Monarquía o República, el derecho a decidir

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Hoy se cumplen 91 años de la proclamación de la Segunda República española que inauguró un corto periodo democrático en nuestro país, truncado por un golpe militar que sumió a la sociedad española en la oscuridad de una dictadura durante cuarenta largos años. Con la muerte del dictador se inició un proceso de transición a la democracia, pero no se restauró la república, sino la monarquía borbónica anterior al periodo republicano.

Si repasamos la historia más reciente, que algunos parecen haber olvidado o que interesadamente pretenden que olvidemos, la monarquía actual se reinstauró en este país en 1975 no porque así lo decidiera el pueblo español, sino por voluntad del anterior Jefe del Estado, el Generalísimo Francisco Franco. Es más, por su propia voluntad, la del Generalísimo, también llamado Caudillo, el nuevo monarca fue Juan Carlos de Borbón, saltándose la sucesión de la Corona en la familia Borbón, ya que el rey en todo caso debería haber sido D. Juan, hijo de Alfonso XIII y heredero de los derechos dinásticos. Por ello, ni siquiera los pocos monárquicos que se habían pronunciado tímidamente contra la Dictadura, apoyaban la nueva monarquía.

La Transición, ese periodo tan poco estudiado y tan ensalzado como modelo de transformación política, no permitió decidir sobre el modelo de gobierno, no dejó la posibilidad de decidir sobre Monarquía o República, ni sobre otros muchos temas. Como dice Joaquim Bosch en “La patria en la cartera”, “la Transición no fue esa etapa idílica de cooperación política, carente de conspiraciones, en la que todos habrían trabajado en la misma dirección por el bien del país”. La visión de la Transición como un periodo pacífico en que las fuerzas antifranquistas negociaron o pactaron con las fuerzas del régimen para traer la democracia poniéndose de acuerdo, no es real. Antes bien, fue un periodo con mucha violencia: asesinatos, conatos de golpes de estado, represión de las movilizaciones sociales… Y no hubo pactos entre iguales, sino que desde sectores del régimen fueron concediendo reformas, no hubo negociación con los representantes del antifranquismo, todo se presentó desde el gobierno a través de hechos consumados.

Como hecho consumado se presentó en la Constitución la Monarquía, gracias a la habilidad política de Adolfo Suarez, y las fuerzas democráticas antifranquistas lo aceptaron, decían que lo verdaderamente importante era asegurar elecciones libres y las libertades fundamentales, de expresión, asociación y reunión. Ni se discutió la Monarquía, ni tampoco la ley electoral, nada proporcional, ni se tocó en absoluto la administración que se heredaba del franquismo. Además, se hizo un relato en el que “la maravillosa Transición pacífica, pactada por todo el arco político”, había tenido como único artífice a la figura del Rey Juan Carlos I que contra viento y marea había traído la democracia. Asimismo, se nos dio una imagen del Rey como una persona sencilla, muy próxima, muy campechana.

En la actualidad, cuarenta años después de terminada la Transición, con un sistema democrático asentado, continuamos con el mismo ordenamiento institucional generado en el periodo de la Transición. La Constitución de 1978 prácticamente no se ha tocado a pesar de que todas las fuerzas políticas, en un sentido o en otro, han señalado la necesidad de cambios para adecuarla a la sociedad actual.

Lo que sí ha cambiado es la imagen del rey Juan Carlos y por ende de la institución monárquica. El hecho más destacado ha sido la publicación en los medios de que el rey emérito tenía cuentas en paraísos fiscales, millones de euros que no se sabe de dónde han salido y que desde luego no han cotizado en nuestra agencia tributaria, lo que constituye para cualquier ciudadano un delito, pero parece que para él no. Y, por si fuera poco, ante el escándalo, el artífice y defensor del sistema democrático se va a residir a Abu Dabi, un ejemplo de democracia y libertad.

A pesar de todo lo anterior, la institución monárquica sigue siendo indiscutida por la mayoría de los partidos políticos, aunque ningún partido se define claramente como monárquico. Ni siquiera el PP se declara en sus estatutos como partido monárquico, tan solo, en su última Asamblea incluyó una tímida adhesión a la Corona, más por motivos coyunturales que por convicción. Lo mismo sucede con Vox que tan solo defiende la Monarquía cuando es criticada por los nacionalistas o izquierdistas.

El franquismo ha hecho mucho daño a nuestro país. No solo supuso un régimen dictatorial durante cuarenta años, sino que fruto de la falta de libertades y de la propaganda del régimen, aún hoy hay una gran confusión política. Al contrario que en otros países, en España el ser republicano es uno de los principios de la izquierda y solo de la izquierda. Esto no deja de ser una anomalía política de nuestro país. Los partidos políticos liberales e incluso los populistas de extrema derecha en los países de nuestro entorno son republicanos. Ser partidario de un régimen republicano no es, o no debería ser, un signo de progresismo o de izquierdismo, yo diría que es la posición más racional y democrática y por tanto puede ser compartida por personas de muy diferente ideología política.

Después de cuarenta años de democracia, es necesario revisar distintos aspectos de nuestro sistema institucional. Es necesario separar más claramente el poder judicial de los otros dos poderes, cambiar la ley electoral, reformar o eliminar el Senado, completar los mecanismos que controlen eficientemente la corrupción, desarrollar cauces de participación ciudadana, mediante consultas, referéndum, iniciativas legislativas populares, que en nuestro ordenamiento son prácticamente inexistentes. Cambios y reformas absolutamente necesarias para mejorar el funcionamiento de nuestra democracia.

En este contexto es preciso dar la posibilidad de decidir libremente a la ciudadanía sobre la forma de gobierno, decidir sobre Monarquía o República. Es una decisión en la que el pueblo no participó. No se puede decir que se decidió Monarquía al votar si a la Constitución. Es un argumento ventajista y tramposo. En 1978, en medio de una situación de incertidumbre, saliendo de una dictadura de cuarenta años, con el ejército y los poderes del estado en manos de los grupos que procedían del régimen franquista, no se puede decir que la población española decidiera libremente que quería una Monarquía en lugar de una República. No se debe tener miedo a que la ciudadanía exprese en elecciones libres qué forma de gobierno prefiere. Si en los años de la Transición, hace casi cincuenta años, no era el momento, hoy, debe ser un compromiso ineludible.

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