La campaña ‘Esenciales’ ha finalizado con éxito, al lograr recabar las 700.000 firmas que permiten de sobra presentar en el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular, es decir, la posibilidad de presentar una ley directamente por el pueblo, sin necesidad de que sea iniciativa del Gobierno o los partidos.

Y en este caso la campaña busca una modificación legislativa que permita regularizar de forma extraordinaria a migrantes que ya están viviendo aquí y que han prestado muchos de los trabajos que durante la pandemia se consideraron esenciales, de los cuidados a la limpieza pasando por el transporte, en una medida que además permitiría combatir la economía sumergida, luchar contra la precariedad y aportar ingresos a las arcas públicas.

Esta mañana representantes de las organizaciones impulsoras de la campaña se han concentrado ante el Congreso de los Diputados como forma de evidenciar el éxito de la campaña, tras el empujón de los últimos días con un maratón por todo el país.

Para Pasaje Seguro, miembro de la amplia coalición de colectivos integrantes de la campaña, y una de las organizaciones cántabras más implicadas en la campaña, “el día de hoy supone un éxito de justicia y solidaridad, y certifica que para una importante mayoría de personas de nuestro país los Derechos Humanos importan”.

“La necesidad y capacidad inclusiva de este objetivo lo demuestran el amplio espectro de organizaciones sociales que nos hemos comprometido en esta campaña·, defienden, y las enumeran en Cantabria:  Alouda Cantabria, las Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria, ACCAS, La Vorágine, Cáritas Santander, colectivo La Ruda, Pasaje Seguro, Ruta6 (miembro de la Coordinadora Cántabra de ONGDs), la Red Cántabra contra la Trata y la Explotación Sexual, junto a cientos de organizaciones por todo el país con presencia también en Cantabria, como Entreculturas, las organizaciones salesianas, PROYDE, las entidades de la institución teresiana, PROCLADE, Oxfam Intermón, –que en Cantabria se integran en la Coordinadora de ONGDs–……

Según detallan, en España residen de manera administrativa irregular más de 500.000 personas, y el sistema de acceso a la residencia contemplado en la Ley de Extranjería es “lento e insuficiente”.

Esta regularización extraordinaria, recalcan, no es novedosa:  ya se promovieron 9 regularizaciones extraordinarias por gobiernos del Partido Popular y del PSOE desde 1996.

“Durante un año, hemos compartido en las calles la enseñanza, que la pandemia nos dejó, sobre lo dependientes que somos las personas unas de otras. Sobre la importancia que muchas actividades y actitudes humanas tienen para la vida y la convivencia. Hemos compartido que cientos de miles de personas migrantes son esenciales para recoger las cosechas, cuidar a nuestros seres queridos, limpiar nuestras casas, actividades que durante la pandemia se demostraron fundamentales para vivir dignamente. Hemos recordado que muchas de estas personas viven en un limbo legal, no se les reconocen derechos, se les retrasan constantemente los procedimientos administrativos para regularizar su situación, entran y salen del paraguas de la legalidad dependiendo de la duración de un contrato de trabajo. Eso provoca que su vida sea más precaria, que su acceso a la sanidad pública (que financian con sus impuestos) sea también precario. En consecuencia, hemos pedido firmas para terminar con esa situación injusta que nos irregulariza como sociedad”.

Tras conseguir el primer objetivo, conseguir las firmas en pliegos oficiales  de la Junta Electoral Central, ahora toca conseguir que en los próximos meses el Congreso “responda a esta demanda social, y reconozca la ciudadanía de las personas migrantes sin papeles, facilitando su regularización”.