La vivienda y unas rentas mínimas son imprescindibles para vivir con dignidad.

Esto lo tiene claro el grupo de incidencia política de EAPN Cantabria (Red Cántabra contra la Pobreza y la Exclusión social) y trabaja con la administración en pro de la justicia y la igualdad de oportunidades.

*“La solidaridad es hoy por ti y mañana por mí” Pepe Múgica.*

Recuerdo un artículo que escribí hace tiempo con motivo del Uno de Mayo, ía del trabajo, donde reflejaba la necesidad de implantar una renta mínima universal que terminara con la pobreza de muchos y unificara prestaciones, haciendo universales los servicios sociales y dando cobertura  a las necesidades básicas permitiendo vivir con dignidad.

Ya que es un hecho constatado que tener un trabajo no asegura tener cubiertas las necesidades y existe un amplio sector de trabajadores pobres, con bajos salarios, jornadas interminables o de risa, contratos de días e incluso de horas y situaciones insostenibles y precarias que incitan a la exclusión social.

Celebro como ciudadana y como profesional ver cumplido este anhelo que es en realidad un derecho a través de un subsidio que complementa los ingresos de los más vulnerables, aunque la cuantía se mantiene en niveles considerados dentro del umbral de pobreza, y para muchos es insuficiente o inaccesible, por estar inmersos en distintas trampas de la exclusión social: falta de cualificación, desempleo, brecha digital, exceso de
burocracia, falta de información, dificultad en la tramitación, discapacidad. Es necesario incluir incentivos al trabajo para ampliar su cobertura y eficiencia.

Cantabria está elaborando una nueva Ley de Derechos Sociales y dotando a la Renta Social Básica y a la prestación de emergencia social de regulación autónoma, para adecuarse normativamente a la creación del Ingreso Mínimo
Vital (IMV).

Tanto el IMV como la Renta social básica deben ir acompañados no solo de la percepción de una cantidad que permita cubrir sus necesidades básicas sino que es menester de los servicios sociales trabajar los Convenios de
Incorporación Social incluidos en la Ley 2/2007 de Derechos y Servicios Sociales de Cantabria, que recojan un *itinerario de inserción personal, social o laboral con acciones que favorezcan la estabilidad personal, la convivencia, la participación social, la mejora de habilidades, cuidado de la salud y la recuperación integral de las víctimas de violencia de género y sus hijos.

EAPN España se ha implicado en un Estudio Monográfico sobre el funcionamiento de los Servicios Sociales atendiendo a la situación específica en cada comunidad autónoma, incluida Cantabria, participando en el  Foro: «Los retos de las comunidades autónomas ante la nueva ley de Servicios Sociales”, creando un espacio de diálogo y reflexión entre representante de las administraciones públicas, personal técnico de servicios sociales, responsables de las entidades del tercer sector y personas usuarias de los servicios sociales de Cantabria.

Uno de los problemas fundamentales que tienen los servicios sociales actualmente es que dedican excesivo tiempo a la protección económica y la tramitación de ayudas en detrimento del tiempo dedicado a los procesos de acompañamiento, que es lo esencial.

Los servicios sociales se han de centrar en los procesos de atención y recuperación de las personas. La gestión de ayudas debe ser automatizada y ágil tramitada por profesionales de la gestión y no por trabajadores sociales. El universalismo asegura de que los servicios sociales sean adaptados a las necesidades de personas más vulnerables de la población.

La búsqueda de soluciones organizativas y operativas a estas situaciones está dando lugar a múltiples ensayos en Europa y también en España como por ejemplo Gobierno de Navarra con el proyecto ERSISI https://ersisi.navarra.es/es/objetivos-y-actores.

En Navarra implementan procesos de capacitación e inserción social y tanto la renta social como el IMV son compatibles con el empleo, el IMV pueden solicitarla los jóvenes de 18 años y la renta autonómica llega a considerar como beneficiarios a los inmigrantes que no hayan podido regularizar su situación y a los mayores de 65, complementando otras pensiones no contributivas. Integrar las atenciones de servicios sociales y de las agencias de empleo permite intervenciones más profundas y duraderas optimizar los recursos y aumentar su motivación personal.

El Consejo de la Juventud de España considera que el Ingreso Mínimo Vital es inconstitucional por “discriminar arbitrariamente” a los jóvenes, dándose la paradoja de ser quienes presentan grandes dificultades para emanciparse, denuncian que sólo ha llegado a menos del 2% de la población joven española.

