El concejal de accesibilidad del Grupo Socialista, Alberto Torres, se ha reunido con el nuevo director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Gobierno de España, Jesús Martín Blanco, para «abordar las necesidades pendientes» del colectivo en Santander, así como para «promover la toma de conciencia» sobre la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que «se incumple» en el Ayuntamiento.

Durante el encuentro en Madrid se han abordado una serie de » incumplimientos» por parte del Ayuntamiento de Santander desde que Alberto Torres, primer concejal sordo usuario de Lengua de Signos de España, tomó posesión de su cargo hace más de un año, y que le impiden, entre otras cosas, desempeñar su labor como edil «en igualdad de condiciones».

En una nota de prensa, Torres ha vuelto a reclamar «algo tan sencillo, como que se retome la transcripción escrita de las intervenciones plenarias aún no se haya implantado, cuando existe un mandato del Pleno por una moción del PSOE, por lo que cada vez que tengo que revisar algo de lo sucedido en el Pleno, necesito de intérprete».

Y ha subrayado que el hecho de que las actas plenarias no sean accesibles «no es sólo una vulneración de los derechos» de sus derechos de representación como edil, sino también «una discriminación hacia el 10% de la población de Santander, más de 17.300 habitantes con algún tipo de discapacidad».

Para Torres, «la transcripción de los Plenos no es algo que requiera de una gran inversión, ni de unas medidas extraordinarias» sino que es «una cuestión de voluntad política». De hecho, la no transcripción de las actas vulnera sus derechos como responsable político e incumple con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Oficina Municipal de Discapacidad y Fondos Europeos para accesibilidad

En la reunión, a iniciativa de Torres, también se ha tratado la Oficina Municipal de Discapacidad, una iniciativa del Grupo Socialista aprobada en el Pleno del pasado mes de noviembre, que el responsable del Gobierno de España ha valorado «muy positivamente», según Torres que, no obstante, ha lamentado que «aún está pendiente de desarrollo».

El concejal socialista ha recalcado que las asociaciones, entidades y colectivos de discapacidad demandan la puesta en marcha de esta oficina, como ha podido constatar «personalmente» en «numerosas reuniones con quienes representan y defienden a las personas con discapacidad».

Torres ha recordado que ciudades como Valencia, Barcelona, A Coruña, Alicante, Jerez de la Frontera o Madrid ya cuentan con esta oficina que pretende ser «un espacio para la información, asesoramiento y asistencia» a las personas con Discapacidad.

Se trata de facilitar los trámites que necesitan hacer estas personas con la administración, merced al «contacto directo» con las diferentes jefaturas de negociados y servicios, lo que permite «priorizar la atención de las personas y colectivos con discapacidad», ha recalcado.

«Vuelve a ser una cuestión de prioridades políticas la puesta en funcionamiento esta Oficina que facilitaría la vida de muchas personas que sufren alguna discapacidad», ha reclamado.

Según ha asegurado Torres, Martín Blanco le comunicó también que «en el plano territorial se prevé que haya fondos europeos para que España sea un país más accesible y cumplir así con los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030».

A juicio del edil socialista será «un impulso económico» y «una oportunidad extraordinaria que Santander no puede desaprovechar para poder llegar a ser algún día una ciudad plenamente accesible», un hito «todavía muy lejano» porque «el equipo de Gobierno del PP ha abandonado las políticas de accesibilidad en las últimas legislaturas».

Reunión con la Confederación Estatal de Personas Sordas

Por último, el concejal se ha reunido en Madrid con Concha Díaz, presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas, para interesarse por el trabajo que realizan en todo el territorio nacional.

Torres ha destacado la reciente moción en el Senado sobre la incorporación de la lengua de signos española y catalana a la carta europea de las lenguas regionales o minoritarias; la necesidad de avanzar en la calidad de la interpretación de la lengua en la programación de RTVE, así como de mejorar la accesibilidad a la información y la comunicación de las personas sordas en el ámbito de las administraciones públicas y en los centros sanitarios.

Finalmente, ha apoyado la reivindicación de la CNSE de declarar la lengua de signos y sus expresiones culturales como Patrimonio Cultural Inmaterial.