STOP Desahucios denuncia que este martes, el SAREB o banco malo pretende desahuciar en la localidad de Bóo de Piélagos a una familia de cinco miembros, con una persona discapacitada y un bebé de 15 meses.

Según el escrito enviado a los medios, el juzgado de instrucción nº 3 de Santander emitió hace varios meses orden de lanzamiento contra el matrimonio formado por Daniel y Ana, de 46 y 47 años de edad, sus dos hijas, de 26 y 21 años, y su nieta, Melody, de 15 meses.

Desde la plataforma, explican que Daniel es un parado que ha trabajado para el Ayuntamiento de Piélagos en Renedo como peón forestal durante seis meses, hasta febrero de 2021. Anteriormente fue camionero hasta el año 2018 en Copica, empresa que se fue a pique ese mismo año. Ana tiene diversos trastornos (hipotiroidismo, osteoartrosis) y cuenta con un reconocimiento de discapacidad permanente. Ana trabajó también para el Ayuntamiento de Piélagos durante 2019 y en épocas anteriores limpiando casas y cuidando personas mayores hasta el año 2017, momento en el que empezó a sufrir sus actuales problemas de salud.

El comunicado añade que la familia de Ana y Daniel residen en la vivienda de Bóo desde el año 2018, fecha en la que ya estaban sin trabajo los dos desde hacía tiempo.

Explican que el propietario del piso es la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que denunció al matrimonio a sus dos hijas por usurpación en el año 2019. El Sareb o “banco malo” es una entidad creada en 2012 para “sanear el sistema financiero español”, es decir, un banco dedicado a la compra de los activos tóxicos (inmuebles e hipotecas o créditos impagados o de difícil cobro) de la mayoría de los bancos españoles, de cara a limpiar sus balances contables. Según su web corporativa, el 54,1% del accionariado es privado (de bancos y aseguradoras) y el otro 45,9% es público. Los principales accionistas del Sareb son el Estado español, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el Banco Santander (22,23%) y Caixabank (12,24%). “Estaríamos hablando de una entidad cuyo mayor accionista con diferencia es el Estado español y que, sin embargo, sigue practicando desahucios contra familias pobres sin ningún empacho”, puntualizan en la plataforma Stop-Desahucios.

DEJADEZ DE LAS INSTITUCIONES

La familia, a través de uno de los asesores de la plataforma Stop-Desahucios, presentó el 11 de mayo un “incidente de suspensión extraordinaria de lanzamiento”, amparándose en el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma. Dicha norma prorrogaba las suspensiones de los procedimientos de desahucio y lanzamientos del estado de alarma, a pesar de haber finalizado el mismo. A pesar de que presentaron el escrito hace dos semanas, el pasado viernes todavía no se había decidido nada en el juzgado.

Igualmente, el 26 de marzo pasado presentaron una solicitud de alquiler social ante la D.G. de Vivienda. Es decir, hace dos meses. También el pasado viernes les informaron por teléfono que no tenían ningún piso para ellos en ese momento y les recomendaron que “abandonaran la vivienda y esperaran a que tuvieran un piso libre”.

STOP Desahucios añade que «por si no fuera suficiente, su abogado de oficio les informó cuando les comunicó la orden de lanzamiento, que “se desentendía del caso ya que había terminado su trabajo con ellos”. Algo a todas luces ilegal, según fuentes de la plataforma. El trabajo de un abogado termina cuando finaliza el procedimiento judicial, no antes. El letrado debería haber presentado el escrito de suspensión que ha tenido que redactar el asesor de la plataforma”, se quejan desde el colectivo Stop-Desahucios.

Por todas estas circunstancias, la plataforma Stop-Desahucios ha convocado una movilización anti-desahucios para mañana martes 25 de mayo a las ocho (8:00h.) de la mañana en la localidad de Bóo de Piélagos, en la Urbanización La Joya del Pas.