Comdata (Digitex, empresa del sector de telemarketing con un centro en Cantabria, la antigua Unitono en Maliaño) sigue sin hacer efectivo el traspaso de trabajadores que habían pasado de un servicio a otro.

Esta empresa perdió el servicio que prestaba para Movistar, que ahora gestionará Atento y que supondrá un trasvase de 470 personas de Digitex a Atento y Abai. Estas empresas se comprometieron a contratar a toda la plantilla de Telefónica, manteniendo la antigüedad) y, por tanto, las condiciones.

En Cantabria, el cambio afecta a un centenar de trabajadoras –es un sector altamente feminizado– que veían como Digitex no les pagaba la nómina de noviembre ni el finiquito.

Sin embargo, según denuncian los representantes sindicales, 10 días después de que se haya producido el traspaso, hay casi 170 personas que no han sido contratadas por las nuevas adjudicatarias y COMDATA no está dispuesta a recolocarlas, por lo que no ha retirado las cartas individuales de finalización de su relación contractual por motivo de subrogación a Atento o Abai.

De hecho, la Dirección General de Trabajo ha instado a COMDATA a reunirse con UGT, CCOO y CGT para buscar una solución que saque del “limbo laboral” a estas personas, que a día de hoy no tienen ingreso alguno, ni siquiera prestación por desempleo.

Los sindicatos han mantenido una reunión con la empresa, a la que han trasladado propuestas sobre cuya aceptación esperan respuesta este lunes.

“Ni CGT, ni CCOO ni UGT tenemos como objetivo judicializar este conflicto, sino todo lo contrario, que las empresas implicadas se esfuercen por llegar a un acuerdo lo antes posible y cesen estas hostilidades entre ellas, que perjudican gravemente a las personas trabajadoras”, apuntan los sindicatos.

Comisiones Obreras ya apuntó que la negativa a abonar las nóminas y finiquito era una “ represalia” por haberse negado a firmar la baja voluntaria que quería imponerles Digitex, incluso aunque no tuvieran el contrato en la nueva empresa.

Desde CGT, por su parte, denunciaban que “desde DIGITEX están llegando a límites que, en este sector, no creíamos alcanzables”, entre los que enumeran “amenazar a la plantilla con descuentos en nómina si no se dan de baja voluntaria, retener el pago de los salarios devengados a la espera de la devolución de unos equipos informáticos que, en buena parte, nunca se entregaron, obligar a gran parte de las trabajadoras y trabajadores a pasar a situación de teletrabajo forzoso o intimidar a sus trabajadoras y trabajadores con mentiras y falsas informaciones que generan incertidumbre y nerviosismo”.

De hecho, según revelan, esta actitud ha obligado incluso a intervenir a la Guardia Civil en Cantabria.

El martes, el juicio por la no subrogación de trabajadores en las contratas de Orange y Vodafone

Por otra parte, pero en la misma tendencia de traspasos conflictivos de plantilla cuando se producen cambios en las contratas de empresas de telecomunicaciones, este martes se celebrará en la Sala de lo Social del TSJC el juicio por la no subrogación de los trabajadores de las contratas de Orange y Vodafone, que fue suspendido por uno de los pasados temporales que afectó a los vuelos.

Un juicio que será por despido colectivo, lo que ya supone un cambio en la forma de interpretar este conflicto laboral, ya que hasta entonces se había considerado que en parte se trataba de despidos individuales.

Los antecedentes: en Cantabria existían dos empresas, Zener Comunicaciones y Zener Plus, que ejercían de contratas de servicios de las empresas de telefonía Orange y Vodafone, respectivamente.

Para la representación legal de los trabajadores, se trata en realidad de un grupo de empresas, con mismo domicilio social, equipos y otros rasgos idénticos.

Esos servicios de mantenimiento de líneas que prestaban pasaron a ser prestados por una nueva empresa, Circet, quien ya en su día no quiso subrogar a los empleados de Zener Comunicaciones (es decir, asumir a la plantilla con la que ya se contaba, como marca el convenio colectivo).

Pero eso no sucedió con Orange. Y la historia se repitió cuando esa nueva empresa no asumió para Vodafone a los de Zener Plus, la segunda de las contratas mencionadas.

De modo que sus trabajadores pasaron a un limbo que tampoco podía clasificarse estrictamente como despido: eran dados de baja de su empresa sin ser dados de alta en la siguiente

Tal y como reveló Comisiones Obreras, CIRCET consiguió el contrato tras ofrecer bajar un 25% los costes respecto a la anterior.

De fondo en este conflicto, al margen de la situación del telemarketing, está uno de los aspectos que está en el foco de debate de la reforma laboral de 2012 con el PP en el Gobierno central: la prevalencia de los convenios de empresa frente a los sectoriales.

Esto quiere decir que en esa reforma laboral se decidió que en las relaciones entre empresa y trabajadores –marcadas por la legislación laboral y los convenios colectivos entre las partes— cuando había dos posibles convenios a que acogerse, el que importaba era el de empresa y no el del sector, que suele tener mejores condiciones, entre otros factores porque la negociación implica más actores.

En este caso concreto, hubiera regido el del metal, que incluye la subrogación de la plantilla. Pero el de la empresa destinataria lo rechaza expresamente.

Con las subcontrataciones de servicios, lo que ocurre es que a las empresas les basta para definirse como de ámbito estatal para que su convenio se imponga frente al del sector, lo que les permite cambiar las condiciones laborales y competir a la baja por ahí.