El peso creciente de los fondos financieros en todo tipo de sectores de la economía está teniendo todo tipo de consecuencias, desde una mayor conflictividad frente a los modelos más habituales de hacer empresa hasta el paradójico recurso a los rescates públicos (paradójico en el sentido de que solían ser las empresas las que recurrían a los fondos al tener más disponibilidad de dinero incluso que los bancos).

EL RESCATE DE VIVANTA, SECRETO

El pasado mes de junio la cadena dental Vivanta se acogió, junto a más empresas, al rescate de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, ente público que canaliza la presencia estatal en empresas e industrias, y que habilitó un rescate especial para empresas que habían quedado tocadas como consecuencia de la crisis COVID .

Vivanta es propiedad del Grupo Portobello (potente fondo español que en Cantabria gestiona los servicios no sanitarios de Valdecilla, antes en manos de Ferrovial), al igual que otras tres empresas que se acogieron a este rescate en forma de financiación mejor de la que ofrecerían las entidades financieras.

Una operación que fue muy criticada por el Consejo General de Colegios de Odontología de España, es decir, el organismo que representa a los dentistas de todo el país, que llamaron la atención sobre como una única empresa había recibido más ayuda (40 millones de euros) que el resto de los profesionales del sector, afectado por el cierre sanitario general.

Este órgano de representación profesional elevó quejas y peticiones de información, buscando indagar en si la cadena dental tenía problemas económicos antes de la COVID –y por tanto no encajaba en un rescate ligado directamente a la crisis sanitaria- , y desde Hacienda se ha decidido no ofrecer más detalles de los motivos al considerar que las resoluciones de la SEPI tienen “carácter reservado”, tal y como han informado Redacción Médica o The Objective.

En total, el fondo Portobello suma hasta 108 millones de euros en rescates públicos a distintas de sus empresas: 25 millones para la cadena hotelera Blue Sea Hotels, 40 a la cadena dental Vivanta, 28 para Mediterránea de Catering, servicio de restauración con mucho peso en lo sanitario y 15, al margen de la SEPI, para Sidecu, que gestiona la cadena de gimnasios Supera.

Ya antes de la crisis COVID el fondo intentó vender alguna de estas empresas:en el caso de Vivanta, resultado de la compra y fusión entre sí de varias clínicas en el año 2017, lo hizo al año siguiente, sin que se culminara, por un importe que se estimó en 300 millones de euros, el doble del valor de la -compleja- operación inicial.

LOS FONDOS ENDURECEN LA LUCHA POR LA PROPIEDAD DEL GRUPO CELSA

Mientras, se viven horas decisivas para dilucidar el futuro del Grupo Celsa, propietario de GSW, con varias fábricas en Cantabria –como la emblemática Nueva Montaña Quijano-. Decisivas tanto en lo económico como en lo relativo a la propiedad.

El grupo se acogió en junio a la misma tanda de rescates públicos que las empresas de Portobello, en este caso por una cantidad de 550 millones de euros.

Ya entonces se temía que acabara afectando al propio rescate el conflicto en torno a la propiedad, todavía en manos de la familia Rubiralta.

El grupo Celsa viene engrosando una fuerte deuda económica que acabó en manos de una serie de fondos financieros –que la compraron–: está el Deutsche Bank, pero también Goldman Sachs –protagonista destacada de la anterior crisis financiera–, Attestor, Cross Ocean, HSBC y GoldenTree. La reclamación de la deuda se ha ido ligando al cobro en su totalidad y a su conversión en participaciones de la propia empresa, es decir, en hacerse con la propiedad.

El rescate de la SEPI no calmó el conflicto y lo último es ya que los fondos, que son acreedores en cuanto a que poseen el 90% de la deuda, han solicitado el concurso de acreedores, la figura judicial para las empresas que no pueden asumir todos sus pagos –y que suele ir acompañadas o de aplazamientos o de reducciones de las cantidades que se deben–.

En ese proceso, tal y como viene contando durante la semana la prensa especializada, ante un juzgado de Barcelona, ya han pedido oficialmente convertir los detalles de la deuda en acciones de la empresa, que viene acumulando impagos y que admite no poder hacer frente a esa deuda por falta de liquidez,

Por lo que ahora quedará en manos del juez la decisión de quién será el dueño de este grupo industrial y si acaban siendo los fondos, de los que los sindicatos ya han denunciado en una protesta masiva que temen que sea para especular con la parte industrial, trocearla y venderla una vez saneado, dentro de las dinámicas de hiperrentabilidad que caracteriza a estos nuevos agentes de la economía, con repercusiones en el empleo, como comprobamos en Cantabria con el cierre de tiendas de la cadena de perfumerías Dougals.