No olvidemos que en Cantabria la renta social básica tampoco se garantiza a menores de 23 años a no ser que tengan hijos y la juventud que no dispone de apoyos familiares supone mucho riesgo de exclusión social. Las recientes modificaciones han tenido en cuenta este detalle discriminatorio y aseguran que a partir de ahora *los jóvenes,
verán más accesibles las ayudas desde el IMV, habiéndose reducido el periodo mínimo exigido en relación a su independencia del hogar familiar, que pasa de tres a dos años.

Además,se elimina el límite impuesto a los jóvenes ex tutelados por la Administración Pública para recibir ayudas, que se situaba en los 23 años.

La exclusión social es la expresión más palpable de la vulneración de los derechos básicos a la participación social, fruto del desempleo, la precariedad, el individualismo, la ausencia de relaciones sociales positivas y de las reglas del juego de la sociedad que provocan desigualdad e injusticia.

La exclusión social es una ventana donde poder mirar a la sociedad en su conjunto, un privilegio que tenemos los trabajadores sociales. La exclusión es el espejo duro y real de la sociedad, que deja fuera a personas y grupos que no pueden subirse al tren del progreso. En el recorrido de este proceso se va produciendo una paulatina ruptura del
vínculo social que genera vulnerabilidad y todos estamos en riesgo en uno u otro momento de nuestra vida.

El pasado 13 de octubre se celebró un Encuentro de Participación  organizado por EAPN-Cantabria en la Biblioteca Central de Cantabria en donde Juan Ramón Soriano de MPDL y Carmen Martín de ACCAS nos invitaron a debatir y
reflexionar sobre el camino para promover una mayor inclusión reflexionando sobre las principales causas de la vulneración del derecho a la garantía de ingresos ya que  casi el 70% de los hogares de pobreza severa no han
solicitado el IMV y muchas familias se quedan fueran por el límite de permanencia en España. El 60% de las solicitudes de hogares con personas con discapacidad han sido rechazadas.

El refuerzo de la labor de la administración de las entidades del tercer sector es de un gran valor para hacer decrecer estas vergonzosas cifras que dan testimonio de que los más vulnerables siguen desatendidos.

Muchas conclusiones que se obtuvieron en estos encuentros de participación de la red coinciden con las recomendaciones de un reciente estudio publicado por  EAPN España “El Ingreso Mínimo Vital un año después”
<http://1636615603_eapninforme-imv_20211110_3.pdf> como son: reducir la burocracia, la brecha digital, ampliar la cobertura, ampliar el acceso a grupos que se encuentran en situación de pobreza severa, agilizar y
promover la transparencia de la tramitación, facilitar recursos ante las denegaciones, mejorar las cuantías, mejorar la protección de la infancia, agilizar la complementariedad con las rentas mínimas autonómicas, activar
los itinerarios de inserción socio laboral, asegurar la vivienda, promover la dignidad en todo el proceso de IMV y reducir la desigualdad territorial.

Con motivo de la presentación del informe AROPE
<https://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/noticias/1629703748_el-estado-de-la-pobreza.-avance-resultados-julio-2021-v2.pdf>
por parte de EAPN el día 14 de octubre, reconocemos que *un 23,7 % de la población de Cantabria está en riesgo de pobreza y/o exclusión social en el año 2020, esto incluye el efecto de la pandemia y situándose 2,7 puntos
porcentuales por debajo de la media nacional, siendo anteriormente Cantabria una comunidad con una tasa de pobreza superior a la media nacional.

Es destacable el incremento en la Privación Material Severa, que es el mayor de todas las regiones y ha multiplicado la tasa casi por cinco, 20.000 más que el año anterior. Cantabria tiene unas 50.900 personas en pobreza severa.

La feminización de la exclusión social se hace evidente al contemplar el dato de que el 81 % de los hogares monoparentales están encabezados por mujeres, necesitándose dos salarios para cubrir los gastos habituales de un
hogar con hijos dependientes.

Otra actividad reciente de EAPN Cantabria fue la proyección del documental ‘Frágil equilibrio’ seguida de coloquio en la Filmoteca, reflexionando sobre el camino que está tomando el ser humano y su manera de relacionarse
con el mundo.

Una propuesta de cambio a través de las palabras del ex-Presidente de la República del Uruguay, José Mujica, que guía al espectador a través de tres historias: dos ejecutivos japoneses en Tokyo, obsesionados con trabajar, una comunidad subsahariana que se juega la vida intentando cruzar a Europa y varias familias en Madrid destrozadas por la crisis y la pérdida de sus viviendas. Los asistentes sienten que refleja la realidad que sufrimos. Se valora positivamente la asistencia, el debate y el compartir el acto con la Coordinadora cántabra de ONGD.

