Juventudes Socialistas (JJSS) de Santander ha pedido implantar una tasa a las casas de apuestas y “reformular” la nueva Ley del Juego de Cantabria para prohibir “expresamente” las acciones promocionales del sector, porque utilizan “tácticas realmente agresivas” como “la gratuidad del servicio de bar” en el que es su “principal medio de atracción de clientes”.

Como explica la organización juvenil en sus alegaciones al anteproyecto de ley, el propio texto “identifica el papel de la publicidad en la promoción del juego”, por lo que pide reformular el artículo 7.3 que “admite la entrega de artículos promocionales inferiores al 10% del salario mínimo interprofesional”.

Una cantidad equivalente a 100 euros que es “intolerable”, según denuncia en una nota de prensa el secretario general de Juventudes Socialistas de Santander, Yago Nan, que defiende sus alegaciones como “una respuesta a la misma preocupación que tienen miles de familias de los barrios más humildes de Santander”.

De esta manera, JJSS Santander pide limitar a dos apuestas diarias a menores de 30 años; incrementar de 500 metros a un kilómetro la distancia de los locales de apuestas a centros educativos y de tratamiento de adicciones; endurecer el régimen sancionador y crear un Observatorio Autonómico del Juego porque, según su criterio, hay un “déficit de información sobre las actividades de juego y las consecuencias que provoca en las personas”.

“La prestación de servicios de juego acarrea una serie de consecuencias antisociales que justifican limitar el principio de libertad empresarial y libre mercado”, argumenta JJSS Santander, y cita datos de la Dirección General de Ordenación del Juego del Gobierno de España que reflejan que “una de cada 16 personas ha mostrado cierto riesgo, problemas o patologías relacionados con los juegos de azar a lo largo de su vida”.

Entre otras consecuencias del juego, destacan afecciones personales como el padecimiento de enfermedades relacionadas como la ansiedad, depresión o trastornos psicosomáticos; problemas sociales, de aislamiento del afectado de su entorno y quiebra de la convivencia familiar; problemas patrimoniales, como la destrucción de ahorro y la generación de “importantes deudas” e incluso la “incitación a la persona a la criminalidad”.

Por estos motivos, la organización juvenil del PSOE de Santander plantea que sea obligatorio que los locales de juego desarrollen “planes específicos” para evitar la entrada de menores de edad y personas que padezcan ludopatía al interior de los locales, así como para la detección de conductas de adicción al juego entre sus clientes para negarles la entrada.

En concreto, deberán crear un registro diario (que no será público) en el que se anotará a todas las personas que accedan al local junto a una copia de su DNI, con la obligación de facilitar el listado semanalmente a la Consejería para “detectar conductas reiterativas” y “prevenir a tiempo lo que podría derivar en ludopatías o adicciones al juego”.

Asimismo, los locales deberán contar con “vigilantes de control de acceso”, limitar a dos apuestas diarias a menores de 30 años, prohibir el pago en efectivo para importes superiores a 80 euros, garantizar las condiciones de luz natural que permitan tener noción del tiempo en el interior de los locales y ampliar las limitaciones a la realización de publicidad o promoción, que será “únicamente en horario nocturno”, “nunca” en vallas publicitarias, mupis o camisetas, y siempre con advertencias legales sobre el juego responsable y los riesgos de adicción.

Y para “evitar la existencia de locales de juego en los barrios obreros, más vulnerables” y “limitar el número máximo de locales por localidad, especialmente en las ciudades donde más problemas han creado”, se propone ampliar “considerablemente” las distancias, “al menos en un kilómetro” respecto de centros educativos y de tratamiento de adicciones, y a un “mínimo” de 500 metros con instalaciones deportivas y centros sanitarios.

Una tasa para financiar el Observatorio, tratamientos y sensibilización

JJSS Santander cuestiona  que mientras el beneficio reside “exclusivamente” en las empresas que desempeñan esta actividad, el “coste derivado de los perjuicios sociales que generan lo sufragan las arcas pública y los perjudicados”, por lo que considera que  “debe establecerse una tasa específica que corresponde pagar a propietarios de locales de juego”.

Con esta tasa se financiaría un Observatorio Autonómico del Juego, “todo tratamiento de una adicción patológica generado por el juego en nuestra comunidad” y “los programas de sensibilización encaminados a que las personas menores de edad de nuestra comunidad conozcan los peligros del juego”.

Este Observatorio tendría la función de “proveer de la información suficiente para la toma de decisiones y auditar las políticas públicas”, para lo que elaboraría estudios para cuantificar el coste para las arcas públicas y los perjudicados de las actividades de juego, estudiar el mercado de juego autonómico, el perfil del jugador o la prevalencia, así como el impacto de los juegos de azar en los nuevos deportes electrónicos de cara a una futura legislación específica en esta cuestión.

Además se encargaría de los planes de sensibilización, de la eficacia y eficiencia en la prevención de las adicciones patológicas generadas por el juego y de “auditar toda política pública relacionada con el juego”.

Para ello, se regularía el deber de las administraciones locales y otros entes públicos de “ejercer con regularidad las obligaciones que les corresponda en materia de inspección”, aportando al Observatorio toda la información que pudiera ser de utilidad.

Respecto al régimen sancionador considera “necesario” aumentar el periodo de prescripción de las sanciones graves y muy graves, a tres y cinco años respectivamente, para “garantizar un mayor control y persecución de los posibles incumplimientos por parte de los titulares de salones de juegos y apuestas”.

Por último, pide modificar el artículo 66 sobre medidas cautelares “ampliándolo a la posibilidad de suspender o precintar el local hasta que se resuelva el procedimiento sancionador”, en aquellos casos de indicios reales de haber cometido infracciones graves, como por ejemplo en casos de publicidad o promoción no autorizada