La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Torrelavega  ha aprobado inicialmente la Ordenanza reguladora del servicio municipal de uso compartido de bicicletas eléctricas, un servicio que entrará en funcionamiento a “finales de este verano”.

La Ordenanzaregula el acceso, la organización y el funcionamiento del sistema de préstamo con una regulación clara de los derechos y las obligaciones para los usuarios, así como de las condiciones de prestación del servicio. Así por ejemplo, se establece un sistema de infracciones y sanciones que van desde 200 a 3.000 euros. Además, se contempla la desactivación temporal (desde los cinco días naturales) o total del usuario.

Se trata, ha afirmado el concejal de Movilidad, de una “apuesta decidida” del equipo de gobierno PRC-PSOE por el “fomento de la movilidad sostenible” mediante la puesta en marcha de un servicio que incluye la puesta a disposición e implantación de todos los elementos necesarios para el funcionamiento de un sistema automatizado de alquiler de bicicletas eléctricas mediante la utilización por parte del usuario de una aplicación para dispositivos móviles, el mantenimiento de los elementos que constituyen el servicio (incluida la recarga de las baterías de las bicicletas), la logística de las bicicletas (incluida la redistribución), la gestión frente al usuario (incluida la atención al público y la gestión de incidencias y penalizaciones) y, en general, la “gestión integral del servicio de alquiler, de modo que sirva de complemento al transporte público colectivo y de alternativa a los desplazamientos motorizados en vehículo privado”.

El servicio, ha explicado, funcionará las 24 horas del día los 365 días del año y el ámbito de aplicación del servicio corresponderá con el término municipal de Torrelavega, si bien las bicicletas eléctricas podrán utilizarse fuera del municipio, aspecto este que vendrá regulado en la ordenanza municipal correspondiente, si bien el servicio deberá finalizar en el municipio.

Por último, Sánchez ha recordado que la puesta en marcha de este servicio cuenta con una ayuda del 25% de su coste (200.000 euros) a través del programa de apoyo a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los Fondos Europeos Next Generation.