Según informa CCOO, el propio Ministerio del Interior reconoce que tiene 74 puestos de trabajo presupuestados sin cubrir entre la prisión de El Dueso y el centro de inserción social José Hierro, y ha amortizado en los últimos meses 4 plazas más, lo que equivale a un déficit estructural del 20%.

Destacan que «a pesar de los esfuerzos que ha hecho el Ministro Marlaska por aprobar ofertas de empleo público anuales, lo cierto es que no se cubren las bajas vegetativas que se producen en prisiones ni reduce el déficit estructural que se arrastra por los años en los que no hubo oferta de empleo público».

A esta situación, añaden que  se le suma el grave problema del envejecimiento de la plantilla. Recuerdan que La edad media del personal penitenciario en Cantabria está en los 55 años, «lo que acelera la pérdida de efectivos cada año sin que se recupere con una tasa de reposición de empleo público. Próximamente 35 efectivos más podrán jubilarse, lo que sin duda llevará al colapso del servicio público penitenciario en Cantabria, ya que uno de cada cuatro puestos de trabajo estaría vacante».

Consideran los responsables de CCOO que el problema de las agresiones que sufre el personal penitenciario, el absentismo laboral, el elevado índice de suicidios en prisión o los incidentes regimentales protagonizados por la población reclusa están directamente relacionados con la falta de personal. Mejorar las estadísticas de estos problemas sólo se puede hacer cubriendo todas las vacantes que hay, eliminando la tasa de reposición de efectivos y convocando una oferta de empleo público extraordinario.

El Ministerio del Interior, explican desde el sindicato  «intenta frenar la descapitalización de los recursos humanos en las prisiones con una política penitenciaria generalista y de propaganda de terceros grados para acelerar el descenso de la población reclusa a nivel nacional. Sólo así puede entenderse que estén sin cubrir el 30% de los puestos de trabajo en el centro de inserción social (CIS) José Hierro, que es dónde cumplen los terceros grados y que en Cantabria cerca del centenar de presos tengan que cumplir su condena en su domicilio mediante el control telemático de una pulsera».

ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA

Añaden que al grave problema de la falta de personal se suma el incremento de las patologías mentales y es que las prisiones se han convertido en los manicomios del siglo XXI. Ofrecen datos de un estudio realizado en España por el Ministerio del Interior (Sobre la salud mental en el medio penitenciario), basado en una revisión de diagnósticos psiquiátricos recogidos en las historias clínicas de los internos, que indica que la prevalencia de padecer trastorno mental en la población reclusa era del 45,9%. Sin embargo, el Ministerio del Interior no tiene una política de salud mental y no invierte en recursos sanitarios ni asistenciales.

El Ministerio del Interior, explican desde CCOO «está empeñado en abordar el aumento de las patologías psiquiátricas invirtiendo en más ladrillo, reutilizando un macro proyecto de prisión en Siete Aguas (Valencia) del año 2010 y convertirlo en un macro psiquiátrico penitenciario para concentrar los servicios de psiquiatría de las prisiones españolas2.

Para CCOO la solución pasa por integrar la salud mental en los servicios sanitarios de las comunidades autónomas.

Exigen desde el sindicato «la urgente creación de unidades psiquiátricas penitenciarias en cada comunidad autónoma, para evitar el desarraigo social, y dotadas con los medios necesarios y personal especializado».

Además, rechazan la política contraria a los criterios científicos del tratamiento de la enfermedad mental que promueve el Ministerio, con la creación de un macro psiquiátrico en Valencia gastando 150 millones de euros en empeorar la salud mental de la población reclusa, y que dejará sin recursos de salud mental y sin unidad psiquiátrica a la población reclusa de Cantabria.

CCOO manifiesta que este dinero público el debe destinarse a transferir la Sanidad Penitenciaria a las comunidades autónomas, que es más económico, 131.339.227,17 euros y que solucionaría la mayoría de los problemas, garantizando que el derecho a la salud de la población reclusa se preste en igualdad de condiciones que la del resto de la población, y equiparando las condiciones labores del personal sanitario de prisiones.

Por último, CCOO denuncia la marginación de las prisiones cántabras «ya que teniendo las mismas cargas de trabajo y riesgos laborales que el resto de centros tipo, su personal cobra hasta 500 euros mensuales menos dentro del mismo Ministerio del Interior».