El portavoz del Grupo Socialista, Daniel Fernández, ha asegurado que el contencioso de las basuras entre el Ayuntamiento de Santander y la anterior empresa concesionaria del servicio supondrá una “hipoteca” de varios millones de euros que tendrán que sufragar los santanderinos, tras cifrar provisionalmente las pérdidas para las arcas municipales en casi 700.000 euros en las primeras 5 sentencias de las 18 reclamaciones judiciales.

Así ha reaccionado Fernández a las últimas declaraciones de la concejala de Medio Ambiente del PP, Margarita Rojo, a quien ha acusado de “mentir”, “hacerse trampas al solitario” y “reírse a la cara de los santanderinos” por afirmar que estas sentencias no suponen sobrecostes para el Ayuntamiento.

Como ha destacado el portavoz socialista, “no hemos hecho más que empezar a pagar la enorme factura de la huida hacia adelante electoralista y el lavado de imagen de Gema Igual”, que rompió “unilateralmente” el contrato de las basuras “sin seguridad jurídica”, como advirtió en su día el PSOE, porque “su única motivación fue eludir su responsabilidad política”.

“La ciudad está más sucia que nunca por las condiciones que firmó el PP en 2013 con la empresa, un recorte de 50 millones de euros que sacó a 80 barrenderos de las calles y eliminó frecuencias de recogida, pero para eludir su responsabilidad política, Gema Igual nos ha llevado a un contencioso judicial sin importarle las consecuencias económicas”, ha advertido.

En este sentido, ha asegurado que ya son 5 sentencias judiciales que dan la razón a la empresa y llevarán a pagar casi 700.000 euros, pero es que quedan aún otros 13 fallos hasta llegar a las 18 reclamaciones judiciales, incluyendo las más cuantiosas, las que tienen que ver con la propia resolución del contrato y con el contrato de emergencia.

De esta manera, Fernández ha recordado que el Partido Popular se lanzó a una resolución del contrato no indicada por el control financiero del servicio y plagada, por lo tanto, de inseguridades jurídicas. “Se lo advertimos en su día, las indemnizaciones pueden ser multimillonarias, una auténtica hipoteca para los santanderinos”, ha alertado.

“Y serán muchos más los sobrecostes”, añade Fernández, porque “en la operación de lavado de imagen a través del contrato de emergencia adjudicado a dedo a la nueva empresa, producto de que el Ayuntamiento ha asumido algunas partes del servicio, como las campañas de imagen, que antes realizaba la anterior empresa”.

Prueba de ello, señalan los socialistas, son los más de 2,5 millones de euros de sobrecostes incorporados al borrador del Presupuesto de 2022, que “no llegó a tramitarse al Pleno incumpliendo la Ley de Haciendas Locales por la falta de apoyos políticos al documento como consecuencia de que el PP ha demandado al Ayuntamiento que gobierna para evitar la comisión de investigación de las basuras”.

“Les da igual todo, es una completa sinrazón. Están dispuestos a todo, a cargar a todos los santanderinos con pérdidas económicas millonarias y a saltarse la ley las veces que haga falta para ocultar a los vecinos toda la verdad del contrato de las basuras antes de la cita con las urnas de mayo de 2023”, ha sentenciado finalmente.

ASCAN ELEVA A NUEVE LAS SENTENCIAS EN LAS QUE VA GANANDO AL AYUNTAMIENTO

Desde la anterior adjudicataria, el Grupo Sadisa (una unión entre dos de sus empresas, Ascan y Geaser, gestionaba las basuras) elevan el número de sentencias en las que van ganado hasta nueve, del total de las 18 que ha interpuesto en defensa de sus intereses a raíz de que el Consistorio, tras años sin queja –y pese a que sí las había ciudadanas– comenzó a aplicar descuentos en las facturas por incumplimientos en el servicio. Hasta 1,4 millones de euros tiene que devolver a la empresa el Ayuntamiento, que ayer intentaba argumentar que no supondría sobrecostes porque era dinero descontado, con lo que lo que sucede es que la empresa recibe de vuelta unas cantidades que hacen que cobre lo mismo que venía cobrando –pese al deterioro del servicio que vienen denunciando vecinos, oposición, Ciudadanos y acabó descubriendo finalmente el propio PP–.

Y quedan pendientes otras nueve sentencias, recuerda ASCAN, que remarca que presta servicios similares en otras ciudades sin que se hayan producido problemas.