Cinco personas del grupo de incidencia política de EAPN Cantabria asistieron al Congreso Nacional de Participación de Zaragoza
<https://www.eapn.es/noticias/1450/eapn-es-aborda-la-reconstruccion-de-derechos-para-superar-el-impacto-social-de-la-pandemia-de-la-covid-19>
donde trabajaron además de temas de vivienda e IMV los llevábamos ya trabajados del encuentro en el encuentro autonómico de participación otros temas novedosos y muy interesantes como la brecha digital, la exclusión
financiera, la salud mental y burocracia.

La exclusión financiera es la imposibilidad o incapacidad de acceder a servicios financieros y somos conscientes y testigos de que existen personas en esta situación por carecer de documentación, por no tener ingresos regulares, por estar pendientes de valorar su solicitud de asilo por ejemplo. Muchas no han podido acceder a una cuenta bancaria debido a que les piden requisitos que no pueden cumplir, por sus escasos ingresos o porque les hacen operar por
internet y esto les genera miedo e inseguridad.

Como pez que se muerde la cola, sin cuenta bancaria no hay posibilidad de acceso a las ayudas sociales. Y es así como personas y familias caen en trampas también de consumir créditos abusivos de entidades de dudosa legalidad y aumentar así su situación de pobreza y endeudamiento, considerándose vital la educación en la gestión económica de estas familias para prevenir y apoyar en procesos de mejora.

La exclusión social tiene una naturaleza multidimensional, por lo que un alojamiento digno y adecuado no garantiza, por sí solo, la inclusión social, aunque es una condición indispensable.

EAPN España está impulsando un Estudio Monográfico sobre  Vivienda
<https://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/documentos/1588750014_informe-vivienda.pdf>
atendiendo a la situación específica en cada comunidad autónoma, incluida Cantabria. Se celebró un Foro sobre el tema el pasado 23 de noviembre creando un espacio de diálogo y reflexión entre representantes de las administraciones públicas, personal técnico, responsables de las entidades del tercer sector y personas que padecen la situación de la vivienda en Cantabria.

La vivienda se ha convertido en el determinante social más importante para explicar los procesos de exclusión social y la pobreza, por encima del empleo.El acceso y mantenimiento de una vivienda digna es un factor
determinante de la inclusión social y de la emancipación.

El 23,7% de la población está afectada por algún indicador de exclusión en la dimensión de vivienda: infravivienda, deficiencias graves en la construcción, insalubridad, hacinamiento, entorno degradado, barreras arquitectónicas,  desproporción de gastos en vivienda frente a ingresos. Algunas propuestas que se impulsaron desde los encuentros de EAPN son la de aprovechar los pisos cerrados de los bancos y crear un parque de vivienda social, regular el precio de la vivienda según ingresos y los requisitos de acceso, políticas de vivienda accesible, rehabilitación de edificios,
planes de vivienda para jóvenes, normativa que penalice la mala gestión, redistribución de riqueza, facilitar las negociaciones de las hipotecas, que se facilite una ley estatal y autonómicas por la inclusión social con
la participación de las personas con experiencia.

Una mayor conciencia social asociado a una política valiente en materia de vivienda conjuntamente con los servicios sociales debe evitar a toda costa la pérdida de vivienda y erradicar situaciones de sinhogarismo, hacinamiento, sobreocupación, ocupación y alquileres no regulados. Asignar recursos publicos para la reducción de los costes de la vivienda con respecto a los ingresos familiares respetando el tope recomendado por la Unión Europea que es el 30% de los ingresos.

La Consejería de Empleo y Políticas Sociales y la Sareb negocian la cesión de 100 viviendas para alquiler social,* en la actualidad el Sareb cede 40 viviendas a la comunidad autónoma de Cantabria para su gestión este pasado
mes de noviembre anunciaron iban a dotar de cien más para el alquiler social, apoyar a familias vulnerables y para evitar la ocupación de viviendas vacías.

Más de 350 personas viven sin hogar en nuestra región, las direcciones generales de Vivienda y Políticas implicando a los ayuntamientos, junto a entidades como Nueva Vida, está trabajando en una Estrategia de Personas
sin hogar y en la instauración del modelo Housing First, proporcionando un hogar digno y una atención integral, en la que la propia persona marca sus ritmos, objetivos y metas, así como el grado de apoyo que necesita para
alcanzarlas, a través de una atención integral a sus necesidades. Los resultados en otros países es que 8 de cada 10 personas consiguen salir definitivamente de las calles y alcanzan una inclusión social.  Lo prioritario del modelo Housing First es el ejercicio de los derechos como ciudadano a ser acogido y acompañado y establece la estabilidad de vivienda como base para la creación de nuevos y más óptimos recorridos sociales y vitales. Consiste en evitar la institucionalización, y situar en el centro de la intervención la capacidad de elección de la persona, siendo la propia
persona la que elige los momentos que comparte con los profesionales y la intensidad de la intervención.

