Dos años después de su implantación, el Ingreso Mínimo Vital está, en la práctica, muy lejos de cumplir su objetivo como herramienta para paliar la pobreza de colectivos vulnerables. Esa es una de las conclusiones a las que las entidades que forman la Red Cántabra Contra la Pobreza y la Exclusión (EAPN) ha llegado en la reunión celebrada recientemente para valorar distintos aspectos relacionados con la situación actual de la sociedad.

Consideran que la tramitación de este ingreso se hace larga (entre  seis y siete meses) y costosa, además de que los criterios no son siempre los mismos, lo que hace que muchas personas se vean incapaces de tramitar la ayuda sin contar con asesoramiento adecuado. Otro de los problemas es que no facilita la inserción laboral ni la emancipación, ya que el acceso a empleos de poca duración hace que se pierda el derecho y recuperarlo lleve otros seis meses.

Por ello, creen imprescindible que la prestación esté ligada a la promoción del empleo para salir de la situación de pobreza; que pueda servirde complemento a otras prestaciones sociales de menor cuantía y que haya mecanismos de apoyo para hacer verdaderamente accesible la prestación.

BRECHA ADMINISTRATIVA Y DIGITAL

Otra de las demandas de la EAPN pasa por recuperar un servicio más personalizado y presencial con la administración, ya que, según denuncian, muchas veces algunos funcionarios ofrecen un trato despótico y de mala educación, lo que empeora los problemas generados por una brecha digital que afecta de forma especial a los colectivos en situación de pobreza y vulnerabilidad. Piden también que se mejoren los medios telemáticos de acceso a la adminitración y que haya coordinación entre administraciones a fin de evitar un montón de trámites repetitivos «y muchas veces absurdos».

BRECHA DE GÉNERO

«Por desgracia seguimos sintiendo y viendo cada día que esta brecha entre géneros es palpable y evidente». Así lo aseguran en sus conclusiones, donde se refieren a la violencia contra la mujer en muchos ámbitos de la vida cotidiana y a las dificultades para conciliar así como a la brecha salarial. Por eso consideran importante avanzar hacia una educación no sexista, utilizando un lenguaje inclusivo e invertir en educación, prevención y sensibilización.

BRECHA DEMOGRÁFICA Y GENERACIONAL

Denuncian que no existen los mismos servicios en las ciudades que en las zonas rurales, donde resulta mucho más difícil el acceso a los servicios administrativos, sanitarios o bancarios, por citar algunos.

En este sentido proponen que desde las políticas públicas se potencie lo rural en todas sus dimensiones, que se desarrolle y mejoren las políticas que favorezcan el empleo autónomo y en el sector primario, promoviendo el consumo local y desarrollando una cultura ecológica y de bienestar.