Lo ha avanzado la diputada por Cantabria Elena Castillo, autora de la iniciativa que se debatirá en la Comisión de Sanidad y Consumo, quien ha advertido de que la digitalización y los cambios bancarios que se han producido en los últimos años y que han dado lugar a la desaparición de entidades financieras en el medio rural, “suponen una barrera para los mayores que carecen de habilidades digitales”.

Por eso, y ante las trabas que las entidades financieras han impuesto para las gestiones presenciales, los diputados populares han presentado una Proposición no de Ley de atención personalizada a los usuarios de la banca en la que reclaman al Gobierno impulsar la firma de convenios entre Correos y las entidades bancarias para prestar servicios financieros donde sea necesario a través de sus oficinas, especialmente en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Según destacan, se trata de garantizar el acceso de las personas mayores que viven en los municipios de menos de 5.000 habitantes y que se encuentran en claro riesgo de exclusión financiera y social.

Y, del mismo modo, reclaman que el Gobierno garantice que el servicio bancario físico se considere como “servicio básico y universal”, estableciéndose un periodo transitorio donde convivan las gestiones presenciales y las operaciones digitales.

Elena Castillo señala que al menos ha habido diez cambios profundos que afectan a los usuarios de la banca y que hay que corregir: el cierre de oficinas físicas, la reducción de horarios de ventanilla, la necesidad de cita previa, dificultades en la atención telefónica, por correo postal o correo electrónico, la carencia de dispositivos informáticos, la ausencia de habilidades digitales, la complejidad de las cajeros y aplicaciones informáticas, además de que las contraseñas y autentificaciones.

Todo ello, según ha dicho, hace que para muchos usuarios ir al banco, sacar dinero o actualizar la libreta de ahorro se haya convertido en una auténtica odisea que genera frustración y desasosiego. Un problema que, agrega, es aún más acusado en los usuarios de más edad y en los que viven en zonas rurales.

De hecho, según apunta, la ‘brecha digital bancaria’ afecta a cerca de 10 millones de españoles y el Banco de España y el Defensor del Pueblo están recibiendo quejas de usuarios de banca por dificultades de acceso a servicios, y especialmente el medio rural.

Tal y como ha reconocido Elena Castillo, “el futuro es la digitalización, pero hasta que tengamos una población que sea cien por cien nativa digital y que pueda acceder de una forma segura a todos los servicios, tiene que haber un periodo de transición”, ya que los servicios bancarios son “esenciales y básicos para cualquier gestión”.

Del mismo modo, para el diputado cántabro Diego Movellán, es fundamental que las entidades bancarias vayan avanzando en la simplificación y en hacer más compresibles y seguros todos los instrumentos, programas y aplicaciones que se utilizan para hacer gestiones bancarias de carácter digital, teniendo en cuenta que los servicios financieros, y especialmente para determinados colectivos, es necesario que sean presenciales.