Entre las metas de la Estrategia Nacional de Prevención y lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023 están los itinerarios inclusivos, programas piloto, fomentar la economía social y solidaria, fomentar la conciliación, apoyo a los más vulnerables, emancipación de los jóvenes, lucha contra el despoblamiento rural, evitar la precariedad, promover la salud sexual, el envejecimiento activo y el buen trato, evitar la victimización secundaria y la estigmatización, ayudas de alquiler a los más vulnerables, realojo y erradicación del chabolismo, atención a familias que presentan desahucios, impulsar el alquiler social, rehabilitación de viviendas, facilitar el acceso a la vivienda, bono social y bono térmico para erradicar la pobreza energética, aumento de cobertura de las prestaciones no contributivas, dialogo con el tercer sector para establecimiento de políticas y un desarrollo sostenible.

Según la clasificación europea Ethos personas sin hogar no son solo los que duermen en el cajero o a la intemperie también los que viven en albergues, centros, infravivienda, inmigrantes o  internados en instituciones, alojamientos inseguros, personas amenazadas por desahucios, viviendas inadecuadas o estructuras temporales, chabolas, hacinamiento, personas que viven con otras personas conocidas o desconocidas por carecer de vivienda,
casas móviles, personas prostituidas, mujeres en servicio doméstico.

Una persona no es sin hogar está en situación de sin hogar y es una situación más o menos transitoria. *El 21% de los cántabros están en situación de exclusión residencial.

Todavía en Cantabria hay quien vive y muere en la calle, es frecuente el asistencialismo puro y duro, lo que hace que no se trabaje preventivamente en lo referente a la situación de sinhogarismo, siendo los recursos en la comunidad insuficientes e ineficaces en lo que se refiere a darle solución, la red de recursos se ve desbordada y siguen existiendo familias que no logran integrarse en ningún tipo de recurso por uno u otro motivo.

Dormir dos días en un centro de acogida o en un hotel no soluciona la problemática porque pasados esos dos días nos encontramos en la misma situación: problemas de falta de documentación, irregularidad legal, tardanza en las
citas policiales para solicitar asilo político, desarraigo, adicción, enfermedad…

Tampoco es sensato ni humano que familias que simplemente son inmigrantes o que están afectados por la pobreza o la persecución política en su país o que se ven en procesos de desahucio por no poder pagar el alquiler se les
ofrezca desde la administración separar a los menores de los progenitores y unos ser atendidos desde SIAF y centros de atención a menores y los adultos en Centro de Acogida Princesa Leticia, ¿Qué necesidad de separar a una
familia cuyo único delito es no tener acceso a prestaciones ni al empleo? Estamos al borde del colapso y las infraviviendas son foco de desgracias como el reciente incendio en la ocupa de la Inmobiliaria en Torrelavega
donde vivía una familia con tres menores sin luz ni agua caliente durante meses.

Salir de los despachos se hace urgente, recorrer las calles, descampaos, infraviviendas, ocupas, constatar las necesidades para incluirse en una sociedad que invisibiliza a quien cuestiona el status quo, libertad traducida de distintas maneras, almas libres que no son como las demás, que no encajan, que no se les institucionaliza fácilmente porque no saben de normas ni de horarios… Quienes acuden a los servicios sociales no son todos los que necesitan y se hace urgente acompañar, apoyar, sensibilizar, motivar, escuchar, potenciar las capacidades respetando procesos,
decisiones, crisis, duelos…

Se necesitan procesos de acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad que afecten a todas las demás áreas de su vida, salud, redes sociales, económica, laboral, formativa…Además se necesitan recursos y
programas de baja exigencia porque hay quien elige la calle y necesita estar siendo atendida y facilitar unos mínimos de higiene, de alimentación, de salud… No son necesarios los pisos para personas en distintas situaciones porque degeneran en guetos necesitamos viviendas que respeten la intimidad y los proyectos de cada persona.

Los trabajadores sociales trabajan a nivel personal, familiar, grupal y comunitario promoviendo el establecimiento de vínculos sanos y enriquecedores que permitan un acompañamiento a la personas en su proceso de lograr su inclusión social y acceder a sus derechos, facilitando espacios de encuentro y de apoyo mutuo. El grupo y la comunidad permiten la relación, el descubrimiento de dificultades comunes y la solidaridad, y es un hecho que a veces olvidamos el trabajo en esta dimensión tan necesaria y tan afectada por la actual crisis, en la que todo se desmorona y es tiempo de reinventarse y adaptarse sin perder de vista los valores que nos hacen humanos.