De buscarles alojamiento a detenerles: vuelven las acciones contra los ciudadanos albaneses

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El año pasado, en plena pandemia, se constató un tímido cambio de tendencia respecto al trato a los jóvenes albaneses que esperaban en un edificio abandonado en Nueva Montaña para poder abandonar Cantabria. Estaban allí como paso previo a su marcha al Reino Unido a través del Puerto –que se refería a ellos como “polizones”, y por quienes elevó y elevó la valla que separa sus instalaciones de la ciudad, y que presagió marchas de empresas y malos resultados económicos–.

Entonces, se pasó de multar al grupo de personas que les llevaban comida y material básico para su día a día a buscarles alojamiento ante la situación de insalubridad en que se encontraban.

Se hizo en el Monasterio de Soto Iruz, en unas instalaciones para personas sin hogar habilitadas en un planteamiento coordinado entre la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, la Delegación de Gobierno en Cantabria, la asociación Nueva Vida -que atiende a personas sin vivienda y gestiona distintos albergues—y la Iglesia.

Pero las imágenes de primera hora de la mañana de este miércoles en EL DIARIO MONTAÑÉS ya anticipaban un cambio, al informar de un amplio despliegue policial en la zona de Nueva Montaña, sin que entonces trascendieran los motivos del potente dispositivo desplegado, si bien los conocedores del asunto algo se barruntaron de que podía referirse a esto.

Finalmente, la Policía Nacional ha confirmado el despliegue de un amplio dispositivo para “garantizar la seguridad del perímetro exterior del Puerto”.

El operativo se ha saldado con un total de 17 personas identificadas, 6 de las cuales han sido detenidas por estancia irregular.

En concreto, se ha realizado la inspección de un edificio desocupado en la zona de Nueva Montaña, lugar que, según el Puerto, utilizaban para reunirse personas de nacionalidad extranjera en situación irregular, de forma “ocasional”.

No se especifica si era un lugar en el que dormían y desarrollaban su vida hasta que pudieran abandonar el país (de ser así, distintas interpretaciones jurídicas apuntan a que podría considerarse como morada, término que se aplica a donde se desarrolla la intimidad de las personas y les protege, como por ejemplo sucede en recintos hosteleros, según se ha advertido durante la pandemia).

El balance final de la operación fue de 17 personas identificadas y 6 detenidos por infracción a la Ley de extranjería, por estancia irregular. Durante la operación también fue intervenida diversa documentación que está siendo comprobada en la actualidad.

Los detenidos son todos ellos varones originarios de Países del Este y con edades comprendidas entre los 36 y los 19 años.

En dicho dispositivo han intervenido agentes pertenecientes al Grupo Operativo de Extranjeros, de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, apoyados por indicativos del Grupo de Atención al Ciudadano (G.A.C.), y la Unidad de Prevención y Reacción (U.P.R.), ambos pertenecientes a la Brigada de Seguridad Ciudadana.

LA VALLA CRECIENTE

La Autoridad Portuaria de Santander llevaba años señalando a este colectivo, e incrementó el perímetro de la valla que rodea el Puerto y su altura, asegurando que de esta forma se evitarían los accesos (y a pesar de eso se interceptaron accesos a través de intervenciones policiales).

Asimismo, se señalaron estos accesos como causantes de la pérdida de líneas portuarias, como la conexión irlandesa de Britanny Ferries –que la propia compañía atribuyó a distintas causas, entre ellas la mejor preparación del Puerto de Bilbao para los tráficos con Reino Unido–.

Tiempo después de estas afirmaciones, no fueron los accesos al Puerto sino la pandemia y el parón global de la economía el que perjudicó los resultados económicos –que previamente, según los datos de la Autoridad Portuaria, no se habían resentido–. Mientras, compañías asentadas en Cantabria han incrementado sus líneas de transporte, constatando así el incumplimiento de los pronósticos de los que advirtió el expresidente del Puerto.

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