Casi dos años de pandemia. Ya hemos agotado los calificativos sobre esta situación tan extraña, como agotados estamos los ciudadanos en general por soportar las consecuencias de esta enfermedad, las físicas y las psíquicas, además del cumplimiento de las restricciones.

Mucha responsabilidad descansa sobre nuestros hombros. Un gestor público podría decir que no se puede poner un policía detrás de cada ciudadano para vigilar su comportamiento, para ver si lleva bien puesta la mascarilla, si respeta la distancia interpersonal o si se lava las manos lo aconsejable para que pueda evitar contagiarse.

Lo malo es cuando se descarga tanta responsabilidad y se tiende a condenar el comportamiento de los ciudadanos. Si se pretende ser crítico, la educación es una herramienta útil para fomentar que nos hagamos más responsables de lo que hacemos, individualmente y como comunidad. Y si se pretende ser crítico, también hay que estar preparado para recibir críticas.

La educación es un derecho básico, y se contempla, por una cuestión de igualdad de oportunidades, que toda la ciudadanía pueda tener acceso gratuito y de calidad a ella. Pero para cumplir con un estándar de calidad es recomendable, y se ha recomendado, que las clases no tengan un cantidad muy alta de alumnos. Mejor 15 que 25. Nada que ver con la pandemia. Los profesores pueden ser más efectivos con menos alumnos que atender, es más fácil que toda la clase vaya al mismo ritmo y que se detecten antes problemas que puedan surgir dentro del grupo, ya sea de estudio, de actitud, comportamiento…

A la Sanidad también tenemos derecho los ciudadanos a tenerla gratuita y de calidad. Inciso: no es gratuita, porque la pagamos con nuestros impuestos, pero una visita a la médica de cabecera o entrar en un quirófano no supone un gasto económico extra. Con el funcionamiento de calidad pasa lo mismo que en la Educación: más personal equivale a mejorar el servicio.

Sin embargo, en plena ola pandémica, los servicios sanitarios retroceden, porque hay personal de refuerzo que termina su contrato hoy, o porque los rastreadores fueron reducidos a la mitad. Estamos viviendo un momento histórico (una palabra que quizá se usa para demasiadas cosas, pero con la pandemia tiene todo el sentido usarla) y no se advierte una apuesta decidida por tener unos mejores servicios públicos. Se llama Estado de Bienestar.

En estos dos años hemos escuchado o sufrido incontables veces lo de llamar a un centro de salud o a una oficina de la Seguridad Social y que nadie descolgaba el teléfono. Una costumbre fea, pero que, en la gran mayoría de los casos, está asociada a no tener la capacidad de hacer un trabajo, prestar una atención personal y telefónica a la vez. Eso no significa que no canse el tratar de contactar y no obtener respuesta.

A veces nos encelamos demasiado con estas cosas y con los trabajadores públicos. Pero si un servicio funciona mal y la escasez de personal es la causa, las preguntas deben dirigirse a quien toma la decisión de que una atención se quede corta.

En 2022, las personas que no atienden al teléfono por tener un solo cerebro y dos manos, seguirán trabajando para intentar que sus vecinas y vecinos tengan gestiones resueltas y estén debidamente atendidas. Si los problemas persisten, serán unas personas superiores a ellas en lo laboral quienes estarán reincidiendo en un error.

Ganaríamos todos si se consigue avanzar en ese Estado de Bienestar. Que no haya nadie que por ninguna de sus condiciones personales no pueda acceder a que un profesional sanitario le atienda ante cualquier problema. Y si tiene una dolencia que requiere de un tratamiento más serio, que las listas de espera no sean un factor desmoralizante.

Pero no se trata sólo de Sanidad y Educación. La justicia lleva décadas con un déficit de recursos que hace que tramitar algo sea tortuoso, no digamos tener un juicio. Y si la justicia es tan lenta que el efecto deseado ya no se produce cuando un asunto termina, pues también resulta algo ineficaz y que puede provocar un efecto psicológico adverso.

Y el trabajo de los funcionarios también alcanza gestionar ayudas necesarias para la ciudadanía y la empresas, más en un momento de dificultad como este. Si no se mejoran los recursos por este lado, las promesas tardan demasiado en cumplirse y eso es una carga extra en el estado mental, ya mermado, de muchas personas durante la pandemia.

Y todo esto va sobre los impuestos que pagamos. Lo debates se orientan a menudo hacia la carga que los ciudadanos soportan cuando entregan parte de su sueldo a través del IRPF o cuando ven el precio de un artículo elevado en un 21% por el IVA. Las cargas impositivas pueden ser más o menos justas o acertadas, pero tienen que servir para que las oportunidades y los servicios alcancen a toda la población, incidiendo sobre todo en las familias que tienen más necesidades.

Recordar esto en 2022 puede ser muy útil. Es algo que conviene llevar en la cartera, bolso o mochila, para tenerlo presente y advertirlo a quien corresponda, porque la salud de una democracia también depende de esto, sin obligar a pagarse las clases básicas o un tratamiento médico.