La Fundación Franz Weber ha denunciado este jueves que la propuesta del Gobierno de Cantabria para regalar licencias de caza a menores y permitir que con menos de catorce años asistan a cacerías contraviene normas como la Ley del Menor de 1996 o la recientemente aprobada Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. 

 La ONG internacional explica que diversos estudios ya han demostrado la vinculación de la exposición a la violencia con el desarrollo de problemas de salud mental durante la niñez y adolescencia, resaltando además que la participación durante estas edades en actos de maltrato animal es un marcador importante para las actitudes antisociales y conductas agresivas. 

 Mientras la propia Ley del Menor establece que es un deber de todo menor «respetar a los animales», la estrategia del Gobierno cántabro pretende promocionar la participación de niños y adolescentes en cacerías a través de su presencia física en las mismas, e incluso bonificando las tasas públicas asociadas a la obtención de la licencia de caza. 

 El documento choca además con la LOMLOE y los sucesivos decretos sobre ordenación y enseñanzas mínimas, que establecen entre sus objetivos que los niños conozcan y valoren a los animales, y se adopten modos de comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado. Todo ello resulta contradictorio con la promoción, fomento y divulgación de la caza entre los jóvenes, una actividad cimentada en el uso de armas. 

 En este sentido el Comité de los Derechos del Niño de la ONU viene expresando su preocupación por la exposición de los menores de edad a actividades en las que hubiese cualquier forma de violencia, y en las que se utilizaran armas de fuego por parte de menores de 18 años, lo que anhela Cantabria con sus licencias gratuitas. 

 Con estos antecedentes Fundación Franz Weber censura que la propuesta autonómica supone una banalización de la violencia y trivializar sobre el uso de armas de fuego empleadas para matar animales. 

 Apelación a la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia. 

 La Fundación naturalista ha avanzado una petición para que la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, del Gobierno central, tutele los derechos del menor en este ámbito o se pronuncie si esta actividad está en consonancia con los valores que pretende preservar para este sector social y si de acuerdo con sus competencias van a intentar conjugar todos los intereses, al menos, de los actores implicados, siendo los menores y adolescentes el colectivo más perjudicado. 

Más de 60 muertes provocadas por cazadores desde 2010 en España. 

 Promocionar la caza entre jóvenes supone también ignorar la realidad de una actividad que ha causado 63 muertes en España en el periodo 2010-2020, mientras que otras 483 han sufrido lesiones de diversa consideración. 

 Rubén Pérez, responsable de campañas de la ONG, señala: «De acuerdo con esta política, hablamos de enseñar a chavales de solo 14 años a usar potentes rifles para matar animales.  Es un hecho de extrema gravedad que se puedan dedicar recursos públicos para que niños adquieran armas de fuego».