Finalmente, se ha suspendido el desahucio previsto para este martes por parte de la SAREB (el conocido como banco malo) en Boo de Piélagos, que afectaba a una familia de cinco miembros, entre ellos una persona discapacitada y un bebé de 15 meses.

La plataforma STOP DESAHUCIOS había convocado acción para frenarlo, pero finalmente logró pararse tras aceptarse el escrito remitido al Juzgado.

El Juzgado de Instrucción nº 3 de Santander emitió hace varios meses orden de lanzamiento contra el matrimonio formado por Daniel y Ana, de 46 y 47 años de edad, sus dos hijas, de 26 y 21 años, y su nieta, Melody, de 15 meses.

Daniel es un parado que ha trabajado para el Ayuntamiento de Piélagos en Renedo como peón forestal durante seis meses, hasta febrero de 2021.Anteriormente fue camionero hasta el año 2018 en Copica, empresa que se fue a pique ese mismo año.

Por su parte, Ana tiene diversos trastornos (hipotiroidismo, osteoartrosis) y cuenta con un reconocimiento de discapacidad permanente. Ana trabajó también para el Ayuntamiento de Piélagos durante 2019 y en épocas anteriores limpiando casas y cuidando personas mayores hasta el año 2017, momento en el que empezó a sufrir sus actuales problemas de salud.

La familia de Ana y Daniel residen en la vivienda de Bóo desde el año 2018, fecha en la que ya estaban sin trabajo los dos desde hacía tiempo.

El propietario del piso es la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que denunció al matrimonio a sus dos hijas por usurpación en el año 2019.

Según recordaba STOP DESAHUCIOS, el Sareb o “banco malo” es una entidad creada en 2012 para “sanear el sistema financiero español”, es decir, un banco dedicado a la compra de los activos tóxicos (inmuebles e hipotecas o créditos impagados o de difícil cobro) de la mayoría de los bancos españoles, de cara a limpiar sus balances contables.

Según su web corporativa, el 54,1% del accionariado es privado (de bancos y aseguradoras) y el otro 45,9% es público. Los principales accionistas del Sareb son el Estado español, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el Banco Santander (22,23%) y Caixabank (12,24%).

La familia, a través de uno de los asesores de la plataforma Stop-Desahucios, presentó el 11 de mayo un “incidente de suspensión extraordinaria de lanzamiento”, amparándose en el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma.

Dicha norma prorrogaba las suspensiones de los procedimientos de desahucio y lanzamientos del estado de alarma, a pesar de haber finalizado el mismo. Todavía el viernes no se había recibido respuesta del Juzgado, que finalmente ha llegado.