IU comparte con CCOO y UGT la fiscalidad progresiva para Cantabria que defenderá en el Parlamento

IU defiende al pequeño comercio y los autónomos con un impuesto a las grandes superficies “que compense la balanza”
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Izquierda Unida ha compartido con los sindicatos CCOO y UGT sus propuestas en materia fiscal para “mejorar las cuentas públicas y la justicia social” desde el Parlamento de Cantabria a partir de mayo de 2023.
El coordinador autonómico de IU y candidato al Parlamento, Israel Ruiz Salmón, y el responsable federal de las Políticas Económicas de la formación y exconcejal de Hacienda de Madrid, Carlos Sánchez Mato, han presentado sus medidas a la secretaria general de CCOO en la comunidad, Rosa Mantecón, y su homólogo en UGT, Mariano Carmona.

En el encuentro, Ruiz Salmón ha señalado la importancia de proteger a las familias trabajadoras “desde todas partes”, en alusión a la labor que desde los sindicatos se lleva a cabo en los centros de trabajo y en las negociaciones de los convenios colectivos, pero también en las medidas que desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, con Yolanda Díaz a la cabeza, se están llevando a cabo, con la inminente subida del Salario Mínimo Interprofesional, que, con una inflación media del 8,5%, debiéramos situarlo cerca de los 1.100 euros.

“Desde todas partes significa, también, desde parlamentos y gobiernos, con políticas públicas de redistribución, donde la recaudación no se sostenga de forma mayoritaria, como ocurre ahora, sobre las espaldas de la gente trabajadora y se reconfigure para que los grandes patrimonios y rentas más altas aporten lo que realmente corresponde a una fiscalidad progresiva”, ha defendido.

El candidato de IU ha apuntado a “la falta de determinación” del Ejecutivo PRC-PSOE al no incluir en los Presupuestos un cambio en los impuestos a través de la Ley de Medidas Fiscales para que “quien más tenga, más arrime el hombro” y que existan más recursos para reforzar los servicios públicos.

Por su parte, Sánchez Mato ha manifestado que “no aceptarán recorte en condiciones ni derechos” para la clase trabajadora y ha anunciado la oposición de IU y de su grupo en el Congreso al anuncio del ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, de incrementar el periodo de cálculo para las pensiones de 25 a 30 años.

“Es un recorte y no figura dentro de lo acordado en el Pacto de Toledo. La única posibilidad de que no sea lesivo para la clase trabajadora es que el incremento del período de cálculo de 25 a 30 años vaya acompañado de que se escojan los 25 mejores años para la persona trabajadora para obviar lagunas de cotización”, ha afirmado.

Desde CCOO, Rosa Mantecón ha incidido en que “Cantabria tiene que abordar en el marco de los presupuestos una modificación de nuestro sistema fiscal que compense la rebaja a la que se sumó el Gobierno de Cantabria”.

En este sentido, ha apuntado que “es imprescindible que Cantabria incremente el nivel de ingresos públicos para poder hacer frente tanto a los servicios públicos como a las situaciones de necesidad de las personas más desprotegidas” y ha insistido en que “en un momento como el actual, ha quedado claro que los recursos públicos han salvado este país”.

Por su parte, Carmona ha señalado que “lo que hay que hacer es mantener o subir los impuestos de forma acorde a las necesidades que tenemos para mantener los pilares fundamentales del estado de bienestar”, al contrario de “la escalada en la que se ha entrado entre comunidades para intentar rebajar la carga impositiva”. El responsable de UGT ha hecho hincapié en “diseñar cargas fiscales en función de cuánto cuestan los servicios públicos y cómo los queremos para que sean suficientes, no entrar en ver quién los rebaja más”.

Patrimonio, Sucesiones, IRPF y un impuesto a las grandes superficies

Entre las medidas, IU explica que el impuesto de Patrimonio sólo lo paga el 0,5% más rico de Cantabria, menos de 3.000 personas que acumulan 7.000 millones de euros y pagan menos de 17 al año, un 0,25%. Por ello, plantean subir el tipo real de 0,25% al 1,5% medio (en escalones del 0,5% al 3%), pasando a recaudar de 17 a 105 millones al año.

En relación al impuesto de Sucesiones y Donaciones, IU recuerda que, tras la reforma pactada por PRC, PSOE y Cs, desde 2019 se bonifica el 100% las herencias y donaciones de los grupos I y II (descendientes, ascendientes y cónyuges) y el 90% las de los grupos III y IV (hermanos, sobrinos, suegros, etc.) “con independencia de si se legan 10.000 euros o un millón, un sinsentido que impide ingresar varias decenas de millones de grandes herencias”.

Por ello, plantea volver al escenario anterior: se volvería a bonificar el 90% de los grupos I y II en herencias, y bonificaciones específicas (de hasta el 99%) por donación de vivienda como residencia habitual (hasta los primeros 200.000 euros), terreno para construcción de residencia habitual (hasta los primeros 60.000 euros) o dinero en metálico para adquisición de residencia habitual o poner en marcha actividad económica (hasta los primeros 100.000 euros). No habría bonificación para los grupos III y IV.

Con respecto a los tramos del IRPF regulados en Cantabria, defienden mantener inalterados los tramos más bajos y subir en medio punto aquellos a partir de los 46.000 euros anuales, “algo menos de lo que cobra un diputado raso en el Parlamento”, introduciendo un nuevo tramo de 53.000 a 60.000 euros y creando un tipo “super especial” a partir de los 120.000 euros, del 27%.

“Más del 90% de la población de Cantabria no vería cambios, dado que cobran menos de 46.000 euros, siendo el salario medio de unos 23.000 euros y el más frecuente de 20.000”, apuntan. “Esta sería una modificación que soportaría las rentas más altas”, aclaran.

Finalmente, quieren seguir los pasos de comunidades como Asturias o Aragón, donde las grandes superficies pagan un impuesto que “grava la singular capacidad económica que concurre en determinados establecimientos comerciales como consecuencia de estar implantados como grandes superficies, en la medida en que esta circunstancia contribuye de una manera decisiva a tener una posición dominante en el sector y genera consecuencias negativas en la ordenación del territorio y el medio ambiente, cuyo coste no asumen”.

“Es necesario hacer corresponsables de las negatividades ambientales y urbanísticas a estos grandes espacios que, por ejemplo, disfrutan de líneas de transporte y paradas de bus o tren específicamente puestas para ellos con dinero público, a diferencia del pequeño comercio o autónomos; debemos trabajar para equilibrar la balanza, además, revisando las injustificadas Zonas de Gran Afluencia Turística en lugares como Santander, donde la apertura de festivos indiscriminada machaca a la tienda de barrio”, afirman.

IU estima una recaudación de unos 3 millones de euros al año y afectaría a establecimientos con una superficie útil de exposición y venta al público igual o superior a 4.000 metros cuadrados, quedando exoneradas las exposiciones y ferias de muestras de carácter temporal o los grandes establecimientos que desempeñen actividades específicas.

Pie de foto, de izquierda a derecha: Rosa Mantecón (CCOO), Israel Ruiz Salmon (IU), Carlos Sánchez Mato (IU), Mariano Carmona (UGT), Santos Ortiz (UGT), Daniel San Miguel (CCOO).

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