El pasado verano, una acción para frenar un desahucio en Astillero acabó con denuncias a varios de los participantes, que de momento se va saldando con multas mientras avanza el proceso que puede desembocar en un juicio contra ellos.

Para paliar esos costes económicos, se han activado sendas campañas de apoyo, desde el propio colectivo Ni desahucios ni represión, creado para arroparles y denunciar situaciones de represión a protestas, como desde el sindicato STEC.

Según explican en sus redes sociales, uno de los activistas fue arrastrado por fuerza con agentes del orden, que, tal y como relatan, le agredieron e insultaron, sin que su denuncia.

De forma paralela, han ido llegando cuatro multas a otros participantes de la acción, escudadas en la llamada Ley Mordaza, y entre ellos un menor de edad, de 15 años.

La suma de las multas asciende a 2.400 euros, pero los sancionados temen más gastos derivados del proceso judicial.

Desde Ni desahucios ni represión animan a “romper” el equilibro de las luchas y también a un apoyo global entre los colectivos, “entendiendo que la lucha por la vivienda está relacionada con todas las demás luchas sociales y los colectivos que las llevan adelante”.

“Necesitamos hacerles saber que cuando algunos compañeros son reprimidos, nos unimos tajantemente para responder. Necesitamos hacerles saber que ¡juntas lo paramos todo! No es sólo un lema”, aseveran.

Para apoyarles, además de contactar en https://twitter.com/nirepresion
o juntasloparamostodo@gmail.com, se pueden realizar aportaciones en el número de cuenta ES73 0239 0806 7025 8878 7321

Otra de las acciones realizadas es una rifa solidaria de una bicicleta, libros, tatuaje, discos y material de los distintos movimientos sociales, incluyendo mascarillas y textil en defensa de la Educación Pública-

Se pueden recoger las papeletas en las sedes del STEC en Santander o Torrelavega en horario de oficina. El bono de ayuda es de 1 euro.

Desde STEC, en cooperación con la Confederación Intersindical, reivindican la vivienda como un derecho fundamental —como reconoce la Constitución– y no como objeto especulativo de mercado.

El sindicato docente recuerda el añadido de la precariedad del empleo en Cantabria o la presión que supone para la vivienda el turismo de segunda residencia.

Así, citan que Cantabria es la comunidad con menor tasa de emancipación juvenil (14%) y uno de los territorios donde más porcentaje del salario hay que destinar a adquirir una vivienda, además de la existencia de 40.000 viviendas vacías y más de 500 desahucios cada año, en una situación que, advierten, “va a agudizarse terriblemente cuando pase el Estado de Alarma”.