Verdes Equo Cantabria registró en el Parlamento de Cantabria una petición para suspender la tramitación de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria (LOTUCA o Ley del Suelo) hasta que no se apruebe el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) que ha sido aceptada para su debate parlamentario.

“Es ilegal, y por eso lo denunciamos, que no se cumpla la propia Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo” indica Dolores Póliz coportavoz del partido verde en Cantabria “ que obliga a aprobar previamente el PROT, como instrumento integral de ordenación del suelo, marco de referencia territorial para los demás planes y el conjunto de la acción pública, un instrumento de planificación imprescindible para tener una visión del futuro territorial de Cantabria y que planifique las necesidades estratégicas para articular el territorio, su conectividad, la protección ambiental y agroecológica del suelo en función de su valor y de su calidad, la movilidad sostenible”

“No entendemos por qué el PROT elaborado en 2018, cuando la Consejería de Obras Públicas estaba en manos del PSOE, que fue resultado de un proceso participativo ejemplar, extraordinario, amplio y multidisciplinar, compuesto por multitud de profesionales muy cualificados, colaborando expertos y representantes de la sociedad civil organizada” destaca Gabriel Moreno coportavoz ecologista” que en las mesas territoriales y sectoriales, han nutrido el debate, contrastando ideas y alcanzados acuerdos acerca de las necesidades de futuro para el territorio de Cantabria, y poniendo especial énfasis la lucha contra la emergencia climática y la transición del actual modelo energético para caminar en un plazo de veinte años a un modelo cien por cien renovable, y que con la entrada del PRC se ha paralizado”.

“Ya en Julio de 2020 Verdes Equo Cantabria presentó una batería de alegaciones” recuerda Dolores Póliz ”que no han sido respondidas centradas, entre otros aspectos, en la ausencia total de participación ciudadana que ha quedado menguada a tan solo 10 días hábiles en lo que es imposible articular un estudio serio de una ley que es muy compleja sobre el suelo y el territorio, recursos de vital importancia que exigen un debate abierto, bien comunicado, con la suficiente pedagogía como para que la población tome conciencia, tal y como está ocurriendo con el debate eólico, sorprende que esta Ley del Suelo no tenga la misma contestación social y de ayuntamientos”.

“El suelo rústico de especial protección, que es el de mayor valor agroecológico, tiene tantas excepciones que se pueden autorizar que pierde su protección” incide Gabriel Moreno “ todo por la obsesión reclasificadora de este gobierno que pone en riesgo el carácter rural de los núcleos urbanos menores de Cantabria, permitiendo la reclasificación que permite la construcción de viviendas unifamiliares residenciales, y edificaciones artesanales y de ocio y turismo sin restricciones, es decir, sin figura de planeamiento que lo encauce (basta con un proyecto constructivo) y sin exigencia de parcela mínima que lo soporte”

“Asimismo, los Planes Singulares de Interés Regional (PSIR) se superponen sobre los Planes Generales de Ordenación municipal” enfatiza Dolores Póliz, “en lo que es una clara invasión de las competencias municipales, y un atraco a sus aprovechamientos urbanísticos en su mayor parte reclasificando suelo no urbanizable (muchas veces protegido) para destinarlo a uso industria, desapareciendo los objetivos de protección ecológica y los instrumentos de planificación”

Por todo ello, Verdes Equo Cantabria demanda una mayor movilización social por lo que ha celebrado el webinar “La Ley del Suelo sin el PROT?” para conocer la experiencia de las Directrices de Ordenación del Territorio de Euskadi y de Asturias así como debatir los extremos de la Ley del Suelo de Cantabria que amenazan un recurso natural vital a preservar, tal y como indica la Unión Europea en sus diversas normativas actuales, y que va en contra del ordenamiento estatal, por lo que ha registrado su solicitud de paralizar su tramitación en el Parlamento de Cantabria, apelando a la responsabilidad políticas de los partidos de la cámara.