan la necesidad de que los cuerpos de seguridad del Estado bajo sus órdenes cumplan con sus atribuciones, “pero, a la vez, no vamos a dejar de afirmar que la proporcionalidad en el uso de esas atribuciones es parte esencial cuando las órdenes provienen de un gobierno progresista”, apostillan.