Los procesos judiciales ordinarios por cuestiones laborales tienen una duración media de entre 6 y 7 meses en Cantabria, 5 meses en los casos urgentes y entre 2 y 3 meses en aquellos que se resuelven tras recurso en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, según aclara un informe elaborado por UGT sobre «el atasco» que sufre la jurisdicción social en España.

Esta duración media mencionada en los casos judiciales que afectan a los derechos laborales en los 6 juzgados de lo social de Santander y en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria se amplía en España a 11 meses en los procedimientos ordinarios y a entre 5 y 6 meses en los casos urgentes.

Pese a que estos plazos de resolución en los juzgados de lo social «son muy largos en todos las comunidades autónomas y provincias de España», el sindicato precisa que Cantabria es la quinta autonomía española con menor duración media de los casos ordinarios laborales tramitados en los juzgados de lo social, lejos de los 22 meses de Andalucía, los casi 19 meses de Murcia, los 13 de la Comunidad Valenciana o los más de 10 meses de Canarias y Galicia.

UGT reclama soluciones urgentes a «este atasco de la jurisdicción social que incumple los plazos legales y menoscaba el derecho a la protección judicial de las personas trabajadoras», tras advertir que «a este ritmo y con la parálisis del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), todas aquellas cuestiones de la vigente reforma laboral susceptibles de interpretación judicial llegarán al Tribunal Supremo en el año 2026».
De hecho, como puntualiza el coordinador de la asesoría jurídica de UGT en Cantabria, Valentín Fernández, «los plazos de resolución en los juzgados son de por sí muy largos y pueden alargarse un año más si hay recurso al Tribunal Superior de Justicia y dos años si termina en el Supremo».

Más recursos y Ley de Eficiencia Procesal

UGT plantea distintas medidas para resolver «estos retrasos en la resolución de procedimientos judiciales que se están alargando hasta situaciones no aceptables en un Estado Democrático», entre ellas la aprobación del Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia.

«Es incuestionable que aprobar esta normativa legal tiene que ir acompañado de una mayor inversión en recursos materiales y humanos en la Administración Justicia», recalca el coordinador regional de la asesoría jurídica de UGT, que añade a las propuestas del sindicato «la creación de más tribunales de instancia y oficinas judiciales digitales e incrementar las posibilidades de dictar sentencias -in voce- u orales».
No obstante, el coordinador de la asesoría jurídica de UGT en Cantabria destaca «la enorme relevancia» de potenciar la solución de los conflictos laborales antes de que estos lleguen a los tribunales de justicia y del papel en Cantabria del ORECLA (Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales).

Fernández recuerda también otra reivindicación prioritaria de UGT, la recuperación del denominado salario de tramitación (el que recibe el trabajador en los meses de tramitación de su juicio desde que es despedido hasta que se dicta la sentencia si ésta le es favorable) con la regulación que tenía antes de la reforma laboral de 2012″.

«Recuperar el salario de tramitación previo a la reforma laboral de 2012 ayudaría a que los trabajadores y trabajadoras puedan obtener una reparación económica de las dilaciones indebidas que se producen en los juzgados», recalca Fernández.