El TSJC condena al Gobierno de Cantabria por vulnerar el derecho de huelga de los trabajadores del metal

IU pide “que rueden cabezas de peces gordos” por la vulneración de los derechos de la huelga del metal impuesta por Marcano
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La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Cantabria ha dictado sentencia estimando la demanda presentada por el Sindicato USO, y dirigida por la dirección letrada de Ignacio Fernández, contra la imposición del Gobierno de Cantabria de unos servicios mínimos en la huelga del metal al considerar los trabajos de la empresa Gomur en SOLVAY como esenciales para la Comunidad.

La Sala considera que no forman parte de servicios esenciales para la comunidad las tareas realizadas por Gomur al ser servicios prestados bajo contrato para SOLVAY Química, es decir, una prestación de mantenimiento de las instalaciones y estructura de producción de SOLVAY, dentro de su ámbito interno.

Según la Sala que la prestación de Gomur no es prestación dirigida a la Comunidad. y, por otro lado, la actividad empresarial de SOLVAY Química no cabe entenderla como servicio mínimo esencial en el sentido del artículo 28 de la Constitución Española y 10 del Real Decreto 17/1977 que regula el derecho de huelga de los trabajadores.

El Gobierno de Cantabria impuso unos servicios mínimos sin tener la competencia para ello pero, sin embargo, sí que tiene competencia y puede imponer medidas de seguridad en los procesos de producción de las empresas cuya actividad implique dicho riesgo y ejercer las facultades inspectoras y sancionadoras en garantía de su cumplimiento; no pudiendo hacer el Gobierno de Cantabria lo que hizo: restringir el derecho de huelga de los trabajadores.

Esta sentencia afecta fundamentalmente a todas las empresas cántabras afectadas por la normativa SEVESO (AZSA, SOLVAY QUÍMICA, BONDALTI CANTABRIA, TERQUISA, CEPSA GAS, DYNASOL, ADITYA BIRLA GROUP Y DERIVADOS DEL FLÚOR), principal argumento utilizado por el Gobierno de Cantabria y por los informes ad hoc para considerar un servicio esencial para la Comunidad y así arrogarse funciones que el sindicato USO rechazó desde el primer momento.

A partir de esta sentencia, en este tipo de empresas los servicios mínimos deben ser fijados por el comité de huelga y nunca por el gobierno de turno

Esta sentencia es muy importante de cara al futuro para poder defender el derecho fundamental de huelga de los trabajadores, y es un claro aviso para los técnicos de la Administración, pues incurrirán en prevaricación si persisten en considerar servicios esenciales para la comunidad la peligrosidad por aplicación de la normativa SEVESO.

IU PIDE QUE «RUEDEN CABEZAS»

Izquierda Unida de Cantabria pide “que rueden cabezas de peces gordos” por la vulneración de los derechos de los trabajadores durante la huelga del metal que impuso el consejero de Industrial, Javier López Marcano.

Así se ha expresado el coordinador autonómico de IU, Israel Ruiz Salmón, tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha condenado al Gobierno de la comunidad por imponer unos servicios mínimos abusivos y sin tener la competencia para ello, restringiendo el derecho a huelga.

“Siguiendo las palabras del presidente, Miguel Ángel Revilla, quien pidió las cabezas de peces gordos por el asunto de los trenes, sería saludable que en el Gobierno de Cantabria tomasen nota y que quien mandató y perpetró una ilegalidad fuera cesado por el jefe del Ejecutivo”, ha añadido.

Ruiz Salmón ha recordado que durante el conflicto fueron los sindicatos y los trabajadores los que advirtieron de la “injustificada y arbitraria” decisión de la Consejería al considerar como servicios esenciales aquellos que no lo eran.

“Aquella decisión desvirtuó por completo un conflicto laboral impidiendo el derecho constitucional de miles de trabajadores de hacer huelga para defender mejores condiciones en sus empleos”, afirma Ruiz Salmón.

“Aun así, fue la tenacidad de los sindicatos de clase y las movilizaciones de los trabajadores las que marcaron una ejemplar defensa de vidas y curros dignos”, ha continuado.

El portavoz de la coalición cántabra asegura que, “si Marcano no hubiese intervenido para inclinar la balanza a favor de la patronal, el acuerdo habría llegado mucho antes”. “El consejero ha costado millones de euros a las familias trabajadoras, a las empresas y, en general, al tejido económico y laboral de Cantabria”, ha asegurado.

Según IU, “esto sería motivo suficiente para que cualquier cargo público asumiese la responsabilidad de su error y se apartase o fuera apartado, pero, a estas alturas del partido, no lo veremos y ni siquiera unas disculpas públicas para las más de 20.000 personas del sector del metal”.

 

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