El PSOE preguntará por la efectividad del calmado de tráfico en Santander

Cuando se va a cumplir un año de los nuevos límites de velocidad, el Grupo Socialista registra una iniciativa al Pleno para conocer si se ha producido una reducción de la velocidad en las vías urbanas y el número de sanciones a los conductores que no respetan las normas
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El PSOE de Santander preguntará por la efectividad del conjunto de medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Santander para el calmado de tráfico en el municipio, cuando se va a cumplir un año de la entrada en vigor de los nuevos límites de velocidad en cascos urbanos, impulsada por la DGT a petición de los Ayuntamientos para implantar las zonas 30.

En concreto, el Grupo Socialista ha registrado una pregunta al próximo Pleno con la que busca conocer datos de tráfico que ofrezcan evidencias sobre “si se ha producido una reducción de la velocidad en las vías urbanas, las campañas de sensibilización y nueva señalética o el número de sanciones impuestas por infracciones de la norma”.

El concejal, Javier González de Riancho, ha recordado en una nota de prensa que fueron los Ayuntamientos los que solicitaron al Gobierno central este “paraguas legal” para implantar ‘Zonas 30’ en los municipios “con el objetivo de reducir la mortalidad por atropellos en el casco urbano y de mejorar la calidad de vida y el bienestar de los vecinos y vecinas”.

Así, desde el pasado 15 de mayo, no se puede circular a más de 20 kilómetros por hora en vías semipeatonales, de un único sentido con la acera al nivel de la calzada; a 30 kilómetros por hora en vías de un único carril por sentido de circulación y de 50 kilómetros por hora en calles de dos o más carriles por sentido.

El edil socialista subraya que la Comisión Europea considera “positiva” la medida para “reducir la siniestralidad vial”. “Si un vehículo impacta a una velocidad de 30 km/h el riesgo de fallecer como consecuencia de un atropello se reduce a un 10%; pero si lo hace a 50 km/h ese riesgo de fallecimiento se eleva alrededor del 90%”, ha recalcado.

De esta manera, González de Riancho sostiene que son medidas que “salvan vidas, reducen el ruido y la contaminación y mejoran la calidad de vida de los santanderinos y las santanderinas”.

Además, ha defendido que es “el momento oportuno de afrontar los desafíos en materia de movilidad, tanto por la incertidumbre respecto a los hidrocarburos por la Guerra de Ucrania como por la situación de emergencia climática – aprobada en Pleno a instancia del PSOE- por el Cambio Climático y la subida del nivel del mar”.

Finalmente, el concejal reivindica “el conjunto de medidas de movilidad sostenible que se recogen en la Ley de Cambio Climático” y que “están pendientes todavía en Santander”, como la Zona de Bajas Emisiones, los aparcamientos disuasorios, la zona verde de aparcamiento para residentes en los barrios, la mejora del transporte público y dar prioridad a medios no contaminantes como la bicicleta, los vehículos de movilidad personal y de cero emisiones.

El Gobierno central destina más de 12,4 millones de euros a Cantabria para descarbonizar y digitalizar la movilidad en el marco del Plan de Recuperación

Por otra parte, el Gobierno invierte 12.407.253 euros en Cantabria en 2021 y 2022 para descarbonizar y digitalizar la movilidad en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que destina un total de 1.010 millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas, para financiar actuaciones encaminadas a ayudar a reducir las emisiones, el ruido y la siniestralidad y priorizar la movilidad activa en las ciudades.

De la mano de estos fondos Next Generation EU, Cantabria ya ha recibido 11.639.477 euros de la inversión pactada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) con las CCAA, Ceuta y Melilla; y está previsto que este año reciba 767.776 euros, hasta alcanzar la transferencia total de 12,4 millones de euros.

Mitma y los gobiernos regionales ratificaron el pasado 5 de noviembre el Acuerdo de la Conferencia Nacional de Transportes por el que se fijaba el criterio de distribución territorial de los fondos en función a la población. Dicho acuerdo recoge una relación de las actuaciones de inversión que pueden financiarse con cargo a las ayudas europeas, hasta sumar los 1.010 millones asignados para descarbonizar y digitalizar el transporte y la movilidad, en el marco del importante papel que comunidades y ciudades autónomas tienen en la estrategia impulsada por el Gobierno.

Los 1.010 millones de euros se desglosan en dos líneas: 900 millones de euros para contribuir al funcionamiento de zonas de bajas emisiones (ZBE) en los entornos metropolitanos y para la transformación digital y sostenible del transporte público, y 110 millones de euros para actuaciones de digitalización de las CCAA en materia de transporte autonómico, servicios administrativos y transporte a demanda.

En concreto, Cantabria ha recibido 11.055.968 euros para ayudar a reducir las emisiones e impulsar la transformación digital y sostenible del transporte público.

Estas actuaciones deben contribuir a fomentar la movilidad sostenible en los municipios de más de 50.000 habitantes o capitales de provincia, que concentran más del 50% de la población. También son elegibles actuaciones relacionadas con municipios de menor tamaño, que sean colindantes o cercanos, teniendo al menos uno de ellos más de 20.000 habitantes, constituyendo en conjunto un área urbana o metropolitana de más de 50.000 habitantes o con demanda importante de movilidad entre ellos. A su vez, se contempla financiar actuaciones en las islas con más de 20.000 habitantes, que dispongan de transporte público.

Cantabria recibirá en total 1.351.285 euros para actuaciones de digitalización de las CCAA en materia de transporte autonómico, en servicios administrativos, sistemas de gestión de transporte a la demanda o soluciones de pago integradas, en relación con el transporte de mercancías y de viajeros por carretera o ferrocarril.

Las comunidades y ciudades autónomas tienen de plazo hasta junio de 2026 para concluir los proyectos de digitalización de servicios administrativos y de transporte a la demanda, línea recogida en la Inversión 4 del Componente 6 del PRTR: Movilidad sostenible, segura y conectada (C6.I4).

 

 

 

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