Parado el desahucio en la calle Cardenal Herrera Oria de Santander

Karen y Jonatan, la pareja amenazada con tener que abandonar su casa junto a sus dos hijos pequeños, consigue un respiro con la suspensión de la orden de desalojo que estaba prevista para hoy a las 8 de la mañana.
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Decenas de personas han secundado el llamamiento de la plataforma STOP DESAHUCIOS para apoyar a Karen, Jonatan y sus dos hijos , y han logrado evitar el desahucio programado para hoy a primera hora en la santanderina calle Cardenal Herrera Oria, en La Albericia.

Después de que el Juzgado decidiera mantener el desahucio pese al informe municipal que confirmaba su situación de vulnerabilidad, se convocó la acción para frenarlo, a la que acudieron vecinos, amigos de la familia, activistas de STOP DESAHUCIOS o de la PAH, representantes de otros colectivos o partidos, como Cantabria No Se Vende, La Vorágine, La Lechuza, Izquierda Unida, Interpueblos o la exdiputada nacional de Podemos, Rosana Alonso,  y el exportavoz de Podemos Cantabria José Ramón Blanco, entre otros…

Finalmente, acudió la comitiva judicial y estaban también los cerrajeros, pero desistieron de actuar ante la presencia cívica, que ha concitado atención mediática, con presencia de medios estatales, y sin dispositivo policial.

UNA FAMILIA CON DOS PEQUEÑOS

En el presente caso, el lanzamiento va dirigido contra una familia de cuatro miembros: Karen, su pareja, Jonatan, y sus dos pequeños hijos, de dos años y medio, y nueve meses de edad.

La pareja se encuentra en situación de desempleo desde hace varios años y sobrevive gracias a los 650 euros del ingreso mínimo vital.

Hasta hace un año aproximadamente, Jonatan trabajaba de vez en cuando en un mercadillo, pero desde que estalló la pandemia no realiza ninguna actividad remunerada. En la avenida donde reside la familia, Cardenal Herrera Oria (zona Albericia), los vecinos ya han presenciado un buen número de desahucios, según fuentes de la plataforma Stop-Desahucios.

El caso de Karen y Jonatan es similar al de muchas familias que se vieron afectadas en su día por una crisis económica cuyos efectos se han sumado a los de la pandemia del COVID-19. Es una familia de cuatro miembros en una situación de pobreza a la que no han dado respuesta suficiente las instituciones públicas. Desde finales de 2018 residen en la vivienda de Cardenal Herrera Oria, objeto del desahucio.

DE LIBERBANK A UN FONDO

Entonces era propiedad de Liberbank y a los pocos meses, diciembre de 2018, fue adquirida por el fondo inmobiliario “Pirámides Real Estate SL” con sede en Madrid y cuyo objeto social es la compraventa de inmuebles.

Dicha vivienda estaba abandonada, en un estado deplorable, y usada por las palomas como habitáculo. La familia se ocupó de arreglar la vivienda y hacerla habitable; y ha intentando en varias ocasiones llegar a un acuerdo con el actual titular para pagar un alquiler, con resultados infructuosos.

De hecho, a los pocos meses de adquirir la vivienda, el “fondo buitre” -en palabras de la plataforma Stop-Desahucios – inició un procedimiento judicial de “desahucio en precario” contra la familia afectada.

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

El abogado de la familia presentó un nuevo recurso solicitando la suspensión ya que cumplen a rajatabla todos los criterios del Real Decreto-ley 37/2020, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes. Dicha norma iba dirigida inicialmente a los impagos de alquiler, pero mediante una reforma a los pocos meses (el Real Decreto-ley 11/2020) fue ampliada a otros procedimientos judiciales en el ámbito civil como los desahucios en precario.

Hace escasos días, los servicios sociales del Ayuntamiento de Santander emitían un informe social donde comunicaban al juzgado la existencia de una vulnerabilidad socioeconómica clara en nada menos que “cinco indicadores (económico, vivienda, social, familiar y personal)”.

A pesar de ello, el juzgado continuó con el objetivo del desahucio, dando cinco días de plazo para presentar alegaciones, en una fecha que hubiera sido posterior al propio desahucio.

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