Este mismo miércoles,  a las 19:00, una red de colectivos y personas de distintas ciudades han convocado concentraciones frente a las principales sedes de las eléctricas en nuestro país para decir alto y claro que ya basta de abusos y que tiene que bajar el precio de la luz.

Habrá en total 32 manifestaciones en todo el país. En Cantabria serán a las 19.00 horas en Santander (Paseo Pereda 30), Torrelavega (Calle José María Pereda 65) y Castro-Urdiales (Calle República Argentina 7), con el apoyo de colectivos como Cantabria por lo Público.

«Somos gente corriente: trabajadores y trabajadoras, autónomos, pequeños comerciantes; algunos participamos de colectivos, otros no, y estamos hartos de ver cómo nos aumentan el recibo de la luz mientras las eléctricas obtienen beneficios millonarios. Creemos que el interés general debe primar frente al interés privado, y que no podemos dejar un bien básico como la energía en manos de un oligopolio», explican los convocantes, entre los que figura en redes el PCTE y los Colectivos de Jóvenes Comunistas.

Y recuerdan, además, que «durante el año 2020, mientras nuestro país atravesaba una de las peores crisis de su historia, las grandes empresas energéticas obtuvieron unos beneficios de miles de millones de euros».

«Pese a ello, y sin atender a las necesidades de la población, estas empresas emprendieron una escalada del precio de la luz sin precedentes que está afectando seriamente tanto a las familias como a autónomos y pequeñas empresas. El pasado 14 de septiembre, ante el anuncio del Gobierno de medidas para bajar el precio de la luz, el oligopolio eléctrico amenazó con el cierre de las centrales nucleares, lo que supondría dejar al país sin el 25% de su energía. Esta medida, ilegal e ilegítima, expresa la prepotencia de unas empresas que pretenden chantajear al Gobierno y amenazar a la población», aseveran, en un llamamiento secundado por Verdes Equo Cantabria, que se encuentra entre los convocantes.

El partido ecologista recuerda que el artículo 128 de la Constitución determina que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general» y reconoce «la iniciativa pública en la actividad económica».